lunes, 1 de julio de 2013

Gremiales empresariales presionan a Cámara Baja para que apruebe Reforma Migratoria

Tomado de The Wall Street Journal  

Trabajadores en Georgia en 2011, año en que los agricultores del estado calculan que perdieron US$140 millones en cultivos que se pudrieron por la falta de mano de obra.

El empresariado presiona a la Cámara de Representantes de EE.UU. para que apruebe la reforma inmigratoria

Por JONATHAN HOUSE
WASHINGTON—Las empresas lograron una victoria con el proyecto de ley de inmigración del Senado de Estados Unidos mediante medidas que aumentan el acceso a los trabajadores extranjeros. Ahora, buscan proteger esas estipulaciones conforme enfrentan una pelea más ardua en la Cámara de Representantes.
La presión política comenzó incluso antes de que el Senado aprobara el jueves el amplio proyecto de reforma inmigratoria. Empresas en los sectores agrario, fabril, tecnológico y otros aseguran que necesitan leyes que alivien la escasez de trabajadores que está frenando su crecimiento y las economías locales.
Trabajadores en Georgia en 2011, año en que los agricultores del estado calculan que perdieron US$140 millones en cultivos que se pudrieron por la falta de mano de obra.
"Lo que nos está costando trabajo es convencer a los legisladores de que no existe una fila de personas esperando fuera de nuestras oficinas", apunta Jay Reed, director de la sucursal de Alabama de Constructores y Contratistas Asociados. "Los trabajadores tienen que venir de algún lugar".
Grupos religiosos y activistas que apoyan a indocumentados y la inmigración en general, así como líderes del Partido Republicano que consideran que su partido debe crear lazos con los votantes latinos, también están presionando a los legisladores de la cámara baja a actuar.
De todos modos, se trata de una batalla cuesta arriba, pese al amplio margen de 68 a 32 votos conseguido en el Senado. Los senadores a menudo sienten presión de un electorado diverso y a nivel estatal. En contraste, la mayoría de los republicanos de la cámara baja representan distritos que son conservadores casi de manera uniforme y que se oponen firmemente a la propuesta del Senado, que ofrece una vía a la ciudadanía para muchas personas que están en el país sin documentos.
"La gente que influye sobre mi decisión en este tema son las personas que votan por mí", manifestó el viernes el representante republicano Tom Cole, de Oklahoma. "No están convencidos de que el proyecto de ley del Senado sea la respuesta correcta. Si no cambias la opinión en el país, no puedes cambiar la opinión en el Capitolio".
El representante republicano Matt Salmon, de Arizona, anticipó que los miembros de su partido en la cámara baja no aceptarían la solicitud de grupos empresariales de ampliar los programas de trabajadores temporales si incluye un camino a la legalización para inmigrantes indocumentados.
"Ese es un puente demasiado lejano… Es un gran imposible", expresó Salmon.
Sin embargo, los demócratas seguramente rechazarán cualquier paquete final que excluya un plan para legalizar a muchos inmigrantes sin documentos.
El senador republicano John McCain, de Arizona, uno de los principales proponentes del proyecto de ley del Senado, afirmó que la mejor forma de superar la resistencia de la Cámara de Representantes es que las empresas y otros grupos de la coalición que apoya la propuesta se movilicen y presionen a los republicanos de la cámara baja.
"Las empresas, la Iglesia Católica, los evangélicos, se van a tener que movilizar", apuntó.
EE.UU. tiene casi tres millones de plazas vacantes, según datos del Departamento de Trabajo, lo que refleja la dificultad que tienen muchos empleadores para encontrar trabajadores para ciertos puestos a pesar del nivel de desempleo relativamente alto de 7,6% a nivel nacional el mes pasado.
En cuanto a las empresas, la presión política comenzó con campañas por la Cámara de Comercio de EE.UU., la asociación de presidentes ejecutivos Business Roundtable y otros importantes grupos para asegurar el apoyo en el Senado. La siguiente etapa probablemente reunirá a empresas más pequeñas, con el objetivo de comunicar inquietudes locales cuando hablen con legisladores.
La Asociación de Agricultores de Frutas y Verduras de Georgia calcula que US$140 millones de cebollas, sandías, pepinos y otros cultivos fueron abandonados a pudrirse en 2011 tras aprobarse restrictivas leyes de inmigración en el estado. Georgia es uno de varios estados que en los últimos años han tomado medidas duras contra los trabajadores indocumentados, lo que según algunas empresas intensifican las necesidades laborales.
El grupo está haciendo lobby por una ampliación de programas de trabajadores invitados, que crearían una mayor fuente de empleados con documentos que los agricultores podrían contratar.
Billy Lawless, dueño de restaurantes de Chicago y miembro fundador de la Coalición de Inmigración Empresarial de Illinois, calcula que casi un tercio de los trabajadores en restaurantes en la zona de Chicago son indocumentados. Los propietarios buscan un sistema que les permita contratar a estos trabajadores legalmente.
"La mayoría de los trabajadores documentados no están dispuestos a lavar platos, o limpiar mesas", explica. "Por mucho tiempo, se ignoró este tema".
Reed, del grupo de construcción de Alabama, hace poco lideró una delegación de unos 20 constructores para presionar a los senadores y los cinco representantes de la cámara baja sobre la inmigración. Entre sus objetivos: aumentar las visas de trabajadores invitados para el sector de construcción más allá de las 15.000 anuales estipuladas en el proyecto de ley del Senado.
"Esa cifra no serviría a Alabama y Georgia juntas en este momento", sostiene Allen Harris, presidente de Bailey-Harris Construction Co. y miembro del grupo que está visitando a los congresistas.
Algunos representantes republicanos como Jack Kingston, de Georgia, están abiertos a reformar el programa de trabajadores invitados, pero se oponen a ofrecer residencia legal a personas que ingresaron sin documentos. Kingston dijo que a él y sus electores les preocupaba que los inmigrantes se convirtieran en una carga para los programas de prestaciones sociales del estado.
"Se puede convertir a trabajadores buenos en gente que no quiere trabajar más", afirmó Kingston.
—Janet Hook contribuyó a este artículo. 

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