Tomado de The Wall Street Journal
Por Nicholas Casey
CIUDAD DE GUATEMALA—Se ha abierto un nuevo frente en la guerra contra los carteles de la droga mexicanos, pero esta vez no es dentro de México sino justo al lado, en este pequeño país centroamericano.
Cuatro años después de que México pusiera en marcha una iniciativa similar contra las bandas del narcotráfico, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha desplegado cientos de soldados del ejército a una provincia rural para tratar de erradicar a Los Zetas, un poderoso cartel mexicano que llegó aquí hace unos tres años.
"Enfrentamos una invasión permanente", señaló Colom durante una entrevista radial hace poco, cuando habló sobre el estado de sitio que declaró a finales de diciembre en Alta Verapaz, una provincia al sur de México.
En Alta Verapaz, militares y patrullas de policía ahora recorren las calles buscando capturar a miembros de Los Zetas.
El estado de sitio les permite a las fuerzas de seguridad registrar las casas y concretar arrestos sin órdenes judiciales, y aparentemente ha dado algunos resultados ya que 25 sospechosos están bajo custodia y más de US$1,2 millones en mercancías ilegales han sido capturadas, incluyendo drogas, granadas y rifles de asalto, asegura el gobierno.
Mientras que Guatemala está empezando su propia campaña contra los carteles, espera no imitar a México en un aspecto clave: desde que la operación mexicana empezó en 2006, la violencia relacionada con las drogas ha dejado más de 34.000 muertos.
Algunos temen en Guatemala que un recrudecimiento de la violencia es exactamente lo que sucederá, también aquí.
"Si ponemos a nuestro ejército contra el de los traficantes, simplemente tendremos miles de muertes", expresó Sandino Asturias, un experto en seguridad en el Centro de Estudios de Guatemala, un centro de estudios en la capital. Asturias recomienda el uso de inteligencia, como escuchas telefónicas, para interferir a las asociaciones criminales en lugar de la fuerza bruta del ejército.
Alberto Islas, un analista de seguridad de México con una larga trayectoria en rastrear los cárteles del narcotráfico de su país, asegura que el ejército de Guatemala, entrenado para luchar contra las guerrillas de izquierdas durante 36 años de guerra civil, "carece de los recursos para luchar contra el crimen organizado", el cual él define como "un juego distinto". Los narcotraficantes, por ejemplo, están mejor financiados que los grupos ideológicos que luchan por una causa, dice Islas.
Esa guerra civil, que dejó un legado de represión brutal por parte del ejército y la policía nacional, llevó al gobierno en los últimos años a reducir el tamaño del ejército en 60%. Las reducciones y el recorte de presupuestos significa, que Guatemala sólo podría costear el envío de 600 tropas a la provincia para luchar contra Los Zetas, en comparación con los 6.500 soldados que México envió al estado de Michoacán para luchar contra el cartel La Familia, que en su momento representó una amenaza similar.
En Alta Verapaz, el gobierno ordenó el cierre de tres bases militares en 2004, cuando despidió casi 11.000 soldados y dejó la zona prácticamente indefensa y gravemente expuesta al crimen organizado, afirman algunos funcionarios del gobierno.
"Nunca imaginé que el conflicto armado había protegido al país", declaró el presidente Colom en una entrevista reciente. "Las guerrillas nunca se involucraron en el tráfico de drogas. Y entonces, redujimos el ejército y la policía".
Mientras que Centroamérica desde hace tiempo ha sido un punto de parada para el contrabando de drogas desde Colombia a Estados Unidos, las asociaciones del crimen organizado han aumentado sus actividades aquí en los últimos años, según las autoridades de EE.UU. y expertos en drogas.
En Guatemala, unos US$2.100 millones en drogas, dinero en efectivo y armas fueron confiscados en el primer semestre del año pasado, lo que equivale a cerca de 5% del producto interno bruto, y aproximadamente lo mismo que la cantidad capturada para todo 2009, señala el gobierno.
Y mientras se desconoce lo que impulsó a Los Zetas a venir a Guatemala, algunos creen que el momento puede estar vinculado a la propia ofensiva en México. El mes pasado, la policía mexicana anunció la captura un líder de Los Zetas, Flavio Méndez Santiago, en el estado de Oaxaca.
Los Zetas se encuentran entre los nombres más temidos en la guerra de narcos. El grupo se inició después de que desertores de las Fuerzas Especiales de México tomaron las armas para defender al Cartel del Golfo, en ese país. Recién se separaron el año pasado y formaron una organización criminal por su cuenta que mezcla el tráfico de drogas con extorsiones, secuestros y asesinatos.
El grupo fue noticia en Guatemala en agosto, cuando las autoridades mexicanas los culparon por la sangrienta masacre de 72 inmigrantes en un rancho aislado en México. Muchos de los muertos eran guatemaltecos que se dirigían a EE.UU.
Los residentes de Alta Verapaz dicen que Los Zetas empezaron a aparecer hace tres años. Valeriano Maquín, de 25 años y oriundo de la ciudad de La Tinta, dijo que los desconocidos se presentaron como oficiales del gobierno de Guatemala y preguntaron por los miembros locales de los Kaibiles, una ex división de las fuerzas especiales de Guatemala que se cree que es responsable de matanzas de civiles durante la guerra civil del país. Maquín y otros residentes creen que los recién llegados estaban buscando reclutar a los vigilantes para sus propias filas.
Durante 2008, Los Zetas se desplegaron por todo el país, establecieron una base de operaciones y se enfrentaron a los traficantes locales para ganar el control de las rutas de contrabando, afirman funcionarios guatemaltecos. En marzo de 2008, 11 personas fueron asesinadas en un pueblo en el este de Guatemala tras una encarnizada batalla entre Los Zetas y una banda local.
El ministro del Interior de Guatemala, Carlos Menocal, declaró que era optimista de que el gobierno pudiera controlar a los grupos criminales como Los Zetas, citando éxitos del pasado en la selva El Petén, donde las pistas de aterrizaje utilizadas por los traficantes fueron recuperadas en los últimos años.
Pero reconoció que la fuerza policial del país, destinada a ayudar al ejército a enfrentar a los narcotraficantes, también es demasiado pequeña. Guatemala cuenta con un sólo funcionario por cada 700 residentes, en comparación con lo que recomienda Naciones Unidas, que es uno por cada 400. Además señaló que el país tiene 2.000 investigadores de policía y necesita 5.000.
Algunos dicen que el gobierno de EE.UU. podría hacer más para ayudar. En los últimos años, EE.UU. les dio a los países centroamericanos y del Caribe menos de 25% de los US$1.400 millones asignados en la Iniciativa Merida, mientras el resto fue destinado a los esfuerzos en México.
Un funcionario del Departamento de Estado declaró que el gobierno está incrementando su foco sobre Guatemala junto con El Salvador y Honduras, y podría estar considerando aumentar los fondos si los países demuestran "voluntad política para financiar y hacer frente a sus desafíos de crimen interno".
Traer la lucha contra el narcotráfico a Guatemala enfrenta la oposición de los activistas de izquierdas, quienes dicen que el uso de soldados para combatir a los narcos conducirá a una nueva militarización del país y quizá el regreso de la guerra civil en la que murieron unas 200.000 personas, principalmente a manos del ejército.
Jorge Morales Toj, un ex guerrillero que ahora es abogado y defensor de los derechos humanos, dijo que abusos cometidos por el ejército como violaciones y asesinatos podrían hacer que volviera la "psicosis de guerra".
Morales y muchos otros afirman que las operaciones militares son una puesta en escena política para conseguir más apoyo al gobierno de Colom. Las elecciones presidenciales están previstas para septiembre, y se prevé que la esposa de Colom, Sandra Torres, se presente con Colom, cuyo mandato llega a su límite.
Colom niega que la política tenga algo que ver con la operación militar y que no se han presentado quejas ante el gobierno sobre abusos de derechos humanos en Alta Verapaz desde que comenzó el estado de sitio.
"Cuatro miembros de mi familia fueron asesinados en el conflicto anterior", sostuvo Morales. "No quiero ver que este tipo de cosa vuelva a suceder".
