Por Dan Fitzpatrick, Nick Timiraos y Ruth Simon
Los fiscales generales de los estados comunicaron el martes a los cinco mayores bancos de Estados Unidos que se enfrentan a posibles indemnizaciones de al menos US$17.000 millones en demandas civiles si no se alcanza un acuerdo sobre prácticas de embargo indebidas, de acuerdo con fuentes conocedores del asunto.
La suma no incluye cantidades adicionales de potenciales reclamaciones de agencias federales como el Departmento de Desarrollo Inmobiliario y Urbano y el Departmento de Justicia. Los funcionarios estatales y federales aún no han propuesto una suma total concreta, aunque las discusiones del martes representan el primer paso para cuantificar formalmente la posible indemnización.
Los representantes de los mayores bancos estadounidenses se citaron el martes de forma individual con los funcionarios estatales y federales designados para establecer los posibles costes que afrontarán si no se alcanza un acuerdo.
En los dos últimos meses ha habido escasos progresos entre las dos partes para alcanzar un acuerdo sobre las alegaciones de abusos relacionados con el pago de las hipotecas, y el importe filtrado el martes indica que siguen bastante lejos a la hora de cuantificar la sanción.
Los bancos han propuesto un acuerdo de US$5.000 millones, que se destinarían a compensar a los prestatarios agraviados previamente en el proceso de ejecución hipotecaria y a ofrecer asistencia a aquellos que perdieron sus viviendas. Los funcionarios consideran esta suma insuficiente. Algunos de ellos han pedido más de US$20.000 millones para resolver los abusos en las ejecuciones que salieron a la luz el pasado otoño.
Los fiscales generales de los 50 estados y del Distrito de Columbia anunciaron sus investigaciones el pasado otoño. Las discusiones del martes ponen de manifiesto la posibilidad de que, si no se alcanza un acuerdo, los juicios declaren que las prácticas fueron desleales y fraudulentas.
El programa de fideicomisarios de Estados Unidos, organismo del Departamento de Justicia que investiga los casos de bancarrota, ha pedido entre US$500 millones y US$1.000 millones más en multas, de acuerdo con fuentes cercanas. Las autoridades del organismo han puesto en duda en numerosas ocasiones la autenticidad de los documentos de las ejecuciones.
Según los bancos, sus problemas son principalmente técnicos y tan sólo unos pocos prestatarios han sufrido ejecuciones erróneas. Por su parte, los funcionarios oficiales han culpado a las compañías hipotecarias de no contar con suficiente personal para ofrecer asistencia a los millones de clientes que han caído detrás de sus préstamos.
En el último paso, los funcionarios del Gobierno están intensificando las investigaciones de otras partes del sistema hipotecario. Los fiscales generales de California y Nueva York han anunciado investigaciones más exhaustivas.
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