Tomado de El Clarín
Izquierda, Presidenta de Argentina Cristina Fernández Kirchner, derecha, canciller Héctor Timerman ambos imputados jucicialmente por el encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA
Imputaron a Cristina por
el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA
La denuncia de Nisman.Tal como anticipó Clarín, el fiscal Gerardo
Pollicita impulsó ayer la investigación en su contra y la de varios
funcionarios. Pidió medidas para probar si hubo un “accionar criminal”.
La
presidenta Cristina Kirchner fue imputada ayer por el fiscal Gerardo Pollicita
por el presunto encubrimiento de Irán en la causa por el atentado contra la
AMIA, tal como lo había denunciado el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte.
La imputación, adelantada por Clarín, significa que Cristina será investigada
por el supuesto “accionar criminal” desplegado para favorecer a los iraníes. A
diferencia de Nisman, Pollicita no pidió la indagatoria de la Presidenta, que
ayer viajó a Santa Cruz.
El
fiscal Pollicita, elegido por sorteo para hacerse cargo de la denuncia luego de
que el juez Ariel Lijo se declaró incompetente, también imputó al canciller
Héctor Timerman, al dirigente kirchnerista Luis D’Elía, al diputado Andrés
“Cuervo” Larroque, al dirigente islámico Jorge “Yussuf” Khalil, al líder de
Quebracho, Fernando Esteche, al ex fiscal Héctor Luis Yrimia y al supuesto
espía Héctor Bogado. Varios de ellos fueron parte de la “diplomacia paralela”,
descrita en detalle por Nisman en la denuncia presentada el 14 de enero en base
a las escuchas telefónicas realizadas por la Secretaría de Inteligencia.
El Gobierno descalificó ayer a través de sus voceros el
requerimiento de Pollicita, incluso antes que se hiciera público. El jefe de
Gabinete, Jorge Capitanich, denunció ayer temprano que el Gobierno enfrenta “la
operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia
argentina”. Y el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández,
calificó la imputación como “una clara maniobra de desestabilización
antidemocrática”.
La Procuración del Tesoro, en representación del Estado,
realizó ayer una presentación ante el juzgado de Daniel Rafecas (reemplazado en
su licencia por el juez Sebastián Ramos) y aseguró que la denuncia de Nisman no
tenía sustento probatorio y que es “un entramado ficcional”.
Según pudo saber Clarín, Rafecas adelantará el regreso
de sus vacaciones el próximo miércoles, para comenzar a tomar las medidas de
prueba que pidió Pollicita.
En el requerimiento, el fiscal destacó como una
hipótesis de trabajo la intención del Gobierno de dar de baja las circulares
rojas de Interpol para avanzar con acuerdos comerciales con Irán. “Resulta
claro que los iraníes sólo firmaron el Memorando de Entendimiento por haber
acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas de
Interpol”, sostuvo Pollicita.
Sobre las intenciones comerciales que formaban parte del
“pacto”, Pollicita citó una escucha entre D’Elia y Khalil en la que el
dirigente piquetero le dice que estaba en “Presidencia” y le deja en claro “el
interés de las altas esferas locales por restablecer el comercio entre ambos
Estados”.
Pollicita también mencionó la construcción de un “nuevo
culpable” del atentado: “La maniobra para liberar a los imputados iraníes tenía
previsto no solo la desvinculación de la causa de los actuales prófugos, sino
también que otros responsables inventados ocuparan su lugar, para cerrar el
círculo de la impunidad a cualquier costo”.
Otro de los ejes de la investigación quedó concentrado
en la “diplomacia paralela” que llevó adelante las negociaciones con Irán,
mucho antes de la firma del memorándum. Según la denuncia de Nisman, un sector
de la inteligencia dependiente de Presidencia de la Nación fue parte de esos
canales de diálogo paralelos.
Sobre las negociaciones con Irán, el fiscal hizo
hincapié en el rol de Timerman: “El Canciller habría realizado actos con los
cuales buscó inducir a la baja de las alertas rojas y, consecuentemente,
satisfacer las aspiraciones persas pero ellos no tuvieron la recepción esperada
en Interpol”.
Todos los imputados serán investigados por tres delitos.
El principal es el encubrimiento, que tiene una pena de 1 año y medio a 6 años
de prisión. El fiscal destacó que ese delito no requiere que se consume “el
logro de la finalidad buscada”, esto es, el levantamiento de las alertas y la
firma de acuerdos.
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