El Salvador a elecciones presidenciales este domingo en medio de un repunte de la violencia

Tomado de RFI

 La sombra de la violencia en la segunda vuelta de las presidenciales

Casi cinco millones de salvadoreños están llamados a votar este domingo en la segunda vuelta de los comicios que enfrenta al candidato presidencial de la izquierda gobernante y favorito en las encuestas, Salvador Sánchez Cerén, con el del partido opositor de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Norman Quijano.

Los dos candidatos cerraron este miércoles sus campañas electorales con la incertidumbre sobre la vigencia de la tregua de las Maras, acordada el 9 de marzo de 2012, y las denuncias de un supuesto “plan de desestabilización” del Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En efecto, este domingo electoral se cumplirán justo dos años de la tregua acordada por las pandillas salvadoreñas. Tregua que la policía del país pone en evidencia, declaró Rigoberto Pleitez, director de la Policía Nacional civil del Salvador, por el reciente aumento de los homicidios, de 5,5 a 8,5, dado a conocer los últimos días. El próximo Presidente tendrá sobre la mesa esta problemática en uno de los países más violentos del mundo donde se calcula que se encuentran en las calles cincuenta mil pandilleros, y diez mil más en las prisiones, según cifras oficiales.

Por otra parte, el Gobierno salvadoreño denunció este jueves la existencia de un plan para de “desestabilizar” el país los días previos a los comicios de domingo con manifestaciones de violencia. "Tenemos conocimiento de planes para crear situaciones de inestabilidad y violencia antes de las elecciones con el objeto de desprestigiar la imagen del Gobierno (...) nosotros condenamos estos hechos", aseguró el ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo. El funcionario explicó que integrantes inactivos del ejército y trabajadores de las alcaldías de San Salvador, Mejicanos, Apopa y Cojutepeque, controlados por la derecha opositora, se proponen bloquear carreteras estratégicas para provocar confrontaciones con la Policía.

Para garantizar el normal desarrollo de las elecciones del domingo, Perdomo confirmó que 22.400 policías serán desplazados en todos los puestos de votación, en las carreteras y otros puntos estratégicos. 11.500 efectivos del ejército que ya patrullan el país en forma conjunta con la Policía, según el funcionario.

El gran favorito en las encuestas para los comicios del domingo es el ex guerrillero y actual vicepresidente, Salvado Sánchez Cerén, de 69 años. El candidato opositor para el partido ARENA (en el poder de 1998 a 2009) es el alcalde de la capital, Norman Quijano, de 67 años. En los comicios del 2 de febrero pasado, Cerén obtuvo el 48,95% de los votos, mientras que el 38,96% fueron para Quijano.

El ganador remplazará en el cargo al actual mandatario salvadoreño, Mauricio Funes, del FMLN. Su triunfo en 2009 supuso una victoria histórica para la ex guerrilla izquierdista de El Salvador, casi dos décadas después de la firma de los acuerdos de paz en el país.

Gobierno venezolano está obligado a buscar diálogo político con oposición

Tomado de esglobal

EVITAR LA IMPLOSIÓN DE VENEZUELA

Por International Crisi Group

Si no se rompe el círculo de violencia, el país podría sufrir un derrumbe político y económico.

Las confrontaciones políticas en Venezuela se han tornado violentas en los últimos días con el homicidio de seis manifestantes, lesiones causadas a muchos más y continuas restricciones a las libertades civiles. Esto amenaza con erosionar aún más la estabilidad y los derechos humanos en una nación de por sí polarizada, que enfrenta además una aguda crisis económica  y en donde la tasa de homicidios es una de las más altas del planeta.

El Ejecutivo y la oposición deben encontrar una forma de impulsar rápidamente un mínimo diálogo político. En última instancia, este diálogo –sobre la dirección económica que se le dará al país, sobre cómo controlar el crimen de la mejor manera y sobre cómo apaciguar la recalentada política venezolana– necesitará producir un resultado que todos puedan aceptar pacíficamente. En el corto plazo, sin haber empezado siquiera estas conversaciones, existe un claro y actual riesgo de incremento en la espiral de la violencia política y una debacle económica. La comunidad internacional, particularmente los países latinoamericanos, deben utilizar su influencia para llamar a un diálogo inmediato, pero también dejar en claro a todas las partes – particularmente al Gobierno– que más violaciones a los derechos humanos y la erosión de los valores democráticos acarrearán un gran costo.

Después de un comienzo tambaleante en 2013 (incluyendo alegatos de fraude en la elección presidencial y la pugna de la oposición por convertir las elecciones locales de diciembre en un plebiscito sobre su mandato), Nicolás Maduro parecía haber alcanzado una mayor estabilidad política. Ahora el futuro de su Gobierno se ha puesto nuevamente en duda. El descontento generalizado por la situación económica del país, la ausencia de productos básicos de consumo, la alta inflación y el crimen violento han alimentado las protestas en pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país, inicialmente lideradas por estudiantes y una parte de la coalición de oposición Mesa de Unidad Democrática (MUD), bajo el liderazgo de Leopoldo López (cabeza del partido Vanguardia Popular) y la parlamentaria independiente María Corina Machado. El líder de la MUD y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, ha formulado un llamado a la contención y la moderación y también ha exigido un diálogo político inmediato y el fin de las acciones de organizaciones paramilitares y de la violencia contra los manifestantes.

El Gobierno ha respondido con violencia excesiva, atacando a los manifestantes no sólo con equipos antimotines como gases lacrimógenos y cañones de agua, sino también con garrotes, balas de plástico y munición real. Aparentemente los miembros de la policía de seguridad (SEBIN) y grupos paramilitares en motocicletas han sido grabados en video disparándole a los manifestantes. Grupos de derechos humanos afirman que docenas de personas han sido arrestadas, golpeadas y torturadas.

Los medios de comunicación estatales aseguran que se avecina un “golpe de Estado fascista”, financiado y promovido por Estados Unidos. La mayoría de las estaciones de radio y televisión privadas han resuelto no cubrir en directo las manifestaciones bajo la amenaza de ser multadas o cerradas; el canal colombiano de televisión por cable (NTN24) fue suspendido y periodistas en las calles han sido golpeados y detenidos, con su equipo y material de trabajo confiscado. Las dificultades de acceso a Internet son atribuidas por algunos a sabotaje del Ejecutivo.

El 12 de febrero, estudiantes que exigían la liberación de compañeros detenidos marcharon frente a la sede principal de la Fiscalía General. Aquellos que permanecieron después de la manifestación realizaron actos vandálicos contra el edificio y se enfrentaron con partidarios armados del Gobierno en una lucha que produjo tres muertes. El Ejecutivo venezolano luego expidió una orden de captura contra López por cargos que incluyen homicidio, conspiración y terrorismo. Luego de permanecer en la clandestinidad por varios días, Leopoldo López reapareció el 18 de febrero en medio de miles de seguidores en Caracas, profirió un discurso exhortando a una confrontación pacífica y se entregó a la Guardia Nacional. Manifestaciones en su apoyo se sucedieron en todo el país.

Aunque el caos en las calles haya sustraído la atención de la crisis económica, ambos fenómenos se exacerban mutuamente. El presidente Maduro ha sido incapaz, o no ha tenido la voluntad, de poner fin a los grupos armados, y no parece haber una investigación en curso para identificar o procesar a los responsables de excesos. El Gobierno, o las facciones dentro de éste, puede que hayan resuelto promover un escenario violento, presuntamente bajo la creencia de que esto favorecería su causa, ya fuese porque dividiría a la oposición, amedrentaría a los manifestantes en las calles, desviaría la atención de la mala gestión económica, proporcionaría una excusa para implementar medidas autoritarias o todas estas razones. También es posible que extremistas en la oposición estén buscando la violencia bajo la creencia de que ésta podría acelerar la caída del Gobierno; estas acciones serían inaceptables.

No existe una solución fácil. Venezuela carece de instituciones confiables y mecanismos esenciales para canalizar la disidencia y facilitar un acuerdo político. Las nuevas elecciones (parlamentarias) se llevarán a cabo a finales de 2015. Pero para comenzar a desenredar la confrontación, López, y otros que la oposición considera presos políticos, deben ser prontamente liberados a menos de que los cargos en su contra sean creíblemente sustanciados; las personas armadas que integran a los colectivos a favor del Gobierno deben ser desarmadas y desmovilizadas y el derecho a manifestarse pacíficamente debe ser garantizado. La oposición debe dejar en claro que rechaza cualquier recurso a acciones inconstitucionales dentro de su llamado para que Nicolás Maduro renuncie y que está dispuesta a dialogar para así reducir las probabilidades de más violencia y para asegurar reformas políticas. Las restricciones a la prensa deben ser levantadas y los ataques contra los periodistas deben cesar.

Un diálogo genuino es entonces necesario para construir consensos sobre las medidas necesarias para paliar la crisis económica y, en el largo plazo, el crimen violento. Hasta ahora, la oferta del Gobierno para conversar ha sido limitada principalmente a asuntos administrativos, pero si éste da señales claras de que está comprometido con negociaciones genuinas, la oposición deberá participar.

Crisis Group advirtió en marzo de 2013 que Venezuela no podría soportar confrontaciones políticas extralegales sin correr un serio riesgo de violencia. Se cruza esta línea cuando el Gobierno muestra pocas señales de autorregulación y la oposición se encuentra en peligro de radicalizarse. Si la violencia se desata, y las partes rechazan utilizar medios pacíficos, Venezuela se derrumbará política y económicamente, situación de la cual se recuperará lenta y dolorosamente, sin importar quien esté al mando. Es en el interés de todos, pero particularmente del Gobierno, contener la violencia, buscar el diálogo y ofrecer alguna distribución del poder.

La comunidad internacional se ha limitado a realizar débiles llamadas al diálogo y a una solución no violenta. El presidente Maduro rechazó suaves reproches de Colombia y Chile, tildándolos de interferencia en asuntos internos. Es hora, sin embargo, de que América Latina exija no solamente que las dos partes actúen responsablemente pero que el Ejecutivo respete los derechos humanos, pues éste se encuentra obligado a hacerlo por sus compromisos legales internacionales. Las potencias como Brasil deben ser más activas en insistir en una solución política. Las organizaciones regionales, UNASUR, MERCOSUR y CELAC – las cuales profesan apoyo a los principios democráticos– necesitan hacer más audible su oposición a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y a cualquier acto de violencia por parte de los manifestantes.

El futuro de Venezuela está sobre la mesa, pero su implosión política y económica podría también afectar a una región que ha disfrutado un largo periodo de crecimiento económico, estabilidad y democracia arduamente conseguido. Aceptar reclamaciones de soberanía no puede convertirse en una excusa para la falta de acción, cuando estos logros tan importantes están en juego. 

Centroamérica sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta

Tomado de esglobal

¿HACIA DÓNDE VA CENTROAMÉRICA?

Un futuro incierto a causa de la violencia, la desigualdad y unas élites que persiguen agendas individuales.

Por Diego Sánchez Ancochea y Salvador Martí

Centroamérica ha avanzado mucho en las más de dos décadas que han transcurrido desde los Tratados de Paz. Las instituciones democráticas han permanecido estables y, con la excepción de Honduras (por el golpe de 2009), los presidentes han sido elegidos en procesos electorales más o menos competitivos. A la vez, los ejércitos han aceptado su subordinación al poder civil y el poder judicial ha avanzado poco a poco en su independencia en casi todos los países. Además, en algunos aspectos, también ha avanzado el proceso de construcción del Sistema de Integración Centroamérica (SICA), sobre todo en el ámbito comercial, aduanero y de cooperación judicial.

Los gobiernos centroamericanos también han impulsado algunas políticas públicas orientadas al desarrollo humano. El gasto social por persona en Guatemala, Honduras y Nicaragua dobla el que existía a principios de los 90 y en El Salvador se ha multiplicado por siete. Ha habido innovaciones importantes tanto en salud como en educación, y se ha realizado un esfuerzo novedoso por incluir a los más desfavorecidos en las iniciativas sociales del Estado con el fin de mejorar su condición de ciudadanos. Todo ello, sin duda, ha contribuido al descenso de la pobreza, cuya tasa es entre siete y catorce puntos porcentuales menor que en 1990.

No obstante, existen todavía muchos motivos para la desesperanza. Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo y el número de homicidios en El Salvador, Honduras y Guatemala es hoy mayor que durante las guerras civiles. El crecimiento económico ha sido bajo y, con excepción de Costa Rica, la región ha sido incapaz de desarrollar nuevos sectores que sustituyan la agro-exportación como motor productivo. La región sigue siendo, además, una de las más desiguales del planeta.

La emigración constituye la mejor muestra de las dificultades que Centroamérica tiene para consolidar sociedades más democráticas, dinámicas y equitativas. Actualmente, miles de personas abandonan cada año la región, uniéndose al más de 10% de centroamericanos que viven fuera, y las remesas de emigrantes se han convertido no solo en la mayor fuente de divisas, sino en un ingreso imprescindible para millones de familias.

¿Cómo entender los problemas de la región? ¿Por qué la suma de democracia y liberalización económica no ha dado los resultados que muchos esperaban? Tres factores interrelacionados son particularmente importantes. En primer lugar, la posición económica y geopolítica de Centroamérica es ciertamente desventajosa, pues no ofrece las ventajas comparativas que sí tiene México (en cuanto a maquilas) ni dispone de las commodities que sí tienen muchos países de América del Sur. Además, la reciente competencia china dificulta la expansión de las exportaciones de ropa y otras manufacturas a Estados Unidos. Incluso en la más desarrollada Costa Rica hay muy pocas empresas capaces de competir en los mercados internacionales –en este sentido la compañía Intel es una excepción–. Como importador neto de petróleo, gas y otros recursos naturales, Centroamérica se ha visto muy perjudicada por el aumento de precios de estos productos que tanto ha beneficiado a sus vecinos del Sur (tal como ha ocurrido con la soja en Argentina y Paraguay, con el cobre y la madera en Chile, o con el petróleo en Venezuela y Ecuador). A la vez, la región se ha convertido en una zona de tránsito de droga producida en los países andinos y los cárteles operan a sus anchas aprovechándose de la debilidad que tienen los Estados para enfrentarlos.

Este elemento, la debilidad del Estado, es el segundo gran obstáculo para el desarrollo económico. La falta de recursos y de funcionarios independientes sigue limitando la capacidad de las administraciones nacionales para mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios. La carga impositiva como porcentaje del PIB es mucho más baja en Centroamérica que en países con similar nivel de riqueza. La mayoría de los empleados públicos son elegidos por criterios políticos, sus carreras profesionales son episódicas y reciben salarios insuficientes. La corrupción es endémica –incluso en Costa Rica, el país con instituciones más fuertes – y la influencia de los grupos de poder (legales e ilegales) es cada vez más preocupante. Como resultado el Estado es tan incapaz hoy como hace tres décadas de liderar un proyecto consensuado de desarrollo económico, político y social.  

Pero quizá el problema más serio tenga que ver con el extraordinario poder que todavía mantiene la élite económica. Según datos recientes publicados por el diario El País, los poco más de mil millonarios centroamericanos tienen una fortuna combinada de 137.000 millones de dólares (unos 100.000 millones de euros), equivalente al 79% del PIB regional. Los principales grupos económicos controlan un sinnúmero de actividades distintas, desde la producción de textiles para la exportación a servicios financieros y construcción de viviendas y supermercados, y se han convertido en socios imprescindibles para las principales empresas multinacionales.

Los grandes empresarios se benefician de una enorme influencia en la política a través de distintos canales, incluyendo el control de los partidos políticos, la presión sobre legisladores y jueces y la financiación de campañas electorales. En Guatemala, por ejemplo, el 97% del gasto realizado por los partidos políticos en las presidenciales de 2011 vino de fuentes privadas. El fracaso de numerosas reformas tributarias, particularmente aquellas que pretendían aumentar los impuestos directos, y las dificultades de todos los gobiernos para regular los mercados y fomentar la competencia son quizá las muestras más claras de la influencia privada recurrente.

El futuro de Centroamérica es incierto. Probablemente continuarán los avances en áreas importantes como la competencia electoral y la independencia judicial. Sin embargo, los obstáculos para controlar la violencia y construir economías más equitativas y democracias más efectivas parecen hoy insuperables. Buena muestra de ello es que sólo el 57,6% de los centroamericanos apoyen explícitamente la democracia que tanto costó construir. Quizá la solución pase necesariamente por la promoción, desde cada uno de los países de la región, de redes transnacionales para la defensa de los derechos. No menos importante en el proceso será que parte de la misma élite que hoy persigue agendas individuales se dé cuenta de los beneficios que el fortalecimiento del Estado y su capacidad redistributiva podría tener incluso para ellos mismos en el largo plazo.

Frenar la violencia es el reto principal para el futuro gobierno hondureño

Tomado de RFI 

Honduras va a las urnas este domingo para saber qué candidato deberá frenar la espiral de violencia. En un año, el índice de homicidios ha bajado en tan sólo un punto. Los lazos entre la justicia y el crimen organizado son la raíz de esta epidemia. Los dos candidatos principales coinciden en sus tesis pero proponen modelos distintos.

Por Carlos Herranz

Cada hora y cuarto se produce un homicidio en Honduras. El 85% de estas muertes se produce por arma de fuego y lo peor de todo: apenas dejan rastro. Pocas pistas investigadas de las 2 decenas de casos que cada día suceden en el país. Según el Observatorio de la violencia, lo más cercano a poder aproximarse a quiénes asesinan, se basa en los posibles móviles que da la policía después de levantar un cadáver: un 23% de los homicidios de 2012 fueron cometidos por supuestos sicarios. Pese a las cifras, el presidente Porfirio Lobo ha presumido durante la campaña de haber reducido la violencia en el país: "Hemos sentado las bases para la paz" señalaba el mandatario el pasado viernes a tan sólo 2 días de las elecciones. Sin embargo, los datos muestran que esa disminución es tan real como mínima: la tasa de homicidios pasó del 86.5 por cada 100.000 habitantes en 2011 al 85.5 un año después, según datos del propio Observatorio que se nutre de fuentes policiales y de la Dirección General de la Medicina Forense. Además, esta mínima reducción se justifica en el aumento de población según fuentes del propio Observatorio.

Adolescentes y jóvenes deambulan cada día por las calles hondureñas, con acceso a los círculos de drogas, violencia y criminalidad, -y no a los de la educación-, y casi resignados a engrosar la población penitenciaria o incluso a afrontar un destino peor. Es la imagen del fracaso de un estado: la miseria endémica que azota a Honduras, hundida en un severo y eterno conflicto de exclusión socioeconómica.

La raíz del problema se le escapa cada vez a menos gente en el país: los lazos entre la justicia y el crimen organizado. El conocimiento de la propia impunidad, antes de apretar el gatillo. Pese a sus diferencias, los dos principales candidatos de las elecciones de este domingo coinciden en su tesis: las autoridades judiciales están infiltradas y contaminadas por las redes del crimen. La manera de solucionarlo sí que les separa: Mientras el candidato de derechas Juan Orlando Hernández apuesta por oficializar la policía militar, la izquierdista Xiomara Castro (esposa del expresidente derrocado en 2009 Manuel Zelaya) prefiere hablar de "policía comunitaria cercana al pueblo". "Queremos que la policía nos conozca, que sepa quiénes somos" ha sentenciado Castro durante la campaña.

Guerra campesina, otra "herencia" violenta

El futuro gobierno hondureño tendrá que enfrentar además un complejo conflicto que deja ya 120  muertos en los últimos 4 años: el que mantienen campesinos y terratenientes en el fértil Valle de Aguán. Los miembros del Movimiento Unificado Campesino(MUCA) ya han exigido al próximo gobierno que "dé seguimiento y cumplimiento de los acuerdos" firmados con el presidente Porfirio Lobo en abril de 2010 para solventar este sangriento conflicto.

Por este acuerdo, el gobierno se comprometió a comprar 11.000 hectáreas de tierras cultivadas de palma africana a un poderoso terrateniente, Miguel Facussé, para entregarlas a campesinos y ejecutar proyectos de educación, salud y vivienda. Según el Movimiento Unificado Campesino se han adquirido ya 4.000 hectáreas bajo acuerdos de costo de 6500 dólares por hectárea, beneficiando con ello a 2.500 familias, pero aún quedan otras 5000 mientras las víctimas siguen cayendo.

A pesar de alto riesgo salvadoreños, guatemaltecos y hondureños siguen emigrando hacia EEUU

Tomado de The Wall Street Journal  

 Más centroamericanos ingresan a EE.UU.

 

"Estos son inmigrantes de países que son sustancialmente más pobres que huyen de un entorno de inseguridad ciudadana del tipo que solo se ve en las zonas de guerra" afirma Gordon Hanson, Universidad de California, en San Diego.

 

La llegada de más indocumentados de la región contrasta con el descenso de los mexicanos, según un estudio

Por Miriam Jordan

El pronunciado descenso de la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que ocurrió durante la recesión ha tocado fondo, según un nuevo estudio. Pero la migración procedente de México, que fue la principal fuente de obreros durante el auge económico de EE.UU., no se ha reactivado.

El informe del Centro Hispano Pew, un organismo sin afiliación política, indica que se ha cerrado el telón de la mayor ola inmigratoria a EE.UU. en tiempos modernos, que consistió en cuatro décadas de llegadas masivas de mexicanos. "Las cifras mexicanas no dan señales de aumento", apuntó el demógrafo Jeffrey Passel, principal investigador del informe.

La población de indocumentados en EE.UU. subió de 11,4 millones en 2010 a 11,7 millones en 2012, un alza que según Passel no es estadísticamente significativa. La población de indocumentados alcanzó un máximo de 12,2 millones en 2007, poco antes de que se desatara la crisis financiera. El año pasado, los inmigrantes indocumentados representaron 28% de los 41,7 millones de residentes extranjeros en EE.UU.

Al mismo tiempo, la llegada de indocumentados no mexicanos ha aumentado, según Passel. Centroamérica, en particular, está proporcionando inmigrantes a EE.UU. Países como Honduras, Guatemala y El Salvador tienen economías más pequeñas y débiles que México, y no han experimentado la misma caída en la tasa de natalidad. Además, han estado batallando con el alza de crímenes violentos, lo que crea mayor presión para salir. "Estos son inmigrantes de países que son sustancialmente más pobres que huyen de un entorno de inseguridad ciudadana del tipo que solo se ve en las zonas de guerra", apuntó Gordon Hanson, economista especializado en inmigración de la Universidad de California, en San Diego.

Los cambios en la cantidad de indocumentados se determinan principalmente con la diferencia entre las llegadas y salidas de inmigrantes de EE.UU. Entre 2000 y 2005, los inmigrantes indocumentados ingresaron al país norteamericano a una tasa de 850.000 al año, superando con holgura las salidas. Durante los siguientes cinco años, las entradas disminuyeron a un promedio anual de menos de 400.000. A partir de 2010, las llegadas han descendido a unos 200.000 al año.

La expansión económica estadounidense impulsó una gran ola migratoria en los años 90 y principios de la década de 2000 y los mexicanos estuvieron entre los inmigrantes más prolíficos, al encontrar empleos en construcción, servicios, agricultura y otros sectores. Una fuerte recuperación económica podría reavivar la inmigración de mexicanos, pero muchos académicos creen que es improbable que la ola vuelva a ser tan grande en el futuro.

La cantidad de indocumentados mexicanos se disparó hasta 2007, cuando alcanzó casi siete millones. Para 2010, las llegadas se desplomaron a unos 150.000 al año, comparado con 500.000 en la primera mitad de la década, y desde entonces han caído a unos 100.000.

Los datos de otras fuentes confirman un nuevo patrón en la migración mexicana. Una nueva encuesta del gobierno mexicano halló que la emigración a EE.UU. cayó en dos tercios entre 2006 y 2012. Los mexicanos no están viniendo, dijo Medardo, un empleado de un restaurante de Los Ángeles, quien no reveló su apellido. Hay demasiada vigilancia en la frontera y es muy riesgoso, por tanto no vale la pena, agregó.

La verdadera prueba para los flujos mexicanos se producirá cuando el mercado laboral de EE.UU. se fortalezca sustancialmente y la seguridad fronteriza sea más estricta, un elemento que está previsto en cualquier tipo de reforma migratoria que el Congreso estadounidense apruebe, señalan los expertos. 

Diputado toma fusil y dispara en el interior del parlamento

Agencias Noticiosas  

Diputado Jordano dispara en el parlamento sin causar víctimas

Tras una disputa con otro parlamentario, salió del hemiciclo y regresó con un kalashnikov

Un diputado jordano abrió hoy fuego con un fusil Kalashnikov en el interior del Parlamento, sin causar víctimas, durante una sesión en la que participaba el primer ministro, Abdalá Ensur. Fuentes parlamentarias explicaron a Efe que el diputado Talal al Sharif discutía con otro, Qusai Dmaisi, durante un agitado debate, cuando se marchó de la Cámara para coger el arma que tenía en su coche.

Al Sharif regresó al hemiciclo, donde los guardias del lugar intentaron evitar que disparara, aunque no lograron impedir que una bala alcanzara el techo.

La sesión había transcurrido de forma tensa con un agrio debate entre los diputados después de que uno de ellos interrumpiera a Ensur y tratara de evitar que siguiera hablando.

Tras el incidente, el presidente de la Cámara baja, Saad Srour, ordenó que la reunión prosiguiera a puerta cerrada.

SALUD MENTAL LA MEJOR HERENCIA FAMILIAR: VIOLENCIA EN LOS DIAS FESTIVOS

Por Dra. Margarita Mendoza Burgos 

       Según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia es un acto, premeditado o no, que produce daño en la integridad física, psíquica, sexual, en la personalidad, y aún en la libertad de movimiento de la víctima.

La violencia es un mal endémico en nuestra cultura por dos probables razones fundamentales, aún insuficientemente estudiadas. Una de ellas es que, aún desconociendo los mecanismos genéticos que lo provocan, la evidencia nos dice que la raza latina es tendente a la agresividad (no es la única, ni necesariamente la que más). La otra razón es el deficiente nivel educativo general en nuestras sociedades; tomemos en cuenta que la respuesta violenta a un estímulo es instintiva e irracional, mientras que la respuesta pacífica y racional es algo que se educa.

       Pero hay otros elementos añadidos que tienden a favorecer la conducta violenta, como es el consumo de alcohol o drogas, y la baja autoestima. Las estadísticas demuestran que se producen más hechos violentos en fechas en las que se suele consumir más alcohol y drogas, tales como fines de semana y días festivos, especialmente en Navidad; también, incluso, en días de pago salarial, especialmente cuando éstos caen, como suele ser, en Viernes o Sábado. Y es que el alcohol y las drogas provocan desinhibición y nublan la razón al grado tal, que bajo sus efectos la conducta humana tiende a perder el poco o mucho nivel de racionalidad con que ha sido educada, y a proyectarse en base a los instintos más primitivos; más aún cuando la baja autoestima hace que cualquier circunstancia podamos interpretarla como una ofensa.

       De este modo, en fechas propicias, como lo son los días festivos, y particularmente las Navidades, la desinhibición causada por el alcohol o las drogas ocasiona una mayor facilidad a crear situaciones que otras personas, con razón o no, pero sí con baja autoestima, interpretarán como provocaciones; y como posiblemente también coqueteen con la ebriedad, sus respuestas tenderán a ser violentas.

La conclusión de todo ello, y a la vez el consejo, es que, si en general debemos tratar de evitar entrar en conflictos y caer en provocaciones, en las fechas señaladas es especialmente importante tomarlo en cuenta, porque es más probable que nos cueste un disgusto.

Acerca de la Dra. Mendoza Burgos

www.dramendozaburgos.com

Titulaciones en Psiquiatría General y Psicología Médica, Psiquiatría infantojuvenil, y Terapia de familia, obtenidas en la Universidad Complutense de Madrid, España.

Mi actividad profesional, desde 1,993, en El Salvador, se ha enfocado en dos direcciones fundamentales: una es el ejercicio de la profesión en mi clínica privada; y la segunda es la colaboración con los diferentes medios de comunicación nacionales, y en ocasiones también internacionales, con objeto de extender la conciencia de la necesidad de salud mental, y de apartarla de su tradicional estigma.

Fui la primera Psiquiatra infanto-juvenil y Terapeuta familiar acreditada en ejercer dichas especialidades en El Salvador.

Ocasionalmente he colaborado también con otras instituciones en sus programas, entre ellas, Ayúdame a Vivir, Ministerio de Educación, Hospital Benjamín Bloom, o Universidad de El Salvador. He sido también acreditada por la embajada de U.S.A. en El Salvador para la atención a su personal. Todo ello me hizo acreedora en 2007, de un Diploma de reconocimiento especial otorgado por la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador, por la labor realizada en el campo de la salud mental. Desde 2008 resido en Florida, Estados Unidos, donde compatibilizo mi actividad profesional con otras actividades.

La tecnología actual me ha permitido establecer métodos como video conferencia y teleconferencia, doy consulta a distancia a pacientes en diferentes partes del mundo, lo cual brinda la comodidad para mantener su terapia regularmente aunque esté de viaje. De igual manera permite a aquellos pacientes que viven en ciudades donde los servicios de terapeuta son demasiado altos acceder a ellos. Todo dentro de un ambiente de absoluta privacidad.

Trato de orientar cada vez más mi profesión hacia la prevención, y dentro de ello, a la asesoría sobre relaciones familiares y dirección y educación de los hijos, porque después de tantos años de experiencia profesional estoy cada vez más convencida de que el desenvolvimiento que cada persona tiene a lo largo de su vida está muy fuertemente condicionado por la educación que recibió y el ambiente que vivió en su familia de origen, desde que nació, hasta que se hizo adulto o se independizó, e incluso después.

Estoy absolutamente convencida del rol fundamental que juega la familia en lo que cada persona es o va a ser en el futuro.  

Nicaragua país centroamericano libre de pandillas ¿Cuál es el secreto de su éxito?

Tomado de BBC Mundo

Se cree que los integrantes de las maras en América Central pueden llegar a cien mil.

Nicaragua, la barrera contra el avance de las maras

Por Juan Carlos Pérez Salazar

En menos de dos décadas, las pandillas maras se convirtieron en una de las organizaciones criminales trasnacionales más exitosas de América Latina al saltar desde su base en Los Ángeles, Estados Unidos, a varios países centroamericanos.

Debido a su crecimiento arrollador, hay quienes argumentan que al término mara viene de marabunta, las feroces hormigas migratorias que arrasan todo a su paso.

Sea o no ese el origen de la palabra -que en muchos lugares ya es sinónimo de pandilla-, las maras se extendieron como voraz marabunta por Guatemala, El Salvador y Honduras, donde se estima que tienen unos 100 mil pandilleros. También han llegado al sur de México.

Y acompañando su paso, en los países centroamericanos se dispararon los índices de criminalidad, encabezados por el asesinato. En 2012, los dos países con mayor tasa de homicidios a nivel mundial fueron Honduras y El Salvador. Y la ciudad hondureña de San Pedro Sula es considerada la más peligrosa del planeta.

Sin embargo, a medida que las maras seguían su irresistible marcha hacia el sur, un fenómeno interesante apareció: por el momento no han podido avanzar más allá de Honduras.

Y el motivo tiene nombre propio y ubicación geográfica: Nicaragua.

Un poco de historia

Esto se detectó hace ya varios años. En 2008, durante una reunión de directores de migración de Centroamérica, el de Costa Rica, Mario Zamora, dijo:

"Nicaragua se ha convertido en una especie de escudo inexpugnable para las maras. Hay que analizar qué es lo que está detrás de ese fenómeno, el que Nicaragua sea una barrera de las maras. Gracias a ellos no nos han llegado a Costa Rica".

Pero, ¿cuál es la razón?

Para encontrarla hay que remontarse a la génesis de las maras en Centroamérica, a principios de los años '90, cuando George Bush padre, entonces presidente de EE.UU., autorizó la deportación de cientos de jóvenes de origen centroamericano que se encontraban en las cárceles estadounidenes.

Muchos de ellos habían crecido en Estados Unidos y no entendían una palabra de español. Sin embargo, al ser hijos de indocumentados, fueron expulsados.

En su reportaje "Barrio 18, apogeo y caída de una pandilla" los periodistas José Luis Sanz y Carlos Martínez hacen un extraordinario recuento de la llegada de esos jóvenes a El Salvador.

"Esa fue la primera vez que vio a los bajados. (...) Ese modo de vestir, de llevar el cabello, esos tatuajes tan… tan de allá. Llevaban pantalones Dickies y Ben Davis, camisas holgadas, y se llamaban por nombres geniales como Whisper, Sniper, o Spanky. (...) ¿Cómo no acercarse?".

Pronto los "bajados", además de despertar admiración, se apoderaron de los territorios y los conflictos de los lugareños. Desde allí empezaron a construir su imperio y a extenderse.

Indocumentados, pero distintos

Y es aquí donde comienzan las diferencias con Nicaragua.

El periodista e investigador Steven Dudley, uno de los directores del sitio de internet InSight, que le hace seguimiento al crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, dice a BBC Mundo que uno de los factores fue el tratamiento que en Estados Unidos se dio a los inmigrantes nicaragüenses.

"Durante los años '80 no se le dio una recepción similar a los refugiados que venían de diferentes países centroamericanos. A los nicaragüenses se les dio la bienvenida, mientras que de Costa Rica y Panamá no llegaron demasiados".

A los salvadoreños -en especial-, pero también a hondueños y guatemaltecos, desde el principio se les consideró como "indeseables".

"Eso hizo que muchos terminaran en la cárcel o involucrados con bandas", agrega Dudley a BBC Mundo.

Y la razón por la que los inmigrantes de Nicaragua -así fueran indocumentados- eran bienvenidos fue puramente política:

El fenómeno de las maras se originó en barrios hispanos de Estados Unidos.

Como el gobierno de su país (al igual que el de Cuba), era considerado enemigo de Estados Unidos -los sandinistas estaban en el poder y la administración del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan apoyaba a los rebeldes antisandinistas conocidos como Contras-, los emigrantes nicaragüenses eran vistos como personas que escapaban del régimen y por eso recibían asilo político.

Aunque las deportaciones de centroamericanos empezaron en los 90', continuaron con fuerza durante la década de 2000.

En su artículo Gangs, deportation and violence in Central America, Dudley revela que "entre 2001 y 2010 Estados Unidos deportó a 129.726 criminales convictos a Centroamérica, más del 90% al 'Triángulo del Norte'. Sólo Honduras -un país con población similar a la de Haití- recibió 44.042 deportados en ese período".

"Las cifras son apabullantes" dice Dudley a BBC Mundo. "Casi cualquier país habría hallado difícil lidiar con esas cantidades. Además, la información que debería pasarse entre gobiernos cuando ocurre una deportación de criminales, no se intercambió".

Resultado: los gobiernos centroamericanos quedaron con un número enorme de criminales en sus manos y sin ningúna información sobre sus expedientes, ni siquiera a qué pandilla pertenecían.

La razón social

Francisco Bautista Lara -uno de los fundadores de la Policía en la Nicaragua postsomocista y exsubdirector y excomisionado de la misma- está de acuerdo en que el tratamiento diferente a sus compatriotas por parte de EE.UU. contribuyó a que las maras no encontraran terreno abonado en su país.

Pero cree hay algo igual -o más- importante: los cambios sociales e institucionales generados en Nicaragua después de la revolución de 1979 que llevó al poder a los sandinistas.

"Si Nicaragua tiene niveles de desarrollo humano y de fragilidad institucional parecidos a los del norte de Centroamérica y también tuvo un conflicto armado, ¿por qué sus cifras delictivas se parecen más a las del sur?".

La razón, repite a BBC Mundo, está en que "la revolución creó instituciones distintas a las que continuaron existiendo en los países vecinos".

Agrega que también hay factores culturales: "Yo diría que Nicaragua y sus ciudades son grandes pueblos, donde todo mundo se conoce y la confianza interpersonal no se ha perdido, como sí sucedió en otros países de la región. Al contrario, la revolución del 79 fortaleció mecanismos de participación".

Más deportados que en Centroamérica

A pesar de las enormes cifras de deportaciones de EE.UU. a Centroamérica que cita Steven Dudley, las que se han realizado hacia México son mucho mayores.

"Entre 2001 y 2010, Estados Unidos deportó 779.968 criminales a México", afirma Dudley en su artículo Gangs, deportation and violence in Central America.

Steven Dudley también destaca cómo el gobierno de Nicaragua, a diferencia de otros en la región, trabaja más desde las bases hacia arriba.

Esto convirtió a la sociedad nicaragüense en una intrincada malla de relaciones y solidaridad que le fue imposible penetrar a las maras.

Y en medio del panorama desolador que se observa en los países del norte de América Central, Bautista Lara -quien ahora se desempeña como consejero regional de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- ve luces de esperanza: luego de un máximo de 18.000 casos en 2010, los homicidios han venido disminuyendo.

Además están las negociaciones con las maras en El Salvador y Honduras. Todo esto, piensa Bautista, muestra que las pandillas están pasando por una fase de agotamiento natural, "de un proceso de descomposición que ha llegado a los límites tolerables". Por eso cree que si los gobiernos actúan con responsabilidad, puede lograrse la desintegración de las maras.

Ningún organismo social vive para siempre. Ni siquiera la temible marabunta.