Tomado de El País
El escándalo de la agencia tributaria de EEUU fuerza la dimisión de su director
El
fiscal General asegura ante el Congreso que todos los responsables
"rendirán cuentas"
Por Cristina F. Pereda
El
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles que el jefe
de la agencia tributaria del país, Steve Miller, ha dimitido con motivo del
escándalo por la discriminación fiscal contra grupos conservadores. Obama se
dirigió a los ciudadanos desde la Casa Blanca en un intento por atajar las
críticas hacia su Administración, inmersa también en otras crisis por el
atentado en Bengasi y las acusaciones de espionaje a la agencia de noticias
Associated Press.
Obama
aseguró que “los ciudadanos tienen todo el derecho a estar enfadados” por el
trato discriminatorio al que el Internal Revenue Service (IRS), el organismo
encargado de la recaudación de impuestos, sometió a grupos políticos
conservadores. “No toleraré este tipo de comportamiento en ninguna de las
agencias gubernamentales, pero mucho menos en el IRS”.
El
mandatario estadounidense reiteró, como hiciera el pasado lunes, que la agencia
debe operar bajo unos estándares de “integridad absoluta” y que las prácticas
discriminatorias denunciadas por una investigación del Inspector General son
“intolerables e inexcusables”. Las autoridades federales han abierto una
investigación de las prácticas de la agencia tributaria por discriminar en
contra de grupos políticos conservadores, sometiéndolos a un mayor escrutinio
que al resto.
La
Administración Obama ha adoptado tres medidas de manera inmediata para
responder al escándalo. El presidente explicó a los ciudadanos que la primera
de ellas era la dimisión del jefe del IRS, Steve Miller, “porque lo más
importante es recuperar la confianza en la agencia”. Obama ha encargado al
secretario del Tesoro, Jack Lew, que implemente también las recomendaciones del
Inspector General para “garantizar que este tipo de comportamiento no vuelve a
producirse” y ha prometido plena colaboración con el Congreso en sus
indagaciones. “Se trata de un problema que tiene solución y a todos nos
interesa solucionarlo”, aseguró.
John
Boehner, portavoz de la Cámara de Representantes
El
Fiscal General, Eric Holder, afirmó este miércoles ante el Comité Judicial de
la Cámara de Representantes que todos los responsables deberán rendir cuentas
por sus errores. Holder calificó las acciones de "escandalosas e
inaceptables" y ha ordenado una investigación para determinar si se han
cometido delitos criminales. “No se centrará en ningún partido, esta no es una
cuestión de ideologías. Todo aquel que haya incumplido la ley, deberá responder
por ello. El fiscal General aseguró además que las pesquisas no estarán
limitadas a la oficina de Ohio donde se supervisaban las solicitudes, sino que
irá "hasta donde nos lleven los hechos".
Según una auditoría encargada al Inspector General del Gobierno,
el Internal Revenue Service (IRS), encargado de la recaudación de impuestos,
varió el nivel de escrutinio al que somete a las organizaciones en función de
su orientación política. El IRS identificó a grupos conservadores que llevasen
en su título las palabras “Tea Party” o “patriota” y les exigió más
documentación y justificaciones para poder acogerse a la exención de impuestos
que solicitaban.
Además
de la investigación que llevará a cabo el FBI, Obama ha encargado al secretario
del Tesoro, Jack Lew, que “haga rendir cuentas a los responsables por sus
errores” y se apliquen las recomendaciones de los investigadores “para impedir
que esta conducta no se vuelva a repetir”. Sin embargo, numerosas voces han
acusado a Obama de haber llegado tarde -el informe fue adelantado el pasado viernes por la prensa- y
de emplear términos poco contundentes.
“El
Gobierno federal debe actuar de manera que merezca la confianza de los
ciudadanos, especialmente el IRS”, afirmó este martes en un comunicado. “Debe
aplicar la ley de manera justa e imparcial, y sus empleados deben actuar con
una integridad impecable. El informe demuestra que algunos de los empleados del
IRS suspendieron en esto”.
Los
auditores concluyeron que a comienzos de 2010, el IRS “comenzó a emplear
criterios inadecuados” para identificar las organizaciones que solicitan
exenciones de impuestos
“Mi
pregunta no es quién va a dimitir, mi pregunta es quién va a ir a la cárcel por
este escándalo”, declaró el miércoles el republicano John Boehner, portavoz de
la Cámara de Representantes. Otros conservadores han acusado directamente a los
responsables del IRS, que en un primer momento declararon haber conocido el
escándalo cuando los medios informaron de los resultados de la auditoría, de
conocer estas prácticas hace más de un año y de no comunicarlo al Congreso
cuando pidieron explicaciones.
Ambas
cámaras legislativas han abierto un total de cuatro investigaciones de los
procedimientos de la agencia tributaria. A pesar de que se trata de un
organismo independiente, sus administradores deben responder ante la autoridad
del secretario del Tesoro, por lo que los republicanos exigen que la Casa
Blanca aclare hasta qué punto conocía estas prácticas y por qué no ha
reaccionado hasta ahora.
El
republicano Marco Rubio ha acusado a la Administración Obama de ir aún más
lejos, empleando el gobierno “como un instrumento político para atacar a sus
enemigos, dificultando que los ciudadanos digan aquello que no les gusta”,
según declaró Rubio en el Senado. El senador republicano alegó que los
escándalos de Bengasi, la agencia AP y el IRS responden a “una cultura de
intimidación” instaurada en la Casa Blanca.
Los
auditores concluyeron que a comienzos de 2010, el IRS “comenzó a emplear
criterios inadecuados” para identificar las organizaciones que solicitan
exenciones de impuestos. A pesar de las medidas tomadas por la agencia,
advierten, ésta “deberá hacer más para que los ciudadanos puedan confiar en que
las solicitudes no sufren ningún retraso injustificable y son tratadas con
imparcialidad”.
El
comisario del IRS, Steven Miller, reconoció esta semana en el diario USA Today que
“se cometieron errores, pero que en ningún momento se pueden atribuir a
motivaciones partidistas”. Miller alega que la agencia debió responder a un
aluvión de peticiones entre 2010 y 2012, coincidiendo con una nueva normativa
para la financiación de grupos políticos.
Los
auditores concluyeron que de un total de las 296 solicitudes por parte de
grupos políticos, se aprobaron 108 y otras 28 fueron retiradas. Ninguna de
ellas fue rechazada, pero 160 organizaciones debieron esperar, a veces, hasta
tres años para obtener una respuesta. Un 15%, además, contenía los términos
“Tea Party” o “patriota”. La investigación atribuye el retraso a “una gestión
ineficiente, la aplicación de criterios inapropiados, retrasos innecesarios y
solicitudes de documentación superflua”.
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