Un fallo de inconstitucionalidad podría impedir su reelección como presidente en noviembre
Por Antonio Caño
Uno de los grandes misterios sobre la gestión de Barack Obama es el de por qué su reforma sanitaria no ha encontrado mayor respaldo popular. Existen razones políticas e históricas que pueden ayudar a entenderlo, pero la realidad es que la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, como se denomina oficialmente la reforma, es, pese a su impopularidad, el más ambicioso proyecto de esta presidencia y su principal legado hasta la fecha. Esa obra y, en buena medida, las opciones de reelección de Obama están ahora en manos del Tribunal Supremo.
Es la segunda vez en este siglo que un pronunciamiento del Supremo puede determinar el nombre de quien se siente en el Despacho Oval. La primera vez, en 2000, fue de forma directa, al declarar a George Bush vencedor de las elecciones sobre Al Gore después de un largo y discutidísimo recuento. En esta ocasión, igualmente, un veredicto de inconstitucionalidad de la reforma sanitaria podría hundir las posibilidades de Obama. Por el contrario, una sentencia favorable privaría a la oposición del que ha sido hasta ahora su principal argumento en esta campaña electoral.
Hoy, el Supremo comenzará a escuchar los argumentos a favor y en contra de la ley. Se anuncia una decisión para antes de que termine el actual curso judicial, al final de la primavera. Después de muchos meses de batalla política y de litigios en distintos niveles de la justicia, la presentación de argumentos ante el más alto tribunal es un momento decisivo en el que, por última vez, la Casa Blanca tendrá oportunidad de defender la legitimidad de su causa. Distintos actos públicos se han convocado coincidiendo con esta fecha crucial en la que, más allá de la suerte de Obama, está en juego un modelo de relación entre el Estado y los ciudadanos.
La ley incluye numerosas variaciones del actual sistema sanitario. Algunas han entrado ya en vigor y otras, la mayoría, lo irán haciendo en los próximos años. No se trata de nacionalizar el sistema vigente sino de hacerlo más justo y sostenible, aunque la prestación del servicio sigue correspondiendo al sector privado. Su objetivo principal es el de eliminar algunos de los abusos cometidos hasta la fecha por las aseguradoras (como la exclusión de pacientes por condiciones médicas preexistentes) y garantizar que todos los norteamericanos dispongan de cobertura sanitaria. Para ello se hace obligatorio la adquisición de un seguro y se ofrecen subvenciones a las personas que no puedan pagárselo.
La ley pretende que todos los ciudadanos dispongan de cobertura sanitaria
Pese a que una fórmula similar fue propuesta hace años por el conservador centro de estudios Heritage Foundation, y una ley muy parecida fue aprobada en Massachusetts mientras era gobernador Mitt Romney, el actual candidato presidencial republicano, la derecha considera la reforma un grave atentado a la libertad individual y ha prometido su revocación en cuanto recupere el poder.
Los ciudadanos están muy divididos y aun confundidos sobre el alcance de la ley. En la última encuesta sobre el asunto, en enero pasado, un 36% se manifestaba partidario de que sea revocada y un 21% se pronunciaba por su mantenimiento. La mayoría era favorable a algunos apartados de la ley, pero contraria a otros. Un 71%, por ejemplo, respaldaba la prohibición de que las aseguradoras descarten clientes por condiciones médicas preexistentes.
El aspecto más polémico de la reforma sigue siendo el de su obligatoriedad, que solo tiene el apoyo de un 19% de los norteamericanos. Desde que esta ley comenzó a debatirse, en 2009, ha sido el blanco de toda la demagogia imaginable. No es tan difícil convencer a este país, de sustrato individualista, sobre el peligro de que un Gobierno que empieza por obligarte a comprar un seguro médico pueda acabar obligándote a comer verduras o comprar coches de color rojo.
La Casa Blanca considera la obligatoriedad un ingrediente esencial para el mantenimiento del sistema: si no se hace así, solo se asegurarían los que están enfermos y tendrían que pagar pólizas gigantescas para que no quebrasen las aseguradoras. Como ocurre con los sistemas públicos europeos, el sistema propuesto por Obama descansa en el principio de que los sanos comparten gastos con los enfermos ante la probabilidad altísima de que los primeros también necesitarán algún día asistencia sanitaria.
El 36% de la población se opone a la reforma; el 21% desea que se aplique
Los abogados del Gobierno defienden que la reforma está protegida por un apartado de la Constitución llamado Cláusula de Comercio, que le otorga a la Administración federal capacidad para regular la actividad comercial con el extranjero y entre los Estados. El contenido específico de ese apartado es motivo en estos momentos de polémica e interpretaciones. Imponer una compra no es regular el comercio, opinan unos. A lo que otros contestan que regular el sistema de salud en el conjunto de la nación es como regular las normas de circulación: también se obliga a disponer de un permiso para poder conducir.
Esto ha sido hasta ahora el tono general del debate. Argumentos más precisos y mejor formulados empezaremos a escucharlos a partir de mañana. De las preguntas que hagan los jueces se podrán extraer también las impresiones sobre cuál puede ser su decisión final, hasta el momento imprevisible.
El hecho de que una mayoría de miembros del tribunal —cinco de los nueve— sean de tendencia conservadora no hace más fácil un pronóstico. Varios de los jueces que integran la mayoría han defendido antes la aplicación de la Cláusula de Comercio en casos de cierta similitud con este. Los magistrados conocen, además, la trascendencia política de su decisión. Ellos no se juegan su carrera; son designados de por vida y no le deben fidelidad a nadie. Como pocas veces, es necesario confiar en su independencia. La Casa Blanca está convencida de su triunfo y asegura no tener un plan B.
