lunes, 26 de abril de 2010

La ley SB 1070, la nueva pesadilla de los inmigrantes en EEUU

Por Luis Montes Brito
La iniciativa HB 2632 (nombre que recibió en la Cámara de Representantes) o SB 1070 (como se conoce en el Senado) fue ideada por el republicano Pearce Russell y ha sumado otro factor de preocupación a la ya tan difícil situación de los hogares de los inmigrantes en Estados Unidos, desatando una fuerte controversia legal y social a nivel nacional.


En las fotos: (arriba) Senador Estatal de Arizona Pearce Ruseel, creador o Padre de la ley antinmigrante
Foto posterior: (abajo) Gobernadora del Estado de Arizona Jan Brewer quien promulgó la polémica ley

La gobernadora Jan Brewer promulgó la polémica ley que cinco días antes había sido aprobada por el congreso estatal de Arizona, de mayoría republicana, la cual entrará en vigor en un plazo de 90 días. Horas antes, el Presidente Barack Obama había dicho en Washington DC que la ley es “una medida equivocada” y pidió al Congreso acelerar el debate de la reforma migratoria que, para ser aprobada, necesita apoyo bipartidista.

Ley SB 1070 Legaliza el uso del perfil racial en contra de cualquier persona, por solo tener la apariencia de inmigrante. Permite acusar a los indocumentados de estar ilegalmente en un lugar penalizando la falta como un delito menor (Misdemeanor), la primera vez; a las personas que hayan sido deportados anteriormente se les calificará la falta de felonía, con una penalización de hasta 5 años de prisión y posteriormente la deportación de la persona.

También, se penaliza a los jornaleros o trabajadores independientes, tanto a los que ofrecen su trabajo como a aquellas personas que los contratan o pretenden contratarlos, de igual manera obliga a cualquier institución gubernamental a compartir la información migratoria de cualquier persona. Todo lo anterior genera una crisis institucionalizada de Derechos Humanos, que actualmente está en Arizona pero que amenaza a generalizarse en los 49 estados restantes.

Esta ley será un caos para los inmigrantes en general, documentados e indocumentados, empleados y empresarios, honrados y criminales, sobre todo si se llegara a aprobar en aquellos lugares donde los encargados de administrarla son funcionarios cuyas conductas están claramente dirigidas en contra de los inmigrantes, tal es el caso de Joe Arpaio, el Jefe de Policía del condado de Maricopa en Arizona, o como Steve Levy, el ejecutivo del condado de Suffolk, aquí en Long Island, donde ciudades como Farmingville están ubicadas por los organismos de defensa de los derechos civiles como uno de los de mayor acoso racial en todo los Estados Unidos.

La ley obliga a los altos funcionarios de los condados y ciudades a ordenar que sus oficiales arresten personas por violaciones migratorias sin que estos oficiales tengan el entrenamiento federal, o conozcan los derechos constitucionales que están en juego.

La ley Russell crea un crimen de Estado adicional de allanamiento de morada (cuando una persona ingresa sin autorización a un lugar o recinto privado o propiedad del gobierno municipal, condal, estatal o federal) y otorga a las agencias de policía local la autoridad para arrestar a alguien si se tiene causa probable para creer que la persona es indocumentada o no tiene papeles para residir legalmente en Estados Unidos. En otras palabras, a esa persona se le formularán cargos de allanamiento si son halladas en el territorio del Estado de Arizona sin tener un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

La medida aprobada por el Senate Committee on Public Safety and Human Services también incluye las siguientes provisiones:

• Abrir camino para que se realicen operaciones policiales tipo "sting", para identificar a compañías que intencionalmente contraten a trabajadores indocumentados.
• Sería un crimen recoger a alguien mediante un vehículo y contratarlos por el día.
• Requerirle a los policías que hagan un "intento razonable" para determinar el estatus legal de cualquier persona que contacten oficialmente, si hay una "sospecha razonable " de que sea un inmigrante ilegal.
• Permitir que cualquier persona pueda demandar una ciudad, condado o cualquier gobierno que tenga políticas que limiten que sus empleados se aseguren que las leyes de inmigración se apliquen, "menos de lo que permite la ley".
En un próximo articulo profundizaremos sobre las prohibiciones algunas de ellas ridículas que contempla esta ley en contra de los inmigrantes.

Enlace para escuchar entrevista radial sobre el tema

2 comentarios:

  1. Simplemente no a la discriminacion racial y no al facilismo politico

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  2. jajajaha esta ley es solo una mas de tantas demostraciones de racismo contra los latinos, en especialcon los mexicanos

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