Por Miriam Jordan y Danny Yadron
Un dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos el jueves ratificando una ley estatal de Arizona contra los empleadores de inmigrantes indocumentados está causando el enojo de algunos empresarios que prevén la propagación de medidas similares a otros estados y que amenazan la recuperación económica en sectores que dependen de trabajadores poco calificados.
Pero otros negocios dicen que no les importan los requerimientos adicionales para demostrar que están contratando a trabajadores documentados.
El fallo del jueves dijo que Arizona podía despojar a los empleadores de una licencia de negocios después de una segunda violación de la Ley de Trabajadores Legales de Arizona, que prohíbe la contratación de empleados indocumentados. También ratificó la obligación de que los empleadores en el estado usen una base de datos electrónica, E-Verify, para verificar si los nuevos empleados están autorizados a trabajar en EE.UU.
"Estamos en una economía frágil en la que todos están tratando de hacer pie", dijo Clark Ivory, quien opera Ivory Homes, una de las mayores constructoras de viviendas en Utah. "Como el Congreso no se está ocupando de la reforma inmigratoria, los estados están planteando estos… proyectos contraproducentes".
El programa E-Verify, basado en Internet, permite que las empresas verifiquen información provista por los nuevos empleados en bases de datos gubernamentales. Todos los contratistas federales tienen que usarlo. Tres estados —Arizona, Mississippi y Carolina del Sur— obligan a todos los empleadores que operan en ellos a usarlo.
Alrededor de una decena de otros estados requieren su uso por parte de empleadores con contratos públicos. En Utah, los empleadores privados con más de 15 trabajadores están obligados a usarlo, pero no hay castigos por no hacerlo. En otras partes, el uso es voluntario.
E-Verify nació de un programa piloto introducido en 1997 y fue promovido por el gobierno del presidente George W. Bush. Aun así, lo usa apenas 11% de los 7,7 millones de empleadores de todo el país.
Luego de que Arizona hiciera E-Verify obligatoria para todas las empresas que operaran en el estado en 2008, la Cámara de Comercio de EE.UU. se unió a grupos defensores de las libertades civiles para desafiar esa norma en la Corte Suprema del país. Se espera que el fallo de la corte influya en varios estados en los cuales los legisladores han estado buscando imponer esta verificación a todos los empleadores, entre otras medidas para combatir la inmigración ilegal.
En Florida, donde los contratistas del estado y las agencias del gobierno tienen que usar el programa, la utilización de E-Verify "se volverá incierta a medida que la economía se recupera", dijo Mark Wiley, presidente ejecutivo del local de Florida central de la Associated Builders and Contractors.
En una reunión del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes en febrero, la representante Zoe Lofgren (demócrata de California) dijo que el uso de E-Verify alentaría "a las empresas y a los trabajadores a entrar a la economía informal trabajando en negro". Consideró que "diezmará" al sector agrícola, en el que los trabajadores indocumentados ocupan 75% de los puestos de trabajo.
Mississippi aprobó su ley de E-Verify en 2008 y algunos empleadores del estado dicen que les da tranquilidad de conciencia.
"La mayoría de mis miembros no tiene ningún problema con ella", dijo Henry Cote, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Yazoo City. "Si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) viene a golpear la puerta, tienen los papeles para demostrar que hicieron el chequeo", explicó.
Pero la ley ha asustado a los trabajadores que emplean algunos productores de arándanos de Mississippi, que dependen de los inmigrantes para llenar hasta 95% de sus puestos de trabajo, dijo Joe Fairchild, gerente de Miss-Lou Blueberry Growers Cooperative en Lumberton, Mississippi.
Esta temporada, la escasez de mano de obra ha llevado a los agricultores a utilizar máquinas cosechadoras más que trabajadores manuales, agregó Fairchild. La cosecha con máquinas es más barata, pero requiere que los arándanos sean procesados, lo que implica que los granjeros demoran más en cobrar, explicó.
Los trabajadores "tienen mucha incertidumbre respecto a esto", sostuvo. "Entonces, no vienen, y no tenemos trabajadores".
Una granja de 50 acres (20,2 hectáreas) necesita al menos 60 trabajadores para la recolección manual, dijo Fairchild. Su cooperativa tiene 40 granjas activas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario