Tomado de El Universo
El futuro del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos hoy se muestra atado a los acuerdos que se
logren ¬o no¬ en el interior de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las reformas son inminentes y apuntan a sus procedimientos y, principalmente, a
sus alcances.
La OEA se creó en 1948,
con la suscripción de su Carta en Bogotá (Colombia), y su objetivo ¬según el
artículo 1 del documento¬ era lograr en sus estados “un orden de paz y de
justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su
soberanía, su integridad territorial y su independencia”.
Hoy, 64 años después,
¿qué tan lejos está de ese propósito? ¿Es posible plantearse una OEA unida en
medio de la dispersión ideológica de América? En su 42ª Asamblea General,
celebrada entre el domingo y el martes en Cochabamba (Bolivia), se evidenciaron
los cuestionamientos al organismo regional más antiguo del continente.
La reunión era de
cancilleres, pero ¬alterando los protocolos ante una invitación del presidente
Evo Morales¬ el mandatario Rafael Correa reiteró allí su propuesta de reformar
la OEA y, en especial, sus mecanismos de defensa de los derechos humanos y la
libertad de expresión.
Los países de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Ecuador,
Bolivia, Venezuela y Nicaragua a la cabeza, ya habían arremetido contra el
Sistema y allí reiteraron sus críticas.
Estas se han enfocado
principalmente en uno de los dos organismos de derechos humanos de la OEA: la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El otro es la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ambos funcionan como entes
autónomos, aunque la ALBA alega “ injerencia” de Estados Unidos.
Tras horas de debate
sin consenso sobre el sistema de derechos humanos, el martes se aprobó la
resolución planteada por un grupo de países, encabezado por México, más
conciliadora que la inicial. Se encargó al Consejo Permanente de la OEA que
formule propuestas para la aplicación de reformas, “en diálogo con todas las partes
involucradas”. Se estableció, además, que en seis meses, o a más tardar en el
primer trimestre del 2013, esos planteamientos se pongan a consideración de una
asamblea general extraordinaria.
Aunque los cambios no
se concretaron en Cochabamba, esta “solución” ¬en teoría salomónica¬ ya
constituye un golpe para el sistema, según el criterio de José Miguel Vivanco,
director ejecutivo de la organización Human Rights Watch (HRW).
En diálogo telefónico
desde Washington, el chileno califica como un retroceso dejar en manos de los
estados miembros de la OEA una serie de cambios que, en principio, le fueron
planteados a la CIDH como recomendaciones no vinculantes.
Se refiere al paquete
de recomendaciones aprobado por la OEA el 25 de enero, para reformar el Sistema
Interamericano. Algunos planteamientos fueron criticados por unas 700
organizaciones no gubernamentales que consideran que se debilitaría la acción
de la CIDH y de una de sus ocho relatorías temáticas: la de Libertad de
Expresión.
La OEA adoptó las recomendaciones
un mes después de que Correa cuestionara las “grandes distorsiones” del
organismo y de la Relatoría, a la que acusó de estar sesgada porque “está
financiada en un 80% por Estados Unidos y la Unión Europea”. Sin embargo, la
CIDH sí actúa frente a todos los países de la OEA. Entre las sugerencias
aprobadas en enero están restringir los criterios para otorgar medidas
cautelares, modificar el informe anual en el que se evalúa a países de la
región, eliminar el financiamiento externo de la Relatoría y su informe anual.
“Se había dejado en
manos de la Comisión el acuerdo del 25 de enero porque los estados consideraban
que, por respeto a su independencia, sería solo la Comisión la que decidiría,
por sí misma, si era necesario hacer ajustes. Lo que ocurrió en Cochabamba es
que, ignorando la independencia de la Comisión, los estados iniciaron una nueva
etapa, una sin precedentes en la historia de la OEA, para decidir las
reformas”, refiere Vivanco.
Entre los cambios
planteados en la Asamblea está que todos los países americanos se adhieran a
los instrumentos del Sistema, modificar los estatutos de la CIDH para que
consulte a los estados antes de emitir medidas cautelares, que la Comisión
revise sus criterios y procedimientos para la elaboración de informes sobre los
países que necesitan mejorar en materia de derechos humanos, entre otros.
El secretario general
de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, se ha mostrado a favor de las
reformas, aunque ha dicho que su intención no es “debilitar” el Sistema. En un
seminario en la CIDH en Washington, días antes de la Asamblea General, dijo que
“la autonomía no significa dejar de lado el diálogo, el compromiso y la
interacción permanente con los gobiernos democráticos del continente”.
En ese sentido, subrayó
que la CIDH “no es un tribunal”, por lo que desconfió del proceso de diálogo
privado con los países o la emisión de medidas “sin escuchar a los gobiernos”.
Abogó, en cambio, por “ser mucho más flexibles” y dar prioridad al proceso de
solución amistosa.
Francisco Proaño, ex
embajador de Ecuador ante la OEA y ex presidente del Consejo Permanente, cree
que es un error dar paso a cambios que considera que, en la práctica,
terminarían por debilitar el Sistema.
“Los gobiernos se
sienten incómodos cuando se les indaga o se señalan sospechas de violaciones de
derechos humanos, lo cual es absurdo porque deben defender su cumplimiento. Es
un error tratar de recortar atribuciones en defensa de los derechos humanos
esgrimiendo el argumento de la soberanía”.
Para el analista Carlos
Estarellas Velázquez, catedrático de Derecho Internacional y ex subsecretario
de Relaciones Exteriores, sí se deben hacer cambios, pero para fortalecer el
Sistema, no para restarle competencias. Menciona la falta de recursos como un
problema.
Considera
contradictorio que se cuestione el aporte económico de Estados Unidos y que, al
mismo tiempo, algunos países no cancelen sus cuotas a la OEA. Señala que, en el
gobierno de Lucio Gutiérrez, Ecuador debió “ponerse al día” porque no se habían
cancelado los fondos desde antes del régimen de Jamil Mahuad (1998-2000).
Después de que la CIDH
emitió en abril del 2011 medidas cautelares a favor de comunidades locales que
se oponen a la construcción de una planta hidroeléctrica en la Amazonía, Brasil
retiró a su embajador ante la OEA y esperó hasta los últimos días del 2011
pagar su cuota anual de $ 6 millones, lo que precipitó problemas de liquidez
para los salarios de diciembre.
Hay otras iniciativas
que también reflejan las discrepancias de algunos países con la OEA o,
específicamente, con el Sistema Interamericano. Ecuador ha planteado crear una
instancia complementaria de derechos humanos en la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur).
La semana pasada, en
una reunión de los representantes del bloque en Quito, se acordó viabilizar la
creación. Se firmó un documento inicial que será tratado en la próxima cita de
cancilleres, en agosto, en Paraguay; estos, a su vez, elevarán la iniciativa al
Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, en noviembre, también en Paraguay.
Además, en el marco de
la 42ª Asamblea, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua anunciaron su decisión
de retirarse del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un
instrumento de “acción solidaria” de la OEA en caso de agresiones a un país
miembro.
