Tomado de RFI
Honduras va a las urnas este domingo para saber
qué candidato deberá frenar la espiral de violencia. En un año, el índice de
homicidios ha bajado en tan sólo un punto. Los lazos entre la justicia y el
crimen organizado son la raíz de esta epidemia. Los dos candidatos principales
coinciden en sus tesis pero proponen modelos distintos.
Por Carlos Herranz
Cada hora y cuarto se produce un homicidio en
Honduras. El 85% de estas muertes se produce por arma de fuego y lo peor de
todo: apenas dejan rastro. Pocas pistas investigadas de las 2 decenas
de casos que cada día suceden en el país. Según el Observatorio de la
violencia, lo más cercano a poder aproximarse a quiénes asesinan, se basa en
los posibles móviles que da la policía después de levantar un cadáver: un
23% de los homicidios de 2012 fueron cometidos por supuestos sicarios. Pese
a las cifras, el presidente Porfirio Lobo ha presumido durante la campaña de
haber reducido la violencia en el país: "Hemos sentado las bases para la
paz" señalaba el mandatario el pasado viernes a tan sólo 2 días de las
elecciones. Sin embargo, los datos muestran que esa disminución es tan
real como mínima: la tasa de homicidios pasó del 86.5 por cada 100.000
habitantes en 2011 al 85.5 un año después, según datos del propio Observatorio
que se nutre de fuentes policiales y de la Dirección General de la Medicina
Forense. Además, esta mínima reducción se justifica en el aumento de población
según fuentes del propio Observatorio.
Adolescentes y jóvenes deambulan cada día por
las calles hondureñas, con acceso a los círculos de drogas, violencia y
criminalidad, -y no a los de la educación-, y casi resignados a engrosar la
población penitenciaria o incluso a afrontar un destino peor. Es la imagen del
fracaso de un estado: la miseria endémica que azota a Honduras, hundida en un
severo y eterno conflicto de exclusión socioeconómica.
La raíz del problema se le escapa cada vez a
menos gente en el país: los lazos entre la justicia y el crimen
organizado. El conocimiento de la propia impunidad, antes de apretar el
gatillo. Pese a sus diferencias, los dos principales candidatos de las
elecciones de este domingo coinciden en su tesis: las autoridades
judiciales están infiltradas y contaminadas por las redes del crimen. La
manera de solucionarlo sí que les separa: Mientras el candidato de derechas
Juan Orlando Hernández apuesta por oficializar la policía militar,
la izquierdista Xiomara Castro (esposa del expresidente derrocado en 2009
Manuel Zelaya) prefiere hablar de "policía comunitaria cercana al
pueblo". "Queremos que la policía nos conozca, que sepa quiénes
somos" ha sentenciado Castro durante la campaña.
Guerra campesina, otra "herencia" violenta
El futuro gobierno hondureño tendrá que
enfrentar además un complejo conflicto que deja ya 120 muertos en los últimos 4 años: el que
mantienen campesinos y terratenientes en el fértil Valle de Aguán.
Los miembros del Movimiento Unificado Campesino(MUCA) ya han exigido al próximo
gobierno que "dé seguimiento y cumplimiento de los acuerdos" firmados
con el presidente Porfirio Lobo en abril de 2010 para solventar este sangriento
conflicto.
Por este acuerdo, el gobierno se comprometió a
comprar 11.000 hectáreas de tierras cultivadas de palma africana a un poderoso
terrateniente, Miguel Facussé, para entregarlas a campesinos y ejecutar
proyectos de educación, salud y vivienda. Según el Movimiento Unificado
Campesino se han adquirido ya 4.000 hectáreas bajo acuerdos de costo de 6500
dólares por hectárea, beneficiando con ello a 2.500 familias, pero aún
quedan otras 5000 mientras las víctimas siguen cayendo.
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