Tomado de El Clarín
La estatización de YPF dio lugar,
de uno y otro lado, a fanatismos, slogans y acusaciones.
Por Rodolfo Terragno
¿Quiénes
privatizaron YPF?
En 1992, el
Presidente Menem envió al Congreso el proyecto de Ley de Privatización de
Activos y Acciones de YPF, por el cual el Estado nacional y las provincias
debían “enajenar conjuntamente las acciones de las que fueren titulares”.
El proyecto
no sólo era rechazado por la UCR: enfrentaba resistencias entre los propios
legisladores justicialistas. Pero éstos fueron por fin persuadidos. La tarea le
correspondió a Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz y presidente de la
Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). La
entidad agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y
Santa Cruz.
El 22 de septiembre, los gobernadores de
la OFEPHI se reunieron con el Ministro del Interior, José Luis Manzano.
Kirchner sostuvo que, si todas las provincias petroleras daban su apoyo a la
privatización, las bancadas oficialistas se verían en dificultades para votar
en contra. Al salir del despacho de Manzano, Kirchner dio una conferencia de
prensa en la misma Casa Rosada. Frente a las cámaras, pidió apoyo para el
proyecto e instó a que, si algún legislador justicialista mantenía su
disidencia, al menos diese quórum y se abstuviera. Al día siguiente, apareció
en Clarín la foto del gobernador de Santa Cruz
dando su conferencia de prensa. Ilustraba esta noticia: “Provincias petroleras
hacen lobby por la aprobación”.
La tarea fue
efectiva. Dos días más tarde, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. El
diputado Oscar Parrilli, actual secretario general de la Presidencia, fue el miembro
informante. Un año después, en su libro Cuatro años en el Congreso de la
Nación, 1989-1993, Parrilli exhibió la privatización con orgullo: “Hoy
YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad
del mercado de los combustibles”.
En ese
momento, 68 por ciento de la sociedad estaba en manos de bancos y fondos de
inversión. Años más tarde, la española Repsol pasaría a tener 80 por ciento.
¿Cuáles
fueron los objetivos de Menem y Kirchner?
Quizás,
atraer inversiones y recuperar el autoabastecimiento de petróleo. Lo primero se
hizo realidad en 1999, cuando Repsol puso 15.500 millones de dólares. Lo
segundo fue un fracaso. La producción cayó y, en una década, la importación de
hidrocarburos aumentó 717 por ciento.
¿Qué debieron
haber hecho?
Conservar a
YPF en manos del Estado y terciarizar la exploración y explotación. Lo sensato
era que el país atrajera a compañías con enorme capacidad de inversión y alta
tecnología, no para que se hicieran dueñas de YPF sino para que le sirvieran
como contratistas, trabajando a “a comisión”: si sacaban petróleo, obtenían una
pequeña parte; si no, se quedaban en cero.
¿No era
utópico lograr eso?
En absoluto.
Ya se había hecho dos veces en el país, y con éxito. Lo hizo Frondizi, que en
1958-1962 terminó con la importación de petróleo. Y lo hizo Alfonsín, con quien
ejecutamos una política que, entre 1987 y 1989, le devolvió al país el
autoabastecimiento, sin que se vendiera una sola acción de YPF y haciendo que
la empresa estatal pasara del déficit al superávit.
¿Está bien
que ahora se re-estatice?
No así. El
oficialismo, ya en vida de Néstor Kirchner, se arrepintió del error cometido.
Ahora quiso enmendarlo, pero lo hizo mal. Se podría haber logrado el 51% sin
entrar en conflicto con otro país, ni alarmar a la comunidad internacional, ni
ahuyentar inversores.
¿Cómo?
Mediante una
desinversión consensuada. Repsol sabía que estaba en la cuerda floja y, si algo
le interesaba, era mantener una fuerte presencia en la Argentina, para evitar
el deterioro de su imagen internacional y concentrarse en la explotación de sus
yacimientos en Brasil y México. Era fácil negociar que redujera su
participación a 30%, que ya se había reducido a 57. Y nada habría sido más
sencillo que desinteresar al segundo accionista, el Grupo Petersen, que es
allegado al gobierno y entró a YPF sin poner un solo peso.
¿Es cierto
que la confiscación alejará a los inversores?
Pensemos en
un país cuya mayor empresa está en manos de una compañía internacional y, de
repente, el Gobierno la interviene por decreto, la expropia y anuncia que no
pagará indemnización. Los inversores pensarían dos veces antes de instalarse en
tal país.
¿Cuánta
inversión necesita la Argentina?
Para sostener
la actual tasa de crecimiento hacen falta, sólo en energía, 7.000 millones de
dólares por año. En infraestructura, tal vez más; todo depende del ritmo que se
imprima a su ampliación. Ahora bien, el que pone dinero en grandes obras lo
recupera recién a los 9, 10 u 11 años. ¿Quién va a ponerlo si cree que en
cualquier momento le sacan todo?
¿Puede haber
marcha atrás?
Lamentablemente,
estamos frente a un hecho consumado. Ahora hay que pensar cómo seguimos. Ante
todo, debemos contener el daño, negociando con Repsol, desde una posición de
fuerza, las mejores condiciones posibles para la Argentina. Eso normalizará
nuestras relaciones económicas internacionales. Luego, hay que poner en YPF una
gerencia de primera línea, no de funcionarios, sino de expertos en
hidrocarburos que tengan, además, una gran capacidad de gestión. Por último, si
se vence la desconfianza exterior, atraer las mejores empresas que podamos,
pero sólo como contratistas de YPF. Hay que entender esto: si una corporación
internacional tiene yacimientos en varias partes del mundo, con reservas mucho
mayores a las que necesita a corto o mediano plazo, concentrará la producción
allí donde tenga los menores costos y la productividad mayor. Si no le conviene
explotar en un país como la Argentina, a lo sumo tendrá una actividad moderada,
para satisfacer una porción de la demanda interna.
¿Por qué la
oposición apoya?
El Gobierno
se envolvió en la bandera y algunos políticos temen que, si se oponen, se los
supondrá vinculados a intereses antinacionales. No se ha entendido que los
líderes políticos debe anticiparse a la opinión pública de mañana; no seguir a
ciegas la circunstancial opinión pública de hoy. En 1982 había que estar contra
la guerra y en 1999 contra la convertibilidad. Esta vez, había que estar en
contra de la expropiación y a favor de una negociación inteligente.
