Nicaragua no es una democracia pues los poderes del Estado están controlados por dos personas, el presidente, Daniel Ortega, y el opositor Arnoldo Alemán, expresidente, que no cumplen cárcel porque en el país centroamericano no hay justicia independiente, según un cable de la embajada de Estados Unidos en Managua. Una serie diplomática titulada Nicaragua's most wanted (Los más buscados de Nicaragua), en alusión a la lista del FBI con los nombres de los criminales más buscados, enumera los supuestos asesinatos, robo de caudales públicos, extorsiones, amenazas y abuso de poder atribuidos a Ortega, Alemán y al gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza.
Daniel Ortega, de 66 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Anteriormente, lo hizo en los periodos 1985-90 y 1996-2001. Alemán, de 65 años, empresario, fue presidente entre 1997 y 2002. Un año después fue condenado a 20 años de cárcel por masivo robo de dinero público. La Corte Suprema dictó en 2009 el sobreseimiento de los cargos de corrupción, con lo que ha regresado a la política. Ha presentado su candidatura en las presidenciales del próximo noviembre. El Estado de Derecho de Nicaragua depende de Ortega y Alemán, caudillos del FSLN y del conservador Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que en 1999 suscribieron un pacto por el que se repartieron el control de las instituciones nacionales.
Los cables enviados al Departamento de Estado por Paul Trivelli, embajador entre 2005 y 2008, son demoledores al dibujar un país de perfil mafioso. Se citan como fuente de las graves acusaciones contra los dos políticos las informaciones publicadas en los medios de comunicación y documentación de la propia embajada. Fueron redactados poco antes de las elecciones generales de 2007, ganadas por el sandinismo. El despacho referido a "los crímenes de Daniel Ortega y su familia" comienza con "el asesinato de Jean Paul Genie por guardaespaldas de Humberto Ortega", en octubre de 1980, cuando el adolescente de 16 años trataba de adelantar en una carretera nacional al convoy oficial de Ortega, entonces ministro de Defensa. "El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) utilizó su control del poder judicial para ocultar el crimen. Nadie pagó por su muerte".
Los hermanos Ortega habrían participado en el grupo que ordenó "la detención y tortura de miles de personas en cárceles y centros de internamiento", hechos que ocurrieron en el contexto de la guerra de principios de los ochenta entre el sandinismo y los "contras", financiados por EE UU. Siempre en ese entorno bélico, los dos jefes sandinistas "ordenaron numerosos asesinatos y desapariciones, incluyendo el asesinato de cientos de indígenas miskitos en sus asentamientos de la costa atlántica y la detención de miles en campos de concentración en 1981 y 1982". Grupos de miskitos, apoyados por el Gobierno norteamericano, lucharon contra el FSLN en ese bienio para apoderarse de una franja del territorio nicaragüense en la que establecer un gobierno provisional opuesto al sandinismo y reconocido por Washington.
Cuando el cable alude a "la violación de su hijastra", Zoiloamérica Narváez, el embajador precisa que Ortega se escudó en su inmunidad como diputado y en el sometimiento de los tribunales a su dictado para lograr que las acusaciones nunca fueran juzgadas. Ortega saboteó los esfuerzos del Gobierno, presidido entonces por el conservador Enrique Bolaños (2002-200), por judicializar el caso y usó a Rosario Murillo, madre de Zoiloamérica y esposa de Daniel Ortega, en una campaña de relaciones públicas destinada a enterrar las alegaciones de la acusación, señala el cable.
"Estas actitudes misóginas, y la tolerancia con la violencia doméstica y sexual, son comunes en el FSLN", dice el embajador. Cuando los diputados sandinistas votaron a favor de rebajar las penas establecidas para la violación de menores, el legislador Nathan Sevilla justificó el voto diciendo que tener relaciones sexuales con menores era "normal" en las zonas rurales de Nicaragua, por lo que no debía considerarse un delito grave.
Chantaje a un boxeador
Cuando el boxeador Ricardo Mayorga, excampeón del mundo del peso welter, supuestamente violó a una joven en un hotel de Managua, en septiembre de 2004, "Ortega y el FSLN percibieron que era la gran oportunidad para chantajearle. Acordaron con Mayorga, según los cables, protegerle en los tribunales a cambio de que entregara al partido una gran parte de sus ingresos de giras internacionales y actuara en público como propagandista de Daniel Ortega, a quien dedicó varios combates, concretamente el desarrollado en Chicago, en agosto de 2005. Apenas tres meses después de la denunciada violación, un juez sandinista absolvió al púgil.
"Daniel Ortega, un ladrón como Alemán", dice uno de los apartados del informe, que acusa al presidente nicaragüense de haberse enriquecido ilegalmente antes de ser derrotado en las elecciones de 1990 por Violeta Chamorro. "Ortega supervisó el robo de miles de millones de dólares en tierras y propiedades estatales que fueron a parar a manos de su familia, Humberto Ortega y otros prominentes sandinistas", señala el despacho que abre la serie. "Después de la victoria sandinista de 1979 (sobre la dictadura de Anastasio Somoza) Daniel inmediatamente confiscó la residencia el diputado Jaime Morales y, además, robó las casas y propiedades que rodeaban la residencia de Morales y (Ortega) se construyó su propio complejo: una manzana entera en el centro de Managua".
El informe enviado a Washington recoge el asesinato del periodista de radio William Hurtado y señala a Ortega y colaboradores suyos como "sospechosos de ordenarlo". También imputan al gobernante lazos con el capo narcotraficante colombiano Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993. El primer informe de la serie "Los más buscados" concluye relacionando al presidente nicaragüense con el terrorismo. "Muchos de los terroristas de los años ochenta todavía viven en Nicaragua", escribe el embajador.
