Tomado de The Wall Street Journal
Luis Moreno Ocampo, Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI)
Por José de Córdoba
CIUDAD DE MÉXICO—Cinco años después de que el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra contra los violentos narcotraficantes del país, su gobierno lucha contra acusaciones de activistas de derechos humanos de que permitió la muerte, la tortura y el secuestro de civiles en su lucha contra las drogas.
Aunque el gobierno niega abusos sistemáticos, crecientes informes de tales casos podrían socavar el apoyo para la ofensiva de Calderón. Y como el legado de Calderón está mayormente basado en su lucha contra el crimen organizado, los informes también podrían perjudicar el intento de su partido de retener la presidencia en las elecciones del año próximo.
Netzai Sandoval, abogado mexicano de derechos humanos, pidió a la Corte Penal Internacional de La Haya el 25 de noviembre que investigara a Calderón y a funcionarios de seguridad de alto rango —junto con notorios capos de las drogas— por presuntos crímenes de guerra.
La solicitud acompañó una petición firmada por más de 23.000 personas, lideradas por un grupo de académicos, juristas y periodistas mayoritariamente izquierdistas.
Dos días después, Calderón respondió, amenazando con entablar una querella por calumnias contra activistas que se sumaran a Sandoval en argumentar a favor del caso en La Haya.
"El Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realicen en distintos foros e instancias nacionales e internacionales", dijo en un comunicado el despacho de Calderón con respecto a dichas acusaciones. Su gobierno publicó anuncios a toda página el lunes, diciendo que las acusaciones eran infundadas y publicando la amenaza de una demanda por calumnias.
El fiscal principal de la CPI tan sólo ha dicho que ésta ha recibido la petición, la cual según algunos expertos tiene pocas posibilidades de ser admitida por la corte.
"El mecanismo de admisibilidad de la CPI es increíblemente riguroso y exigente", señala José Vivanco, jefe de la división de Américas de Human Rights Watch. La decisión de siquiera considerar la petición podría tomar años, dijo.
La petición afirma que el abuso por parte del Estado mexicano es sistemático. El documento nombra a Calderón y a sus principales funcionarios de seguridad por al menos 470 casos específicos de abusos de derechos humanos.
Un reciente informe de Human Rights Watch indicó que encontró firmes evidencias probatorias de participación de las fuerzas de seguridad en 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 incidentes de ejecuciones extrajudiciales.
Desde que Calderón asumió el poder, unas 46.000 personas han muerto en episodios de violencia vinculados con las drogas, la mayoría de ellos enfrentamientos entre carteles rivales de narcotráfico que luchan por territorio, según el gobierno. El presidente ha enviado 45.000 soldados para tratar de mitigar la violencia y recuperar territorio tomado por barones de la droga. También ha tratado de mejorar las fuerzas de las policías local y federal.
Pero la violencia ha aumentado con el paso de los años. También lo han hecho las aseveraciones de que en algunos casos, soldados y policías, frustrados por un sistema judicial débil y corrupto, están tomando la ley en sus propias manos usando fuerza excesiva en la lucha contra presuntos criminales.
El gobierno mexicano dice que cualesquiera violaciones de derechos humanos que hayan ocurrido en su campaña contra los carteles de las drogas no han sido ni sistemáticas ni parte de una estrategia institucional. Sostiene que el gobierno ha apoyado los intentos del sistema legal por castigar a los violadores de los derechos humanos.
La amenaza del gobierno de una demanda por calumnias motivó a algunos mexicanos conocidos a lanzar una segunda petición para defender al grupo que inicialmente exhortó al caso de la CPI. "Hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra", decía la petición.
Desde entonces, un grupo reducido de signatarios del petitorio han protestado frente a la Procuraduría General de la República en Ciudad de México, pidiendo ser arrestados por firmar el documento.
Los acontecimientos han dado a Calderón una imagen de intolerante ante las críticas, dicen algunos analistas.
Vivanco dijo que uno esperaría que el gobierno aseverara que la queja es infundada y frívola, pero que es un error reaccionar exageradamente, sugiriendo que el gobierno emprenderá acciones legales contra quienes han promovido el caso.
Jorge Montaño, ex embajador mexicano ante las Naciones Unidas y aliado de la oposición política, dijo que, "Hay un exceso monumental" en la reacción del gobierno. "Lo que me enseña es que hay poca tolerancia sobre los juicios que puede hacer la ciudadanía sobre la lucha contra el narcotráfico".
La mayoría de los mexicanos —81%— concuerda en que debería usarse el ejército para combatir contra los narcotraficantes, según una encuesta publicada el jueves por el principal diario de México, Reforma. Pero 58% de los consultados dijo que creía que se violaban los derechos humanos en la guerra contra las drogas; 51% creía que el gobierno estaba perdiendo el conflicto, comparado con 29% que pensaba que lo estaba ganando.
Cuanto más tiempo México mantenga los militares en el conflicto, mayor será la posibilidad de que el prestigio de las fuerzas armadas —una de las instituciones más respetadas del país— serán manchadas por acusaciones de violaciones de derechos humanos y corrupción vinculada con las drogas, dijo Bruce Bagley, experto en Latinoamérica y narcotráfico de la Universidad de Miami.
La petición también acusa de la violencia a los principales capos de la droga de México, entre ellos Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, el criminal más poderoso del país.
La exigua probabilidad de que procediera el caso de la CPI no impidió que el combativo secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano, escribiera una columna en un diario en la que atacó personalmente a los activistas que organizaron la carta a la CPI.
En un caso, Lozano expresó que jamás ha respetado a uno de los organizadores.
Lozano dijo que las más de 23.000 personas que firmaron el petitorio habían sido "debidamente adoctrinados". Sostuvo que los activistas, muchos de quienes respaldaban a Andrés Manuel López Obrador, el candidato izquierdista perdedor en la última elección presidencial, eran malos perdedores que buscaban venganza. Lopéz Obrador se ha vuelto a postular a la presidencia en 2012. La constitución prohíbe que Calderón se postule a la reelección.
