Tomado de América Economía
Por Carlos Alberto MontanerFui a dar una c
onferencia a El Salvador invitado por la Cámara de Comercio y los servicios policiacos cubanos, como casi siempre, montaron su acostumbrado acto de repudio frente al edificio. Nada espectacular: unos cuantos sujetos que vociferaban obscenidades y sin ninguna imaginación gritaban consignas y entonaban pareados revolucionarios de los años sesenta y setenta. Los invitados a mi charla, unas 300 personas, ignoraron la gritería y procedieron tranquilamente al salón, en el piso veinte del soberbio edificio.Al terminar mi conferencia, un diplomático radicado en el país, muy buen conocedor de la situación nacional, me explicó que el embajador cubano, un señor llamado Pedro Pablo Prada, era un fanático situado en el Salvador con el propósito de radicalizar el proceso político salvadoreño, conducta que preocupaba al gobierno del presidente Mauricio Funes, un demócrata empeñado en mantener la ley, la armonía y el sentido común en un país notablemente polarizado.
Le respondí que en los países libres existía el derecho a la protesta callejera, aunque fuera orquestada por una embajada extranjera que financiaba y coordinaba estos “actos de repudio”. Por otra parte, no tenía la menor idea de quién era o qué se proponía el señor Prada, pero tampoco me sorprendía su actitud. Ese tipo de conducta irresponsable y provocadora forma parte de la estrategia internacional de la dictadura comunista cubana.
No obstante, le dije que nunca había entendido la rentabilidad ideológica de esas groseras manifestaciones públicas de la policía política cubana en suelo extranjero. Todo lo que consiguen es mostrar la peor cara del castrismo: la vulgaridad, la intolerancia, y la incapacidad para aceptar o debatir serenamente ideas diferentes a las que ellos predican e imponen por la fuerza. Esa noche, quienes escucharon mi conferencia (que sigue a continuación) tuvieron otra prueba de que mis afirmaciones estaban bien encaminadas.
Introducción. Muchas gracias por invitarme a hablar a El Salvador. No hay duda de que este país, como otras naciones latinoamericanas, está en medio de una difícil encrucijada. La sociedad está dividida en aproximadamente dos mitades en torno a una cuestión nada fácil de solucionar: cómo lograr unos niveles aceptables de prosperidad y desarrollo. Cómo establecer unas pautas de comportamiento justas y equitativas. Cómo crear un modelo económico y social en el que las personas perciban que tienen oportunidades reales de superarse y ascender por sus méritos y esfuerzos en condiciones de igualdad con los otros ciudadanos.
La primera observación que debo hacer es que este desacuerdo forma parte del problema. Las sociedades más justas, prósperas y desarrolladas del planeta se caracterizan, precisamente, por poseer una cierta visión compartida de la economía y de la forma de gobierno.
En Europa occidental, recientemente, cuando les abrieron la puerta a varias naciones que habían abandonado el comunismo, con el objeto de aceptarlas en la Unión Europea, les impusieron como condición lo que ellos llaman los Criterios de Copenhague, tres sencillos requisitos ineludibles, precisados en 1993 en la capital de Dinamarca:
la existencia de un marco institucional plural y democrático, basado en el imperio de leyes justas aplicadas a todos, que preserve los Derechos Humanos; economía de mercado, en la que los actores principales pertenezcan al sector privado, dado que la experiencia con las empresas públicas ha sido funesta; y el compromiso de cumplir con las obligaciones económicas que conlleva formar parte de la Unión Europea.
La inmensa mayoría de los electores consultados estuvo de acuerdo en aceptar esas condiciones para integrarse al mundo occidental. Sencillamente, se rinden ante la evidencia y no discuten, como muchos latinoamericanos, el modelo de Estado.
En efecto, en EE.UU., Canadá, y en los 27 países de la Unión Europea, el 90% de los electores coinciden en algunos temas fundamentales que definen el tipo de Estado que los ciudadanos desean tener, unidad de criterio que no poseemos en América Latina. ¿En qué coinciden? Coinciden en lo que me gusta llamar “Los siete mandamientos del Primer Mundo”:
Primero. La democracia representativa es el sistema más eficaz para organizar el espacio público. De acuerdo con la experiencia, es el modo menos imperfecto de enfrentar los retos comunes.
Segundo. La economía de mercado es el método superior de crear y asignar riquezas para beneficio del conjunto de la sociedad. Así funcionan los veinte países más prósperos y justos del mundo. No es perfecto, pero es mucho mejor que el modelo económico colectivista basado en las decisiones de los burócratas y en la planificación centralizada.
Tercero. La existencia y preservación de los derechos humanos y civiles es la condición legitimadora del Estado. Los Estados son un conjunto de instituciones al servicio de los individuos y no al revés.
Cuarto. El respeto por los derechos de propiedad es un elemento esencial de la convivencia. Los individuos tienen derecho a conservar las riquezas producidas con su esfuerzo, imaginación o creatividad y el Estado no puede arrebatarles arbitrariamente el fruto de su trabajo.
Quinto. Todos los ciudadanos tienen que someterse a la autoridad de la ley, y los gobernantes en primer término. No puede haber impunidad para los poderosos o para los mejor relacionados.
Sexto. Los funcionarios tienen que dar cuenta de sus actos de manera frecuente y permanente. Han sido electos o designados para obedecer a la sociedad en calidad de servidores públicos, no para mandar sobre ella. Son los individuos, organizados en esa fórmula muy laxa que llaman “sociedad civil”, los que deben vigilar a los gobernantes, y no al revés.
Séptimo. Para corregir los errores del anterior gobierno, es fundamental la oposición constructiva, el pluralismo político y la alternancia en el poder con garantías para todos los actores nacionales que se sujeten a las reglas del juego político.
En el mundo desarrollado y democrático hay varias familias políticas que debaten apasionadamente y luchan por ocupar el gobierno -fundamentalmente, liberales, conservadores, socialdemócratas y democristianos-, pero lo que discuten no es la demolición y reemplazo del sistema por otro diametralmente opuesto, sino el tipo de administración, el peso de la carga fiscal y otros factores laterales. En lo esencial, todos los partidos democráticos están de acuerdo, y esa coincidencia le proporciona estabilidad y predictibilidad al desempeño colectivo.
Es verdad que en el llamado primer mundo no todos los electores comparten esta visión del Estado o del modelo económico, pero quienes se apartan radicalmente de ella constituyen una exigua minoría. Probablemente, entre los extremistas de la izquierda, generalmente seducidos por las ideas marxistas, y los de la derecha, captados por el fascismo y el ultranacionalismo, ni siquiera alcancen el 10% del censo electoral.
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