Discurso del Presidente Funes
Al finalizar el primer año de gestión, vengo a presentar ante esta Honorable Asamblea el informe de la labor de mi gobierno.
Antes de ello, en virtud de este nuevo desastre natural que nos ha golpeado, quiero llevarles mi cariño a todas las familias damnificadas, en especial a quienes han perdido sus familiares y sus pertenencias.
Quiero enviarles mi solidaridad y mi compromiso de que permaneceré junto a todos para ayudarles y aliviarles su dolor.
Los organismos de atención de la emergencia están funcionando en todo el país y, por primera vez, en muchísimo tiempo, el Estado ha reaccionado a tiempo, anticipándose al fenómeno climático.
Ello ha significado que hemos evitados males mayores y que estamos ahora más próximos a las familias necesitadas de ayuda.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la situación del país y comenzar por el momento en el que recibimos el gobierno, para contextualizar así las acciones emprendidas, las dificultades encontradas, los aciertos y errores de estos intensos doce meses de labor.
Recordemos: en los días previos a las elecciones e inclusive en los tres meses de transición que precedieron a la alternancia democrática y a mi toma de posesión como Presidente, no faltaron las predicciones fatalistas acerca del rumbo que tomaría el país.
Se hablaba de que un eventual gobierno de este servidor significaría un salto al vacío y que ocasionaría fuga de capitales, el derrumbe de la democracia, la ingobernabilidad y el caos...Nada de eso aconteció, como hemos visto.
Por el contrario, desde el primer momento comenzamos a generar confianza, tranquilidad y a crear un clima de convivencia y libertad que el país no vivía desde mucho tiempo atrás.
La inmensa mayoría del país nos demandó terminar con la intemperancia de los extremos, el enfrentamiento y el odio y la política entendida como la guerra.
Y con ese mandato comenzamos a caminar por un sendero de concordia y unidad. La democracia se fortaleció y la alternancia ordenada y pacífica trascendió nuestras fronteras.
A raíz del doloroso golpe de Estado sufrido por el pueblo hermano de Honduras la comunidad internacional puso los ojos en Centroamérica y los líderes mundiales, como los presidentes Barack Obama de los Estados Unidos, José Luis Rodríguez Zapatero de España o Lula da Silva de Brasil, han reconocido el liderazgo democrático salvadoreño en nuestra región.
La clave de nuestra transición pacífica, que hoy asumimos como algo normal pero que supuso un enorme esfuerzo, está en la apuesta decidida que hice desde el primer día por la unidad nacional.
El gobierno del cambio, en contra de lo que muchos temían, antepuso el bien común a cualquier beneficio partidario; buscó alianzas, no confrontación; abrió mesas de diálogo, no barricadas y, por encima de todo, estableció una máxima que transformaría radicalmente la forma de gobernar: ninguna política pública se lleva a cabo sin discutirla previamente con los sectores implicados.
Ese fue el primer gran cambio que generamos y no fue algo menor. Sobre esa base establecimos una nueva forma de participación de todos los actores de la vida nacional en la política.Por poner un ejemplo, la creación del Consejo Económico y Social permitió que sectores que durante años no habían mantenido ninguna comunicación se sentaran alrededor de una misma mesa y comenzaran a trabajar juntos. Después de décadas de desentendimiento, los que meses antes eran enemigos históricos empezaron a superar obstáculos y a establecer una nueva agenda de diálogo.
Estos son hechos insoslayables e irreversibles. Estos son cambios de trascendencia institucional y política que nadie puede ocultar.
Este nuevo paradigma, sin embargo, no está exento de obstáculos. La búsqueda de acuerdos lleva aparejada muchas veces una mayor complejidad y lentitud en la toma de decisiones. Pero si queremos avanzar en políticas de Estado, de largo aliento, sólo lo lograremos mediante el diálogo y la concertación.
Las condiciones del país al momento de asumir mi responsabilidad presidencial eran dramáticas.
A la crisis estructural provocada por un modelo económico que a nivel local y mundial mostró su fracaso, que había destruido el aparato productivo y el tejido social del país, se había sumado una fuertísima crisis mundial.
Esta crisis nos tomó en plena recesión, sin defensas ni estrategia para enfrentarla, y provocó el cierre generalizado de empresas, de micro y pequeños emprendimientos y una caída del orden de los 40 mil empleos. La pobreza había crecido y el desempleo y subempleo alcanzaba a la mitad de la población.
Estas son cifras que no se generaron con mi gobierno. Recordemos: según el Informe sobre el empleo en El Salvador, del Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo, sólo 2 de cada diez trabajadores tenía un empleo decente, es decir con salario que garantiza una vida digna y seguro social.
El déficit fiscal que heredamos era de más de mil millones de dólares: el 5,5% del Producto Interno Bruto. En ese punto nos hicimos cargo del gobierno y echamos a andar.
Las políticas de estabilidad y de promoción del empleo a través de diversos programas, que acompañaron los esfuerzos de la actividad privada, comenzaron ya a dar frutos.
Desde marzo de este año la tendencia se ha revertido y ya podemos hablar del fin de la recesión y el inicio de una incipiente pero alentadora recuperación económica.
En efecto, desde el mes de marzo la evolución de la actividad económica medida por el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) ha mostrado una variación positiva del 0.8%, tras 20 meses consecutivos de tasas negativas.
La misma tendencia al alza han experimentado dos de las variables más importantes de nuestra economía: las exportaciones, que cerraron el primer trimestre de este año con un crecimiento cercano al 13% y las remesas, que aumentaron casi el 5%.
Paralelamente, nuestro país registró la tasa de inflación más baja de América Latina, que se encuentra en estos momentos en el 0.6%. Según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, entre julio de 2009 y febrero 2010 se crearon unos 7,000 nuevos empleos.
Estos datos son coherentes también con el balance positivo que arroja la recaudación del impuesto de la Renta, que ha aumentado un 14.6% en este último ejercicio.
Quiero puntualizar en este sentido que ese crecimiento se debe, en parte, a la mejora de las condiciones económicas en el país, pero también a la puesta en marcha de la reforma fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda, que nos está permitiendo una mayor eficiencia en la tributación.
Por otra parte, y a pesar de la coyuntura internacional, los datos del segundo semestre de 2009 nos demuestran que la desconfianza de los inversionistas de la que han hablado algunos sectores no coincide con la realidad económica.
La realidad es que del total de inversión extranjera directa que llegó al país en 2009, que fueron 430.7 millones de dólares, 400 millones llegaron en el segundo semestre, con el comienzo de este gobierno.
Por otra parte, solo en el período de enero a mayo del 2010 se han establecido 5 nuevas empresas de los sectores textil, aeronáutica y procesos empresariales a distancia, fruto de la confianza en el clima de inversión del país y en la recuperación de los mercados.
Esta es una realidad que contradice la triste y lamentable afirmación de que invertir en El Salvador es una locura. Actitud que solo puede esperarse de los enemigos de la democracia.
Inversores locales e internacionales tienen más fe y esperanza en el país que unos pocos malos salvadoreños.
Los datos macroeconómicos de estos primeros meses del año nos dan una perspectiva clara sobre el despegue de nuestra economía.
Señoras, señores:
En una situación dramática como la que he descrito brevemente, la prioridad eran las políticas sociales que permitieran ayudar a quienes más sufrían las consecuencias de la crisis.
Para ello, establecimos un nuevo paradigma: dejar atrás las políticas asistencialistas y clientelistas y comenzar a diseñar políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. De ese modo, tomamos dos medidas esenciales:
La primera fue la creación de la Secretaría de Inclusión Social –presidida por la Primera Dama, mi querida esposa Vanda, que, precisamente, ha puesto la agenda de respeto a los derechos humanos en primer plano.
En estos meses, la nueva Secretaría reactivó el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor luego de que permaneciera inactivo por más de ocho años. Ha buscado convenios estratégicos con entidades como ANDA, Insaforp, con empresas como Microsoft y con gremiales como la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador para la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, jóvenes en riesgo social y adultos mayores. Ha puesto en marcha el diálogo con más de seis mil jóvenes del país para elaborar la primera Política Nacional de Juventud y creó la Dirección de Diversidad Sexual, una entidad técnica que, como primera iniciativa, promovió la firma del Decreto Ejecutivo número 56, que prohíbe todas las formas de discriminación en la Administración Pública, por razones de identidad de género y/o de orientación sexual.
De esta forma, estamos dando respuesta a demandas largamente esperadas por sectores de nuestra sociedad que nunca antes habían sido sujeto de políticas públicas.
Mención especial merece también la atención a las mujeres, que ha iniciado una nueva etapa con la adquisición de la que será la primera sede de Ciudad Mujer en el municipio de Lourdes, Colón. Se espera que este nuevo centro integral se ponga en marcha en los próximos meses.
La segunda medida fue concebir los programas sociales dentro de un Sistema de Protección Social Universal, que significa elaborar las políticas con criterios de protección y promoción social y con carácter universal, que han sido concebidas como de largo aliento. Es obvio que con la gran escasez de recursos del Estado, las medidas adoptadas son de aplicación progresiva.
La decisión de que esta vez la crisis no la paguen los más débiles nos llevó a la aprobación de un amplio programa de medidas sociales.
Así, eliminamos las cuotas voluntarias en los hospitales y comenzamos la distribución gratuita y masiva de medicamentos. Esto ha permitido que las consultas en la salud pública aumentaran un 40%.
En materia de medicina preventiva, el gobierno triplicó la aplicación de vacunas. Además, se duplicó la inversión en vacunas con la introducción de la vacuna del neumococo. También se ha agilizado la atención de cirugías, en concreto se han realizado 8,450 intervenciones, algunas de las cuales tenían retrasos de hasta 2 años.
En cuanto a la infraestructura de Salud, entre agosto y septiembre de este año, está prevista la entrega de los cuatro hospitales en reconstrucción: San Juan de Dios de San Miguel, Santa Gertrudis de San Vicente, San Pedro de Usulután y Santa Teresa de Zacatecoluca. También será inaugurado en breve el Policlínico Zacamil, un centro que contará con especialidades médicas, hospitalización y descongestionará el servicio en el Hospital General, Roma y en la Unidad Médica Atlacalt.
En el área de Educación, el gobierno desarrolló el programa de ayuda a las familias de escasos recursos más ambicioso de que se tenga memoria. A partir de enero de este año se entregaron uniformes, zapatos y útiles escolares a un millón trescientos cincuenta mil alumnos y alumnas que asisten a la escuela pública.
Esta gran tarea fue concebida de manera que no sólo fuese una ayuda a las familias, sino también que promoviera el empleo.
Entre artesanos, empresas familiares, cooperativas, etc. se generaron 40,000 empleos directos. En la confección de uniformes han participado 2,605 artesanos, 644 micros y pequeñas empresas y 262 empresas maquiladoras. En la elaboración de zapatos han participado 661 artesanos y 1,824 distribuidores locales. En el caso de los útiles escolares se contrataron 2,461 micros y pequeñas empresas y 1,515 distribuidores locales. Paralelamente, ampliamos la alimentación escolar gratuita a 4,950 centros educativos tanto rurales como urbanos y a 196 centros de atención inicial del ISNA. La inversión en este programa asciende a 15 millones de dólares.
Para reforzar la ayuda a las zonas más necesitadas del país se amplió la iniciativa Comunidades Solidarias Rurales a los cien municipios más pobres, lo que ha supuesto una inversión de 18.7 millones de dólares.
En los 32 municipios más pobres de las áreas rurales, pusimos en ejecución la Pensión Básica Universal, destinada a mayores de 70 años sin recursos, que nunca habían disfrutado de ninguna ayuda gubernamental. Son 50 dólares mensuales, más atención especializada de salud, actividades de capacitación, cultura y entretenimiento.
Ante el crecimiento exponencial de la pobreza urbana y ante la falta absoluta de atención a esos sectores, se creó Comunidades Solidarias Urbanas, que lanzamos en 2 programas piloto concluidos con éxito en los municipios de San Martín y Ahuachapán.
Dentro de esta ambiciosa iniciativa se desarrolló el Programa de Ayuda Temporal al Ingreso (PATI), que consiste en un bono de 100 dólares mensuales para jóvenes y mujeres jefas de hogar sin empleo, a cambio de lo cual los beneficiarios tienen cuatro días de trabajos comunitarios y productivos y una jornada de capacitación laboral.
Por su parte, los pequeños productores rurales, que cultivan hasta una manzana para su subsistencia, han recibido este año 420 mil paquetes agrícolas, con semillas y fertilizantes.
La labor destinada a aliviar el bolsillo de los consumidores continuó con medidas como el acuerdo alcanzado entre las empresas de telefonía y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) que redujo las tarifas telefónicas.
Desde enero, la tarifa pre pago de la telefonía móvil disminuyó entre un 30 y 50%.
Además, promovimos un proceso de negociación con las empresas telefónicas que culminó en un decreto legislativo que disminuyó el cargo básico de telefonía fija de casi 10 dólares a $6.91 y redujo las llamadas de fijo a móvil en cinco centavos.
La Defensoría del Consumidor, por su parte, tuvo un papel importante en la protección de los derechos ciudadanos. En este primer año ha resuelto 18 mil casos individuales de consumidores a quienes se les han devuelto más de 3 millones de dólares. Se dio respuesta a 237.400 usuarios de servicios financieros en cinco casos colectivos y se les reintegraron 4 millones 200 mil dólares.
Honorable Asamblea:
Es parte esencial de nuestro modelo económico y social la dignificación de los trabajadores y trabajadoras, así como la promoción de la representación sindical para la defensa de sus derechos. En nuestra breve gestión, el Ministerio de Trabajo ha legalizado 75 nuevos sindicatos.
Tal vez, la medida más trascendental en este sentido es la incorporación del personal del servicio doméstico al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Un universo de 27 mil trabajadoras y trabajadores del hogar podrán ingresar en los próximos 4 años; de ese universo, el 90 por ciento son mujeres.
Se trata de un paso histórico en el reconocimiento de los derechos del personal doméstico, que desde siempre ha permanecido en un régimen de semi esclavitud.
A su vez, el Ministerio de Trabajo lidera una campaña nacional para la erradicación del trabajo infantil, en concordancia con los compromisos nacionales hacia los Objetivos del Milenio y el cumplimiento de otros Tratados Internacionales.
Lamentablemente, esta práctica que afecta negativamente a más de 300 mil niñas y niños todavía se acepta en nuestra sociedad, con la justificación de mantener a los jóvenes alejados de las calles.
Sin embargo, esa no puede ser la respuesta de un país responsable con sus hijos e hijas.
Debemos ofrecerles mejores oportunidades de desarrollo que les permitan vivir una infancia y una juventud felices y evitar la explotación infantil de parte de las empresas.
Señoras y señores,
La lucha contra la pobreza no es meramente una política social. Es la herramienta más eficaz para el desarrollo económico en economías débiles y empobrecidas como la nuestra.
Por eso, el modelo económico que hemos puesto en marcha apuesta decididamente por la eliminación de la pobreza y por la inserción de las clases más humildes a la clase media. Es el mismo modelo que pusieron en marcha países a los que ya nadie cuestiona su éxito, como India, China o Brasil.
Este modelo económico que estamos construyendo implica también pasar de una economía especulativa a una economía productiva. En este sentido, saben ustedes muy bien que la queja generalizada de los sectores productivos del campo y la ciudad se refiere a la falta de crédito.
Por esa razón, desde el Estado estamos estableciendo estrategias de apoyo a la producción nacional, principalmente a través de la inversión pública y creando programas de apoyo crediticio a los productores.
En el caso de la inversión pública quiero, en primer lugar, dar un dato concreto. Se ha dicho que no hemos sido diligentes en la ejecución de la inversión, sin embargo, esto tampoco concuerda con la realidad de las cifras.
Mi gobierno, en un contexto de contracción económica sin precedentes, ha ejecutado 494 millones de dólares en inversión pública en los últimos 12 meses. Es decir, 192 millones más que la anterior administración en su primer año de gestión.
Paralelamente, en contraposición a la tendencia de la banca privada que ha contraído el crédito a los sectores productivos en un 5.2% en lo que va de año, la banca estatal ha aumentado su cartera crediticia y ha abierto nuevas líneas de crédito específicas para apoyar a pequeños y medianos empresarios y productores agropecuarios mediante la línea de financiamiento con garantías “Sigue produciendo”. También ha aumentado el apoyo financiero a sectores estratégicos como el turismo, las exportaciones y las energías renovables.
Ustedes saben que hemos puesto enormes expectativas en recuperar la antigua pujanza del campo salvadoreño. Por eso, hemos iniciado estrategias tales como el programa de rescate integral para el sector cafetalero y las líneas de crédito para los productores de granos básicos, que se anunciaron hace pocos días.
La entrega de 7,000 títulos de propiedad de la tierra en estos meses, que alcanzará las 14 mil escrituras a fin de año y las 90 mil al terminar nuestro mandato, es también una manera de promover la producción agropecuaria.
No hemos atentado contra la propiedad privada como pronosticaron nuestros detractores. Lejos de ello, estamos aumentando el número de propietarios privados y generando seguridad jurídica en el campo.
Lo mismo ocurre con el programa de semilla mejorada que continuará con la entrega de semilla de aquellos granos que se cultivan en junio y agosto; arroz, fríjol y sorgo, así como los paquetes de la cosecha postrera. Eso beneficiará a otros 176,555 productores. Por otra parte, en 2011 está previsto que el plan alcance a setecientos noventa y tres mil, es decir, casi doscientos mil más que este año.
Hemos dicho muchas veces que no es el gobierno el mayor generador de empleo, sin embargo, en el contexto de crisis del último año hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que la inversión pública sirviera como estímulo para la reactivación económica y la generación de empleo.
Como parte del programa Casa Para Todos, en el último año hemos entregado ya más de mil viviendas y tenemos pendientes de entrega tres mil quinientas ochenta y seis más, en los próximos 15 meses. Entre ellas, el proyecto La Bretaña, que consta de 1,909 casas y apartamentos y el proyecto Nuevo Belén, en San Miguel, con otras 499.
Paralelamente, se han mejorado la condiciones de casi mil familias con el programa Piso y Techo y de más de 8 mil 300 familias en el componente Mejoramiento Integral de Barrios. La ejecución de éstos proyectos habitacionales ha generado treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco empleos en el primer año, entre mano de obra directa e indirecta.
Asimismo, el Fondo Social para la Vivienda ayudó a cerca de 26 mil salvadoreños y salvadoreñas a mejorar sus condiciones de vivienda por medio de créditos. En total, se otorgaron casi 92 millones de dólares en préstamos para la adquisición de viviendas. En 2010 se aumentará esta cifra, llegando a un total de 105 millones de dólares, que beneficiará a 29 mil 400 salvadoreños.
En el capítulo de mejoras en los servicios públicos debo destacar las 653 obras de agua y electrificación realizas por el FISDL en zonas rurales, que no sólo contribuyen a mejorar las condiciones de vida en los rincones más remotos de país, sino que también han generado una buena cantidad de empleos.
El Ministerio de Obras Públicas también ha reiniciado 22 obras que la anterior administración tenía paralizadas y ha invertido $58.7 millones en diferentes proyectos, entre ellos el inicio del camino rural en Chapeltique-Sesori, en San Miguel y la pavimentación del camino rural Chalatenango-Arcatao.
Adicionalmente, se han comprado 26 puentes para restablecer la conectividad vial en zonas golpeadas por la tormenta Ida y se abrió el plantel de la zona norte, para mejorar 242 kilómetros de calles transversales que comunicarán las comunidades y la carretera Longitudinal del Norte.
En el último año, Fomilenio ha acelerado considerablemente su plan de realizaciones, lo que nos ha colocado como el primer país en cuanto a la eficiencia en la ejecución de estos fondos. De hecho, nuestro país ya ha solicitado al gobierno de Estados Unidos el otorgamiento de una segunda fase del programa Reto de la Cuenta del Milenio.
Por su parte, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, ha incrementado el caudal de agua que abastece la zona metropolitana en 600 litros por segundo y ha invertido más de siete millones en proyectos en 40 municipios de 14 departamentos, beneficiando a 148 mil personas. Además, inició la compra y próxima instalación de 175 mil medidores para corregir anomalías en el cobro del servicio y proyecta la inversión de $68 millones en distintas obras de mejoramiento del servicio y saneamiento.
Otro aspecto muy relevante del desarrollo en los próximos años será la inminente puesta en marcha del Puerto de la Unión.
Recordemos que la decisión de construir este puerto se tomó en 1998 y se inició con un préstamo por valor de 90 millones de dólares. Finalmente, su construcción finalizó en diciembre de 2008 y su costo se elevó a 200 millones de dólares.
Este gobierno recibió la obra sin equipos y con algunas otras obras físicas por terminar. Desde que llegamos al gobierno hemos trabajado en dos vías para reactivar este proyecto que encontramos paralizado. La primera es la inmediata puesta en marcha del puerto, que en la actualidad está listo para iniciar operaciones.
De hecho, su inauguración estaba prevista para ayer, pero no pudo realizarse debido a que hemos tenido que atender la emergencia ocasionada por la Tormenta Agatha. Y la otra vía es la contratación de una banca de inversión, que está trabajando actualmente en el diseño de una ley de concesión que deberá llevarnos a conseguir el mejor modelo de gestión para esta infraestructura.
Como les decía, todo está ya listo para que el Puerto comience sus operaciones en breve. Pero, además, el proyecto de ciudad puerto que hemos diseñado va mucho más allá de la simple operación logística e incluye un plan integral para el desarrollo de la región oriental del país.
En un plazo máximo de 60 días, por iniciativa de su servidor, estaremos presentando a la Asamblea el proyecto de ley de concesión, en las condiciones más favorables para el país.
El esfuerzo de CEPA en el área de infraestructuras incluye también la inversión de 40 millones de dólares en los próximos 5 años en el aeropuerto de Comalapa, que nos permitirá pasar de 2 millones de pasajeros al año a 2 millones 700 mil.
En materia de energía, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) invirtió más de 77 millones de dólares en varios proyectos. El más ambicioso de ellos es la construcción de la represa El Chaparral, en San Miguel, la quinta central con la que contará el país. Se espera que en mayo de 2013 esta central alcance su nivel máximo y esté operativa. La obra finalizada supondrá una inversión de $219 millones.
Honorable Asamblea:
En nombre del gobierno quiero agradecerles la aprobación de los préstamos concedidos por el Banco Centroamericano de Integración Económica, que nos permitirán finalizar el Bulevar Diego de Holguín, comenzar la construcción del Hospital de Maternidad, la modernización del sistema 911, la construcción y reparación de escuelas, la realización de obras de mitigación, la construcción de viviendas para familias que viven en estado de riesgo, etc.
Les aseguro que utilizaremos esos fondos con eficiencia y total transparencia.
En cuanto al bulevar Diego de Holguín, el largo proceso hasta la adjudicación de la obra, que comprende todos los pasos necesarios para la licitación, nos ocupará hasta la primera semana de noviembre, fecha en la que se realizará la firma del contrato. Se espera que el inicio de obra sea el 8 de noviembre y que se prolongue por 360 días, por lo que su finalización estaría prevista para diciembre de 2011.
En breve se iniciará también el proceso de licitación del Hospital de Maternidad, que demorará 77 días. Se espera que la ejecución de la obra inicie el lunes 24 de enero de 2011 y finalice el 3 de agosto de 2012. El proyecto completo demorará 400 días.
Con el objetivo de simplificar y dinamizar los procedimientos y de abrir la participación de las pequeñas y medianas empresas en estos procesos, mi gobierno estará presentando en los próximos días un proyecto de reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que ha sido consultado dentro del sector público y con el sector privado. Espero que esta iniciativa cuente con el respaldo de ustedes.
Diputados y diputadas,
Quisiera ahora referirme a la relación de mi gobierno con los municipios. Además de trabajar de la mano con todas las alcaldías, sin distinción de colores políticos, en la elaboración y ejecución de los programas sociales y productivos, estamos promoviendo la descentralización y la ampliación de la ayuda a los gobiernos locales. Un ejemplo de ello es el préstamos de 80 millones ofrecido por el Banco Mundial para fortalecer a las alcaldías.
Sabemos que no solamente el gobierno central sufre las consecuencias de la falta de recursos para hacer frente a las demandas del pueblo. También las sufren los municipios, que se han visto obligados a endeudarse, en algunos casos por volúmenes que comprometen seriamente su desempeño.
Por esta causa, hoy quiero anunciarles que he dado instrucciones al Ministerio de Hacienda para que busque fórmulas que nos permitan aliviar la carga de las alcaldías, que, repito, tienen comprometida buena parte del FODES en el pago de créditos.
En los próximos 90 días, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a presentarme una alternativa financiera para que los municipios puedan reducir el pago de las cuotas que ahora mismo están abonando al sistema bancario, al sistema financiero no bancario e incluso a prestamistas. De esta forma, podrán liberarse de gran parte de esta carga y dedicar sus ingresos a las tareas de desarrollo que tanto necesitan nuestros municipios.
Diputados y diputadas,
Recientemente, el Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC) destacó en un informe que El Salvador es el país más vulnerable del mundo ante la ocurrencia de desastres, y el reciente paso de la tormenta Agatha nos ha dado muestra de que eso es cierto, pero también de que si actuamos con la debida prevención podemos reducir considerablemente las consecuencias de los desastres naturales.
Quiero aprovechar esta intervención para felicitar públicamente a todos los funcionarios, entidades colaboradoras y voluntarios, así como a la población, por su colaboración y esfuerzo para que la gestión de esta emergencia haya sido un éxito. Muchísimas gracias a todos.
Para lograr eso hemos dado un giro de 180 grados con nuestra política de manejo de riesgos. Protección Civil, a través del Ministerio de Gobernación, ha liderado la creación de comités locales de prevención, sobre todo en los municipios de mayor riesgo.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se está impulsando el Programa Nacional de Reducción de Riesgos, que tiene un financiamiento de $23.5 millones. Se está fortaleciendo la red de estaciones de monitoreo, que son parte del sistema de alerta temprana. De hecho, desde la semana pasada contamos con una nueva estación en El Picacho que transmite ininterrumpidamente información sobre la lluvia caída en esa zona. Es uno de los 42 sistemas que se instalarán en los próximos 12 meses. Como ven ustedes, hay cambio de actitud, puesto que ahora no reaccionamos ante las desgracias si no que trabajamos por prevenirlas.
Diputados y diputadas:
La mayor preocupación de nuestra población y de este gobierno es, sin duda, la inseguridad.
Recordemos que, en este sentido, el panorama que recibimos hace un año era desolador. El Salvador era ya entonces el país más violento de América Latina y el crimen organizado se desplegaba a sus anchas en todos los niveles de la sociedad y del Estado.
La inseguridad ha sido el gran reto que comenzamos a enfrentar, con decisión y unidad.
Y comenzamos por nuestra propia casa, limpiando las instituciones que, como la Policía, han sido presa de la corrupción y de la compra de voluntades.
Ya han sido destituidos 237 funcionarios y aproximadamente mil más están siendo investigados. Son funcionarios que deshonraron su posición de servidores públicos y se pusieron al servicio de la droga, los asesinos y los extorsionadores.
Pero quiero destacar también que, aunque las estadísticas aún no reflejen el sacrificio que están realizando nuestros agentes, sí hemos logrado avances que merecen ser difundidos.
Por ejemplo, se puso en marcha el régimen de disponibilidad que permite contar el 50% de efectivos policiales y se han incorporado más de 2 mil 400 nuevos policías graduados de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Como parte de la política de saneamiento, se ha destituido a 237 cargos y aproximadamente mil más están siendo investigados.
A la par, se ha autorizado el despliegue de más 7 mil 500 efectivos militares en apoyo a tareas de seguridad pública que incluye vigilancia de puntos ciegos, control perimetral, revisión de custodios y de visitas en los centros penitenciarios y la intervención en caso de amotinamiento.
Quiero enfatizar que en un año nuestra policía desarticuló 115 bandas de delincuentes y golpeó a 203 clicas de maras. Se realizaron 61 mil 586 detenciones, entre ellas, 2 mil 652 personas por homicidio y a 2 mil 562 por extorsión, de las cuales el 98% fueron condenadas.
Incautó drogas por valor de más de 12 millones de dólares y capturó a importantes traficantes, como Juan Colorado. Decomisó 4 mil 709 armas de fuego. Sólo en los centros penales se decomisaron casi 2 mil teléfonos móviles y mil chips más. También se recuperaron un promedio de 5 vehículos robados al día y se decomisó mercadería de diversa índole por valor de 19 millones de dólares.
Son logros de nuestros policías que ponen en riesgo la vida para llevar un poco de tranquilidad a nuestras familias.
Este gobierno entiende, sin embargo, que un verdadero plan de seguridad no puede tener éxito sin una amplia y eficaz Estrategia de Prevención Social de Violencia, a llevarse a cabo entre todas las instituciones del Estado y trabajando de la mano con los municipios.
El Ministerio de Justicia coordina la labor de otras áreas, como los ministerios de Salud, Educación, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Deportes, entre otros para lograr este objetivo.
Colaboran también un nutrido grupo de ONG’s que trabajan en prevención, iglesias y gobiernos municipales. En el marco de esta estrategia se desarrollan gradualmente las Escuelas para la Convivencia, en 18 comunidades de 9 municipios, en las que participan 4,700 niñas, niños y adolescentes.
En esta tarea preventiva, la iniciativa más ambiciosa es sin dudas el programa Pro jóvenes, que está en su segunda fase de ejecución y demanda una inversión de 14 millones de dólares en estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia. De este programa participan 100 mil jóvenes.
Diputados y diputadas,
La lucha contra la corrupción y la transparencia en la labor de mi gobierno son compromisos que asumí desde el primer día de gestión.
El gobierno ha comenzado a cerrar todos los portillos de la corrupción en el aparato del órgano Ejecutivo y, a través de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, está investigando todos los casos del pasado sospechosos de corrupción.
Algunos ejemplos: la construcción del Bulevar Diego de Holguín, que involucra a dos ex Ministros; las irregularidades halladas en Gobernación, que involucran a su vez a otros tres ex Ministros; en el Seguro Social, en el Viceministerio de Transporte, en el Ministerio de Salud, en los Infocentros y en ANDA.
En fin, es una larga lista que poco a poco se está destapando y que estamos llevando a la Justicia. Hasta el momento se han denunciado 120 casos seriamente investigados. Estamos coordinando la apertura de Oficinas de Información y Respuesta (OIR) en las instituciones del Ejecutivo, como las que ya han sido inauguradas en el FISDL y en la Lotería Nacional de Beneficencia.
Además, somos el primer país en América Latina que se ha ofrecido de forma voluntaria para que la verificación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, sea IN SITU, con visitas presenciales y no solamente a través de documentos; una exigencia que la sociedad civil ha hecho por años a la Organización de Estados Americanos.
Este es uno de los grandes cambios que le prometí a los ciudadanos y ciudadanas y lo estamos cumpliendo.
Honorable Asamblea:
El cambio que estamos impulsando se refleja también en la política exterior de El Salvador.
En paralelo al esfuerzo por construir la unidad de nuestro país, hemos trabajado también por la unidad centroamericana.
Este proceso se vio seriamente dañado por el golpe de Estado producido en nuestra hermana república de Honduras, que condenamos con vehemencia. Ustedes saben que luego de las elecciones que llevaron al gobierno al Presidente Lobo he abogado para que Honduras vuelva a ser reconocida por los organismos multilaterales. Es preciso su reingreso al SICA para darle a nuestro sistema de integración un nuevo impulso, no sólo económico, sino también social y cultural. En ese marco, destaco la reciente firma del acuerdo de asociación Centroamérica – Unión Europea.
Nuestra política exterior no está condicionada por intereses ideológicos ni alineada a otros intereses que no sean los de la Nación salvadoreña. En ese sentido, reabrimos las relaciones con Cuba, que habían sido interrumpidas durante más de 50 años.
Estrechamos los lazos con los Estados Unidos, donde habitan y trabajan dos millones y medio de compatriotas. Tuve el honor de ser el primer mandatario centroamericano en reunirme con el presidente Barack Obama, con quien iniciamos una nueva alianza en el combate a la pobreza y por la seguridad regional.
La visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, nos permitió, también, estrechar los lazos de cooperación con ese país y obtener importantes líneas de crédito.
Merece la pena resaltar también la apertura de nuevos consulados en puntos clave para nuestros hermanos migrantes como Tapachula, Arriaga, Veracruz y Monterrey.
La comunidad internacional ha expresado su reconocimiento unánime por la actitud del gobierno, en nombre del Estado salvadoreño, de pedir perdón por las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado; por el pedido de perdón, en particular, a los familiares de Monseñor Oscar Arnulfo Romero por su asesinato; por la creación de la Comisión de Búsqueda de Menores Desaparecidos; por el reconocimiento de la deuda histórica del Estado con los lisiados de guerra.
Estos pedidos de perdón abren una nueva etapa en la vida del país en materia de derechos humanos y contribuyen a reforzar aún más la construcción de la paz y la unidad de nuestro pueblo.
Honorable Asamblea
La unidad nacional, el fortalecimiento y ampliación de la democracia, la lucha contra la pobreza, sentar las bases de un nuevo modelo de gestión económica fundado en la producción y el trabajo, la vigencia plena los derechos humanos y sociales y la unidad centroamericana son los ejes del nuevo rumbo emprendido por este gobierno.
Es un rumbo claro que prioriza los intereses de Nación por encima de los intereses sectoriales o de grupo.
Es un rumbo que ha dado lugar a la formulación de un Plan Quinquenal de Desarrollo, que reúne los programas y acciones de las distintas áreas del gobierno a ser implementados en los próximos años.
Es el Plan que ordena la labor gubernamental, que da predictibilidad y seguridad a los distintos actores económicos y sociales. Es el Plan que contiene las apuestas estratégicas que fueron consultadas con todos los sectores de la sociedad y las grandes realizaciones para este período de gobierno.
La inversión social y el fomento a la producción nacional son las máximas prioridades de este Plan y ambas áreas reúnen más del 80% de la inversión pública de los próximos 4 años.
Señoras y señores diputados,
Quiero decirles, con sinceridad, que me llena de orgullo ser el Presidente del pueblo salvadoreño. Un pueblo valiente y sufrido. Un pueblo que ha sobrevivido innumerables catástrofes, que enfrenta con coraje la pobreza y la adversidad, que lucha cada día por sobrevivir y superarse, que nunca se rinde y que mantiene viva, por encima de todo, la llama de la esperanza y la dignidad.
Un pueblo con esa grandeza merece liderazgos a su altura. Liderazgos capaces de trabajar unidos, que pongan por encima de todo el servicio a su país. Liderazgos que encaucen todos sus esfuerzos para construir un futuro mejor.
Es mi mayor deseo formar parte de esa clase política que la historia recordará por su vocación de servicio. Creo que le debemos ese acto de responsabilidad a aquellos que nos eligieron y que esperan de nosotros el mayor de los esfuerzos.
Por eso, diputados y diputadas, quisiera aprovechar esta ocasión que tengo de dirigirme a todos ustedes para pedirles que marchemos juntos por ese camino. Los salvadoreños y salvadoreñas, con su voto, depositaron en nosotros la responsabilidad de tomar decisiones, de dirigir y de liderar el destino de este país en un momento en que el mundo entero está cambiando y revisando sus paradigmas. Sepamos aprovechar este momento para reinventar juntos El Salvador. Trabajemos de la mano con creatividad, con energía y con el objetivo común de hacer de nuestra patria el lugar donde todos podamos convivir y ser felices.
Yo he llegado esta mañana a este honorable pleno para reafirmar ante ustedes, representantes del pueblo, mi vocación de unidad y mi voluntad de no vestir colores partidarios, de vestir solamente los colores azul y blanco de nuestra bandera.
Con la autoridad moral de ser el primero en dejar de lado mi pertenencia política para convocar a todos a la unidad y al sacrificio; con la autoridad moral que me otorga el haber pedido a todos los funcionarios de mi gobierno –ministros y ministras, viceministros y viceministras, presidentes de autónomas y demás organismos del Órgano Ejecutivo- que prioricen su función de servidores públicos y dejen de lado su militancia partidaria mientras estén en los cargos públicos; con esa legitimidad moral es que vengo a pedirles a ustedes que dediquemos todos nuestros esfuerzos y toda nuestra energía a el Salvador.
Les pido diputados y diputadas un año por la patria.
Un año en el que los intereses de partido queden en un segundo plano para que todos juntos privilegiemos los intereses generales de nuestra patria y de nuestro pueblo. Les pido, pues, un año de trabajo en conjunto.
Amigos, amigas:
Sigamos unidos, con fe y esperanza en nuestro país. Sigamos avanzando, sin temor de tomar las medidas más valientes, más audaces.
Son tan grandes los problemas que enfrentamos que no serán las decisiones tímidas y mediocres las que nos harán avanzar más rápido.
Este presidente está cada vez más dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para que tengamos un cambio cada vez más vigoroso, profundo y seguro.
Sé que para eso cuento con el apoyo de la mayoría del pueblo salvadoreño que quiere cambio y sé que contaré con el apoyo de todos ustedes.
Juntos estamos venciendo lo peor de la crisis y comenzamos a caminar en la senda del crecimiento.Y de ahora en adelante, juntos, vamos a hacer mucho más.
Que tengan muy buenos días.
Que Dios les bendiga
Que Dios bendiga a El Salvador
Instantes en que el Asambleísta Phil Ramos, defiende la posición de los inmigrantes y urge a sus colegas a votar en favor de condenar la ley SB 1070 por considerarla racista.
