martes, 21 de diciembre de 2010

Diputados opositores venezolanos aseguran que defenderán la constitución ante atropellos de Chávez

Tomado de El Mercurio

La pancarta con el mensaje “No al paquetazo cubano” fue desplegada en el estadio Luis Aparicio “El Grande” durante la parte baja del séptimo inning, los activistas gritaban consignas en rechazo a este conjunto de leyes.

Diputados aseguran que no permitirán que el Presidente viole la Constitución.

POR JAVIER MÉNDEZ

Una verdadera "resistencia legislativa" contra el gobierno socialista del Presidente Hugo Chávez anunciaron ayer asambleístas opositores venezolanos, quienes asumirán sus cargos en la próxima Asamblea Nacional (AN) el 5 de enero, en la cual la oposición tendrá 67 de los 165 escaños.

Ayer entró en vigor la Ley Habilitante, aprobada el pasado viernes por el legislativo saliente dominado por el oficialismo y que otorga poderes especiales por 18 meses al Mandatario para gobernar por decreto en materias relacionadas con la crisis que provocaron los recientes temporales. (Ver relacionado).

Los opositores denuncian que, valiéndose de una emergencia climática, Chávez pretende "anular" a sus opositores en el nuevo Parlamento y enfrentar con cierta comodidad y ventaja sus aspiraciones de reelección en los comicios de 2012.

Ayer, la oposición amaneció en "pie de guerra" y prometió realizar, tal como anunciaron asambleístas a "El Mercurio", una "verdadera resistencia legislativa" a Chávez si éste pretende violar la Constitución y más aún si pretende con argucias legales imponer su modelo "socialista bolivariano".

Julio Igarza, diputado reelecto por el estado de Amazonas del Partido Patria para Todos (PPT), dijo que las comisiones de la Asamblea seguirán funcionando, porque hay muchas materias que no entrarán en la Ley Habilitante, como la reforma a la ley del trabajo, de la demarcación de tierras y hábitat de los pueblos indígenas, del deporte, salud, educación y cultura, entre otras.

"La Ley Habilitante no impide a la Asamblea dictar leyes. Incluso en materias de emergencia tendrá que remitir los proyectos a la AN. Nosotros, si vemos que el proyecto de ley es inconstitucional, sencillamente se la vamos a devolver al Ejecutivo", advirtió.

Además, en caso de una ley inconstitucional, está el recurso de acudir al Tribunal Supremo de Justicia, añadió.

El abogado constitucionalista Román Duque Corredor explicó que, pese a la Ley Habilitante, Chávez igual debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional de las leyes de emergencia que deba promulgar, y el ente legislativo mantendrá sus facultades públicas de control.

El profesional sostuvo que la Ley Habilitante es un instrumento excepcional y extraordinario, que es delegado y, por lo tanto, ninguna intepretación jurídica puede llevar al absurdo de que no exista límite alguno respecto de la forma en que el Presidente puede utilizarla.

"Por ejemplo, en este caso, si hay una ley que afecte las finanzas públicas, la Asamblea siempre podría hacer investigaciones y controlar la forma cómo el Mandatario va ejerciendo su función legislativa", señaló.

Igarza enfatizó al respecto que no serán legisladores pasivos, pese a los poderes de emergencia que coartarán en mucho sus prerrogativas. "Aprobaremos los proyectos que la ciudadanía desee y saldremos a la calle a sensibilizar a la opinión pública respecto de las intenciones dictatoriales de Chávez".

Nirma Guarulla, asambleísta elegida por el estado de Amazonas por Patria para Todos, agregó que la nueva Asamblea tendrá un gran reto y la responsabilidad de reflejar lo que el pueblo venezolano quiere para el futuro.

"Esta nueva Asamblea fue elegida democráticamente y, por lo tanto, nosotros nos seguiremos oponiendo a esos poderes especiales para Chávez por tan largo tiempo", dijo.

Earle Herrera, diputado reelecto del oficalista Partido Socialista Unido de Venezuela, recalcó que la Ley Habilitante será aplicada moderadamente y sólo en los casos en que sea necesario hacer frente a la emergencia y reconstrucción en aquellas zonas más devastadas por las lluvias.

"La oposición ha montado una campaña como si se hubiese dado un golpe de Estado legal. Y resulta que la Asamblea sigue con todas sus competencias. Lo que ocurre es que no tiene proyectos ni leyes que proponer", acusó.

Internet

El Legislativo saliente de Venezuela aprobó ayer una ley que responsabiliza a portales proveedores y anunciantes de medios electrónicos sobre todo su contenido, una jugada que críticos consideran un avance hacia la censura en la red.

El cuerpo, de mayoría oficialista, aprobó en segunda y definitiva discusión la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) para incluir a medios electrónicos en prohibiciones consideradas amplias y poco claras, como ofender a funcionarios públicos o atentar contra dictámenes del gobierno.

El Mandatario se dota de un poder casi ilimitado y avanza en su proyecto de gobierno
La semana pasada el Legislativo venezolano aprobó varias leyes y dejó encaminado algunos otros proyectos, acercándose a consolidar el gobierno socialista de Hugo Chávez.

La norma más polémica es la Ley Habilitante , que permite a Chávez legislar por decreto 18 meses, unilateralmente y sin consultar a ningún organismo, lo que lo deja con un poder prácticamente ilimitado. Según El Nacional, esto repercutirá en una "cesantía parcial" de la Asamblea Nacional.

Además, como el Presidente tiene la facultad establecer nuevas regulaciones a la actividad económica, aumenta la inseguridad jurídica, según el diario.

El Mandatario manejará la reorganización territorial del país, reformulada bajo la figura de comunas, independientes de las fronteras de la división político territorial, que asumen las funciones de gobernaciones y alcaldías, y cuyo presupuesto depende de Chávez, quien además podría autorizar el trueque y la creación de monedas comunales.

También podrá suscribir contratos de interés general a discreción, con opción de mayores contribuciones a gobiernos y organizaciones extranjeras.

Con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la hegemonía mediática parece estar casi consolidada, dice el diario. De aprobarse, Globovisión saldrá del aire, ya que su existencia depende de que su principal accionista, Guillermo Zuloaga, ratifique personalmente la solicitud de transformación de la concesión obtenida hace 15 años, lo que el empresario no hará por temor a ser encarcelado.

La represión a las ONGs y grupos de defensa de los DD.HH. se incrementará, según El Nacional, debido a la prohibición del financiamiento externo, contemplado en los proyectos de ley de cooperación internacional y de protección a la libertad política que la Asamblea Nacional quiere aprobar a toda prisa (antes de que el oficialismo quede en minoría en enero).

Sin embargo, a juicio de Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, "el efecto será el contrario, pues estas tendencias restrictivas hacen más visibles los atropellos", señaló a El Nacional.

Otro de los sectores que Chávez busca controlar es el de la educación universitaria, bajo una regulación que promueve universidades sin autonomía y alineadas al proyecto político del Mandatario.

De esta forma, se eliminará el Consejo Nacional de Universidades, el organismo de interlocución entre las casas de estudio y el Estado. "Ahora todo quedará en manos de un superministro de Educación Superior, que difícilmente podrá cumplir con eficiencia no menos de 70 funciones", aseguró a El Nacional el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso.

Una eventual disidencia en las filas chavistas tendrá su castigo, ya que la reforma de la Ley de Partidos prohibe cambiar de posición partidista a los diputados de la Asamblea Nacional, lo que el gobierno justifica como una medida que impide el fraude al elector. Quien incurra en esta falta será inhabilitado políticamente, decisión que quedará en manos de la Contraloría.

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