Hacia una “actualización” del modelo económico
Por María Carolina Piña
Raúl Castro descartó reformas de corte capitalista pero anunció una mayor apertura para pequeños negocios privados y un plan para reubicar a un millón de funcionarios, en la primera sesión anual del Parlamento. El presidente también advirtió que "no habrá impunidad" para "los enemigos de la patria", tras la decisión de liberar a 53 presos políticos.
Ante la delicada situación económica de Cuba, el discurso de Raúl Castro en el Parlamento había suscitado curiosidad y expectativas. La población obtuvo una cucharada de lo que ha caracterizado a las intervenciones del presidente desde que asumió el poder: algunas medidas de ajuste pero no cambios radicales.
En resumen, quedó claro que Cuba no tiene intenciones de reformar su modelo económico socialista aunque se propone actualizarlo, eso sí, “con mucha calma”. Castro se refirió al millón de funcionarios excedentes, que pesan en las golpeadas finanzas públicas. Para paliar este desequilibrio, el mandatario cubano autorizó una mayor apertura para pequeños negocios privados.
"Nadie quedará abandonado a su suerte", dijo Raúl Castro, descartando despidos masivos.
Al clausurar la primera sesión anual del Parlamento, el mandatario anunció la ampliación del trabajo por cuenta propia, la posibilidad de contratación de mano de obra y comercialización de algunas producciones, en una economía 95% propiedad del Estado.
La decisión elimina "varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo", manifestó.
La concesión de licencias estaba congelada desde hacía varios años y al cierre de 2009 sólo 148.000 personas ejercían legalmente ese tipo de trabajo, en tanto que la contratación privada de mano de obra se limitó a labores agrícolas en tiempos de cosecha.
"No se puede hablar de reformas, estamos estudiando una actualización del modelo económico cubano, donde van a primar las categorías económicas del socialismo y no el mercado", dijo antes el ministro de Economía, Marino Murillo, en el inicio de la sesión.
Con estas medidas, el presidente busca levantar una economía severamente afectada por una grave crisis de liquidez, la burocracia, la ineficiencia productiva, el embargo estadounidense, la crisis internacional y pérdidas de 10.000 millones de dólares dejadas por tres huracanes.
La situación se complicó hace un año, cuando se acumularon vencimientos de deudas con proveedores, calculadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de 600 a 1.000 millones de dólares.
Para enfrentar esa crisis, el gobierno aplicó fuertes recortes a las importaciones e inversiones, redujo gastos incluso en sectores sociales como la educación y la salud, y limitó los movimientos bancarios de empresas extranjeras.
Raúl Castro descartó reformas de corte capitalista pero anunció una mayor apertura para pequeños negocios privados y un plan para reubicar a un millón de funcionarios, en la primera sesión anual del Parlamento. El presidente también advirtió que "no habrá impunidad" para "los enemigos de la patria", tras la decisión de liberar a 53 presos políticos.
Ante la delicada situación económica de Cuba, el discurso de Raúl Castro en el Parlamento había suscitado curiosidad y expectativas. La población obtuvo una cucharada de lo que ha caracterizado a las intervenciones del presidente desde que asumió el poder: algunas medidas de ajuste pero no cambios radicales.
En resumen, quedó claro que Cuba no tiene intenciones de reformar su modelo económico socialista aunque se propone actualizarlo, eso sí, “con mucha calma”. Castro se refirió al millón de funcionarios excedentes, que pesan en las golpeadas finanzas públicas. Para paliar este desequilibrio, el mandatario cubano autorizó una mayor apertura para pequeños negocios privados.
"Nadie quedará abandonado a su suerte", dijo Raúl Castro, descartando despidos masivos.
Al clausurar la primera sesión anual del Parlamento, el mandatario anunció la ampliación del trabajo por cuenta propia, la posibilidad de contratación de mano de obra y comercialización de algunas producciones, en una economía 95% propiedad del Estado.
La decisión elimina "varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo", manifestó.
La concesión de licencias estaba congelada desde hacía varios años y al cierre de 2009 sólo 148.000 personas ejercían legalmente ese tipo de trabajo, en tanto que la contratación privada de mano de obra se limitó a labores agrícolas en tiempos de cosecha.
"No se puede hablar de reformas, estamos estudiando una actualización del modelo económico cubano, donde van a primar las categorías económicas del socialismo y no el mercado", dijo antes el ministro de Economía, Marino Murillo, en el inicio de la sesión.
Con estas medidas, el presidente busca levantar una economía severamente afectada por una grave crisis de liquidez, la burocracia, la ineficiencia productiva, el embargo estadounidense, la crisis internacional y pérdidas de 10.000 millones de dólares dejadas por tres huracanes.
La situación se complicó hace un año, cuando se acumularon vencimientos de deudas con proveedores, calculadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de 600 a 1.000 millones de dólares.
Para enfrentar esa crisis, el gobierno aplicó fuertes recortes a las importaciones e inversiones, redujo gastos incluso en sectores sociales como la educación y la salud, y limitó los movimientos bancarios de empresas extranjeras.
No habrá concesiones al “enemigo”
Por primera vez, el mandatario hizo referencia en esta sesión a las recientes excarcelaciones de 53 disidentes. El gobernante advirtió que "no habrá impunidad" para "los enemigos de la patria", al recalcar que "la revolución puede ser generosa porque es fuerte".
"Nadie se llame a engaño. La defensa de nuestras sagradas conquistas, de nuestras calles y plazas, seguirá siendo el primer deber de los revolucionarios a quienes no podemos privar de ese derecho", dijo Raúl Castro, al aludir a eventuales actividades o marchas de opositores.
El presidente afirmó que los 53 opositores, 21 de los cuales fueron liberados en julio, eran los últimos que quedaban en prisión de 75 condenados en 2003 "por delitos contra la seguridad del Estado".
"Ninguno de estos ciudadanos fue condenado por sus ideas, como han tratado de hacer ver las brutales campañas de descrédito contra Cuba (...) habían cometido delitos" al actuar "al servicio" de Estados Unidos, manifestó.
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