jueves, 11 de junio de 2015

Presidente de Guatemala acorralado por escándalo de corrupción consideraría renunciar

Tomado de Prensa Libre
Por unanimidad, la CSJ resolvió dar trámite al antejucio planteado por el diputado Amílcar Pop en contra del mandatario.
Renuncia de Otto Pérez Molina es una posibilidad
En lo político y en lo jurídico,  analistas pintan un panorama complejo para Otto Pérez Molina, con el Legislativo dominado por oposición.
Por G. Contreras, J. Gramajo y J. Suncar
Héctor Rosada Granados: Si cae él, caen los demás
De acuerdo con el politólogo y sociólogo Héctor Rosada Granados, el presidente Otto Pérez Molina se ha negado a renunciar porque no quiere perder su inmunidad y prefiere conservarla  después de dejar el poder, para integrarse al Parlamento Centroamericano.
Si bien evitó opinar acerca de si el mandatario debe o no renunciar, Rosada indicó que si él estuviera en la situación  del gobernante y fuera consciente de lo que hizo, renunciaría y se enfrentaría a los tribunales.
“No creo que  —Pérez Molina— tenga la capacidad para hacerlo porque atrás de él hay muchos implicados. Si cae alguien del tamaño de él, caen todos los demás, y eso lo está pensando”, subrayó el experto.
Rosada trabajó con Pérez Molina en más de una ocasión. Una de ellas fue durante el proceso y firma de los acuerdos de paz, por lo que  le reconoce varios méritos, pero resaltó que “hubiera esperado mucho más de él”.
“Otto estaba acostumbrado a que alguien lo mandara y que alguien tomara las decisiones de responsabilidades extremas, y no cabe duda de que  no estaba preparado para eso. Y para cubrir esa falta de preparación respecto de la toma de decisiones estratégicas, simple y sencillamente se hizo guiar por un combo de lo más corrupto”, afirmó Rosada.
Respecto del avance del trámite en el Congreso, el politólogo tiene  dudas, por la alianza del Partido Patriota  con Libertad Democrática Renovada.
Orellana es pesimista

Para el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solo cumplió con darle el trámite a la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, porque si hubieran rechazado, “seguro se iba a ir por la vía del amparo”.
Según Orellana, al resolver darle trámite es evidente que la Corte descartó que la petición conlleve connotaciones políticas o espurias, por lo que procedió. “Tengo entendido que fue por unanimidad”, afirmó.
El abogado indicó que ahora le corresponderá al Congreso integrar la comisión pesquisidora, e “indudablemente el PP (Partido Patriota) y su aliado van a tratar de integrarla; si no lo logran hacer, buscarán cambiar el criterio. En otras palabras, lo que viene es otra danza de millones”.
El abogado constitucionalista teme que el Congreso vaya a utilizar “la táctica del calendario”, que consistiría en retrasar la discusión hasta olvidarla.
“El presidente dudo que tenga los arrestos y la integridad que tuvo —Richard— Nixon —exmandatario de Estados Unidos— para renunciar antes del antejuicio.
“Este pobre señor está obnubilado por la presión que tiene de la Embajada de los EE. UU. Yo dudo que este señor renuncie, aunque tenga 10 antejuicios encima. Que no extrañe que si la presión viene de EE. UU. , también la centren sobre el Congreso para impedir que la Comisión tome conocimiento del asunto, y aquí va a haber otras cancelaciones de visa si la Comisión obra con integridad y resuelve rápido”, finalizó.
Geidy de Mata: Se sienta un precedente

La politóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala Geidy de Mata afirmó que el trámite del antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina implicó un gran reto al Poder Judicial y es una muestra de que nadie es superior a la ley.
De esa cuenta indicó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es fundamental para un sistema democrático donde se hacen efectivos los pesos y contrapesos en una república.
“El hecho de que la CSJ considere que hay elementos para que haya una investigación en contra del mandatario es significativo y fija precedente porque nadie es superior a la ley, por más presidente que sea”, enfatizó De Mata.
Aseguró que el precedente es para los próximos gobernantes, porque a pesar de esa investidura, sabrán que están sometidos a la fiscalización de la ciudadanía, deben rendir cuentas y tener cuidado con nombrar a sus funcionarios, quienes deben ser personas responsables y transparentes.
De Mata resaltó que ahora la presión se traslada al Poder Legislativo, no solo para que se agilice la integración de la comisión pesquisidora, sino para que también se aprueben reformas a varias leyes que demanda la ciudadanía.
“No hay justificación alguna para no comenzar las reformas. No solo la presión se traslada al Congreso, sino que aquí se ven los tres poderes del Estado. El antejuicio es contra el jefe del Ejecutivo, lo tramitó el Organismo Judicial, y ahora esperamos que el Legislativo esté a la altura”, dijo.
Carlos Molina Mencos: Renunciar por dignidad

“Presupongo que la Corte Suprema de Justicia encontró algún tipo de indicio para darle trámite a esta solicitud de antejuicio, y considera necesario plantear la eliminación de la inmunidad”, manifestó el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos.
El profesional explicó que ahora solo quedan dos opciones: que el Congreso declare procedente el antejuicio y se vaya a un tribunal, o se desestime el proceso. Si ocurriera lo segundo, no hay apelaciones.
Si el Congreso diera con lugar el antejuicio, lo que procede es pasar la denuncia que originó la petición del retiro de la inmunidad a tribunales, para que se inicie un proceso legal contra el presidente Otto Pérez Molina, detalló  Molina Mencos.
A pesar de que se iniciaría un proceso legal contra el gobernante, perder el antejuicio no  obliga al mandatario a dejar el cargo. “Solo perdió la coraza que lo protege, a menos que requiriera de alguna prisión preventiva. Lo que sí es cierto es que desprestigiaría aún más la figura del mandatario; más de lo que ya está”, explicó el experto.
debilitado
Agregó: “El presidente en este momento está muy debilitado, pero renunciar es una decisión de él”. Según el constitucionalista, es muy difícil determinar qué sucederá porque en la historia del país no ha procedido un antejuicio contra ningún gobernante. “Si el Congreso fuera inteligente, se olvidaría de que está trabajando para un sector y resuelve de  manera objetiva; no importa qué, pero tiene que estar muy bien fundamentado en Derecho”.
Marcio Palacios: Por dignidad, debe renunciar

Según Marcio Palacios, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos (Usac), la resolución de la Corte abre la puerta a una posible renuncia del mandatario.
“El primer escenario que planteábamos desde la Universidad era la potencial renuncia del presidente y ahora se abre más esa posibilidad. No le queda otra, por dignidad debe renunciar”, manifestó.
Recordó que Roxana Baldetti también atravesó por una situación similar y después de las manifestaciones en su contra decidió dimitir.
“Es un golpe interno para el actual gobierno, así como una crucifixión y entierro total para el Partido Patriota. Esto es histórico. Así como se logró la renuncia de Baldetti, al presidente no le queda otro camino. Debe renunciar y someterse a la justicia”, señaló.

Respeto al debido proceso

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, mencionó que “como institución somos y seguimos siendo respetuosos del debido proceso. Fue una decisión de la CSJ. Habrá que esperar los siguientes pasos”.
Al consultarle si era una resolución positiva o no, Zepeda se limitó a expresar: “esta es una acción más dentro de los eventos que se han venido dando desde hace dos meses. Lo más importante es que suceda lo que suceda, se fortalece la institucionalidad, el combate al contrabando y la corrupción”.
Trámite

El abogado constitucionalista Rodolfo Rohrmoserr explicó los pasos que se deben seguir a partir de la decisión de la CSJ.
“El Congreso tendrá que designar una comisión encargada de determinar si existe base o no para que el mandatario pueda ir a juicio en los tribunales comunes”, indicó.
Agregó que el Organismo Legislativo dictará una resolución administrativa. “No es un juicio en sí. No es sobre culpabilidad o inculpabilidad del presidente en relación a los cargos imputados, sino que es un trámite para determinar si hay base para que haya juicio ante los tribunales ordinarios”, refirió.


No hay comentarios:

Publicar un comentario