Tomado de The Wall Street Journal
Monica Torres
escapó de la violencia en El Salvador y ahora vive en Los Angeles.
Crece
el número de menores de edad que ingresan solos y sin documentos a EE.UU.
Las cifras compiladas por
esa agencia muestran que el 95% de los que las autoridades llaman UAC (por las
iniciales en inglés de la frase "niños no acompañados") proviene de
Honduras, Guatemala y El Salvador, países donde el crimen y la violencia se han
disparado en los últimos años.
Por David Walter Banks
LOS ÁNGELES— Una cifra récord de menores de edad que viajan solos está ingresando
ilegalmente a Estados Unidos, lo cual representa un nuevo reto humanitario y
fiscal en momentos en que el Congreso considera el futuro de 11 millones de
indocumentados que ya residen en el país.
En un informe publicado el
jueves, la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. estima que 60.000 menores
centroamericanos cruzarán la frontera suroccidental del país este año, sin el
acompañamiento de un familiar adulto. Esa cifra ha subido frente a menos de
25.000 el año anterior y apenas 5.800 hace una década. Aquellos que siguen de
cerca lo que ocurre en la frontera dicen que la situación subraya la violencia
y el descontento en varios países de Centroamérica. Los menores que cruzan
desde México casi siempre son repatriados.
Desde 2011, EE.UU. "ha
experimentado un incremento sin precedentes en el número de niños migrantes sin
la compañía de un adulto" que cruzan la frontera entre EE.UU. y México,
según el informe del grupo de obispos con sede en Washington, citando un
aumento en los arrestos por parte de la patrulla fronteriza.
Muchos de los jóvenes son
entregados a sus familiares en EE.UU., que a su vez son inmigrantes
indocumentados, lo que según algunos críticos equivale a ayudar en vez de
perseguir el tráfico de migrantes. Los menores quedan en manos de varias
agencias del gobierno, todas con responsabilidades diferentes, y a menudo pasan
por albergues financiados por la Oficina de Reubicación de Refugiados, un brazo
del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (HSS). Muchos son
deportados posteriormente. Otros se benefician de cláusulas de la ley de
inmigración que les permiten quedarse en EE.UU. de manera legal.
Las cifras compiladas por
esa agencia muestran que el 95% de los que las autoridades llaman UAC (por las
iniciales en inglés de la frase "niños no acompañados") proviene de
Honduras, Guatemala y El Salvador, países donde el crimen y la violencia se han
disparado en los últimos años.
HSS informó esta semana que
los 9.881 menores que llegaron al país en el primer trimestre del año fiscal
están ligeramente por encima de ritmo del año anterior.
El informe de los obispos
católicos identifica que la pobreza, la falta de oportunidades educativas y el
deseo de unirse a su familia que ya se encuentra en EE.UU. son los principales
factores que llevan a los jóvenes a emprender el viaje hacia el norte. Sin
embargo, la motivación más fuerte es el temor al crimen y la violencia
crecientes en sus lugares de origen. Según un informe de 2011 de Naciones
Unidas, las tasas de homicidio se habrían incrementado —en algunos casos a más
del doble— en cinco de ocho países de Centroamérica en los cinco años
anteriores.
"La violencia
generalizada al nivel estatal y local y un correspondiente deterioro del
imperio de la ley han amenazado la seguridad de los ciudadanos y han creado una
cultura del miedo y la desesperanza", señala el informe de los obispos.
"Estos niños desafían
las percepciones tradicionales de migración en este hemisferio", dijo
Kevin Appleby, director de políticas de migración y asuntos públicos para el
grupo de obispos, y uno de los autores del informe. "Sin similares a los
refugiados en África que huyen de guerras civiles. Literalmente se escapan para
salvar sus vidas".
El legislador republicano
Jason Chaffetz, presidente de un subcomité de seguridad nacional de la Cámara
de Representantes, dijo que la cantidad de menores indocumentados era
"astronómica" pero apuntó a las políticas estadounidenses como un
factor motivador principal. "Hay un aumento de personas jóvenes que
piensan que habrá una amnistía", indicó.
La historia de Mónica
Torres es típica de muchos menores que llegan a la frontera. Cuando la joven
tenía 17 años y asistía a la escuela secundaria en El Salvador, dice, era
acosada a diario por miembros de pandillas que intentaban convencerla para que
se uniera a ellos. Luego de que su abuela, que la crió, contactara a la
policía, Torres ahora de 18 años, comenzó a recibir amenazas de muerte,
aseguró. "Le dijimos a la policía y la pandilla dijo que me matarían si me
veían sola", afirmó. "Muchos jóvenes habían sido secuestrados y
asesinados en la zona".
Su abuela contactó a un
pariente lejano en Los Ángeles, quien acordó compartir el costo de US$6.000 que
cobraban los contrabandistas para transportar a Torres a California. Luego de
que Luego de que agentes de la Patrulla de Control Fronterizo de EE.UU.
detectaran al grupo de migrantes de Torres en Texas en septiembre pasado, fue
enviada a un albergue juvenil en Pennsylvania, donde se quedó un mes antes de
ser entregada a sus familiares.
Ese proceso de albergue y
liberación para menores indocumentados se repitió casi 20.000 veces el año
pasado, afirma Lisa Raffonelli, una vocera de la Oficina de Reubicación de
Refugiados. En 2012, cuando una menor cantidad de menores pasaban por los
refugios, alrededor de 13,700, HHS gastó US$168 millones en alimentos, personal
y escuela, lo que representa más de US$400 diarios por menor.
Este año la Oficina de
Reubicación de Refugiados está recibiendo menores a una tasa de alrededor de
100 al día, todos entregados por el Departamento de Seguridad Interior a
albergues operados por contratistas civiles. A menudo, estos jóvenes son
enviados a vivir con familiares, muchos de los cuales también están en EE.UU.
sin documentos.
"Los niños deben estar
en el escenario menos restrictivo e idealmente con sus familias", afirmó
Appleby del grupo de obispos estadounidenses. Según las investigaciones del
grupo, agregó, hasta 90% de los niños se reúnen con sus familias.
En una sentencia emitida el
mes pasado, el juez Andrew S. Hanen de la corte de inmigración en Brownsville,
Texas, exigió saber por qué el Departamento de Seguridad Interior (DHS) hizo
arreglos para que una niña de 10 años que había sido llevada a través de la
frontera fuera a vivir con su madre, que también era una inmigrante sin
documentos que, según el juez, "instigó" una conspiración criminal
para llevar a su hija hacia EE.UU.
El DHS "completó la
conspiración criminal", escribió el juez Hanen en su decisión. "El
DHS está recompensando conductas criminales en lugar de hacer cumplir las leyes
actuales. Más preocupante, el DHS está alentando a padres a poner en riesgo
seriamente la seguridad de sus hijos".
En respuesta, el DHS y
fiscales le señalaron al juez casos legales previos, así como políticas
establecidas en la Ley de Seguridad Interior.
Debido a que Torres ingresó
ilegalmente a EE.UU., enfrentaba la deportación. En Los Ángeles, su abogado
acudió a la corte estatal, donde un juez le concedió la tutela a una tía. Luego
Torres solicitó y obtuvo un estatus juvenil especial, que la coloca en camino a
una tarjeta verde.
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