Tomado de El Diario de
Hoy
Entre 2009 y 2011 la
Asamblea Legislativa le aprobó al Goes $3,574 millones, y para este año están
en camino $851.3 millones
Por Daniel Choto
Como si el país estuviera
en la mejor de sus bonanzas económicas, el Gobierno del Presidente Mauricio
Funes sigue sin dar muestras de minimizar el gasto corriente y de ser
responsable en el manejo de la deuda pública, según la diputada por ARENA Milena
de Escalón y algunos analistas económicos.
Tanto es así que esta es
la administración que más ha endeudado al país por año ($1,191.3 millones) y,
como si eso fuera poco, acaba de solicitar a la Asamblea Legislativa que le
apruebe $851.3 millones en préstamos internacionales para 2012, informó.
Según datos obtenidos a
partir de las estadísticas del Banco Central de Reserva, en manos de la bancada
legislativa de ARENA, solo entre 2009 y 2011 la Asamblea Legislativa le ha
aprobado al Ejecutivo $3,574 millones, a los que se sumarán 19 solicitudes de
créditos por $851.3 millones.
De aprobarse esa
cantidad, la actual administración estaría acumulando una deuda contratada de
$4,605 millones, equivalentes al 20.4% del Producto Interno Bruto (PIB), sólo
en tres años y medio de gestión, aseguró el analista económico, Claudio de
Rosa.
En tanto la diputada de
ARENA, Milena de Escalón, acotó que entre los nuevos préstamos que el Ejecutivo
quiere que se le aprueben antes de que el actual Congreso termine su periodo,
el próximo 30 de abril, figuran dos por la suma de $300 millones para gasto
corriente.
Ambos están dirigidos a
"tapar parte del hueco fiscal" que este Gobierno ha hecho crecer
desmesuradamente, sin ninguna prudencia por mantener el equilibrio de las
finanzas públicas, explicó.
El primer crédito es con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $200 millones para
fortalecimiento de la gestión fiscal y adaptación al cambio climático y, el
segundo, es con el Banco Mundial (BM) por $100 millones para apoyo
presupuestario del gasto corriente.
Al menos el préstamo del
BID ha sido disimulado, agregándole el destino "adaptación al cambio
climático", pero en realidad "estos nombres solo son adornos, porque
esto es para tapar el agujero fiscal y los problemas de caja que tiene el
Gobierno", dijo la legisladora.
Menos
obras
"Solo para este año,
en lo presentado a la Asamblea, están $851.3 millones", sintetizó la
legisladora, que se quejó de que este Gobierno es el que más impuestos ha
recaudado y el que menos obras ha hecho.
En efecto, según
información vertida por el mismo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en 2011
se recibieron $311 millones más que en 2010.
La diputada agregó que en
vez de haber cubierto sus necesidades con esos $311 millones adicionales,
"irresponsablemente aumentaron los gastos corrientes en $389
millones".
"Entonces, cuándo
vemos que gastan más de lo que ingresa, teniendo una buena recaudación, quiere
decir que no hay voluntad de tener esa austeridad que deberíamos tener para
poder enfrentar toda la problemática que atraviesa el país", afirmó.
De Escalón destacó que
este Gobierno va a llegar al final de este año con más de $13,000 millones de
deuda lo cual va a representar alrededor del 57% del PIB.
"Entonces, cuando
nosotros vemos esa cantidad de préstamos que se tienen y no vemos obras, uno se
pregunta ¿Cuál es la gran obra que han hecho, y por qué se han endeudado tanto,
adónde está la obra que han hecho? No se ve", cuestionó.
A pesar de ser el
Gobierno que más recursos ha tenido, también ha sido el que ha acumulado
"un déficit fiscal de 900 y pico de millones de dólares, no ha hecho obras
y todos los ingresos los ha destinado a gasto corriente, se quejó.
"Entonces, para
gastar en lo que ellos quieren sí tienen dinero, pero para darle a los
trabajadores no tienen", dijo, en alusión a los ínfimos intereses que el
Gobierno paga por los certificados de inversión previsional que son adquiridos
con fondos de pensiones.
Las críticas de la
congresista arenera tienen sentido, ya que este Gobierno ha tenido una gran
cantidad de dinero, por año y acumulado, en lo que va de su gestión, mayor que
los anteriores administraciones y, además, una gran recaudación de impuestos en
2011, agregó por su parte el economista, Claudio de Rosa.
Indisciplina
fiscal
"Lo preocupante es
que no se logra establecer disciplina, muestra de ello es que el compromiso con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se cumplió, lo que demuestra indisciplina
fiscal", añadió el analista.
Dicho incumplimiento
obliga también al Ejecutivo a que todas las proyecciones de aquí al 2015,
establecidas en el Acuerdo Stand-By con el FMI, se tienen que cambiar porque
"todo lo que ellos (el Gobierno) se propusieron, ya no es válido",
destacó.
De Rosa agregó que este
Gobierno se recordará por ser el que más recursos ha tenido a disposición en la
historia de El Salvador, como para reactivar la economía, algo que aún no se da
con la fuerza esperada.
Asimismo, el analista
Luis Membreño recomienda que para evitar que el desequilibrio fiscal continúe
deteriorándose, el Ejecutivo debe apretarse el cinturón y reducir el gasto
corriente en por lo menos $300 millones.
Para lograrlo "lo
primero es que no contrate nuevo personal, lo segundo es que las personas que
se retiren del Gobierno (ya sea porque se pensionan o cualquier otro motivo)
que ya no se recontraten esas plazas y se ahorren esos recursos. En tercer
lugar que se reduzca el gasto de funcionamiento del Gobierno, que puede ser un
10%, solo eso serían $50 millones y, por el otro lado, tienen que reducirse los
subsidios al gas, a la energía, al transporte público y con eso llegar a la
reducción de $300 millones", recalcó.
La solución para
incrementar los tributos y transparentar y disminuir los gastos es más política
que técnica, explicó tras reconocer que todos los tanques de pensamiento, el
mismo Gobierno y la empresa privada han planteado soluciones técnicas, pero que
por razones populistas y electoreras no se atreve a ejecutar.
En tanto Roberto Rubio, director ejecutivo
de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dijo que para tratar de
equilibrar los gastos del Estado se necesita una reforma que fortalezca las
finanzas públicas y le dé transparencia y racionalidad al gasto, además de un
entendimiento nacional en materia de crecimiento con un conjunto de medidas que
le den impulso a la economía.
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