Poder Judicial ecuatoriano se somete ante el Ejecutivo
Al igual que en las audiencias de primera y segunda instancia, en la de casación –celebrada el miércoles pasado hasta la madrugada del jueves– se evidenció el poder del Ejecutivo en el manejo de la logística de la Corte Nacional de Justicia.
La del 15 de febrero fue, sobre todo, una jornada de contrastes. El uso dispar del espacio fue la táctica recurrente en las audiencias de este juicio: marcar territorio a favor del demandante.
Quiénes podían entrar a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y quiénes no, quiénes podían usar el ascensor para llegar hasta el octavo piso, el de la sala de audiencias, y quiénes debían subir por las escaleras, quiénes podían usar las sillas destinadas para el público y quiénes no, qué periodistas podían acceder a ese espacio y quiénes debían esperar en un salón contiguo, qué barras podían mantenerse en la puerta principal del edificio y cuáles ¬cordón policial de por medio¬ debían protestar a una cuadra de allí.
En ese poder hacer o no se reflejó la supremacía de la Función Ejecutiva sobre la Judicial, el miércoles pasado, durante la audiencia de casación del juicio por injurias que Rafael Correa planteó contra EL UNIVERSO. Tal como ya ocurrió en las de primera y segunda instancia.
Los uniformados y la escolta presidencial ejecutaban las disposiciones del Ejecutivo en la Corte de Justicia. Estaban para abrirles la puerta a los funcionarios del régimen y para cerrarlas a quienes no eran parte del círculo oficialista; especialmente si eran periodistas, con excepción de los de medios gubernamentales, que hasta oficina habían montado. Ser de PAIS o del Gobierno abría las puertas.
Dos asesores del presidente fueron clave en la logística y en la toma de decisiones: los hermanos Francisco y Mario Latorre. El primero desde la sala de audiencias y el segundo, desde la calle, frente al ingreso.
Durante las más de quince horas que duró la audiencia, desde las 09:00 hasta pasada la medianoche, las 80 butacas instaladas en el auditorio estuvieron copadas por funcionarios públicos y allegados del demandante.
Del lado de los acusados ¬los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos de este Diario¬ apenas estuvieron once personas: los integrantes del equipo de abogados, que se ubicaron en el área destinada para la defensa.
Uno de ellos, Mauricio Guim, cuenta que había pedido con antelación que se les permita usar el 50% del auditorio para que no ocurra lo mismo que en las audiencias anteriores, cuando partidarios del Gobierno coparon la sala de audiencias porque se los dejó ingresar a las 06:00, pese a que las oficinas se abren al público a las 08:00.
El pedido fue negado por una de las funcionarias judiciales, que adujo dos cosas: que no podían hacerles “ese favor” y que eran “órdenes de arriba” dejar espacio para gente del régimen. Llegó el día de la audiencia. La defensa llegó a las 08:00 (cuando se abren las puertas de la Corte y una hora antes de la audiencia) y la Sala ya estaba llena de funcionarios públicos.
Guardaespaldas de altos funcionarios se habían convertido en “guardapuestos”. Por ahí desfilaron ministros como Doris Soliz (Desarrollo Social), María Fernanda Espinoza (Patrimonio), Érica Silva (Cultura), Patricio Rivera (Finanzas), Ximena Ponce (Inclusión), Betty Tola (Política), Esteban Albornoz (Electricidad), Richard Espinosa (Relaciones Laborales), José Serrano (Interior) y Ricardo Patiño (Cancillería), secretarios como Fernando Alvarado (Comunicación), Vinicio Alvarado (Administración) y Edwin Jarrín (Transparencia), funcionarios como Roberto Cuero (gobernador), Camilo Samán (CFN), Ramiro González (IESS)... También asambleístas: Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Rossana Alvarado y Paco Velasco.
En medio de la confraternidad de funcionarios públicos, también había subgerentes, directores de área, asesores, asistentes, guardaespaldas... Si solo se cuenta la veintena de personajes citados en este artículo, acompañados por dos o tres personas, se llenan las butacas.
Pocos periodistas lograron pasar a la sala, entre ellos, el director de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, dos periodistas de prensa escrita y el comunicador Carlos Andrés Vera, quien fue agredido en los bajos de la Corte, y luego ingresó cuando Francisco Latorre lo autorizó.
Los ascensores eran usados casi exclusivamente por funcionarios y allegados al régimen. El resto, en su mayoría periodistas, debía subir por las escaleras. Ya en el octavo piso, como escaleras y ascensores terminaban en el mismo sitio, la Policía se encargó de volver a partir las aguas.
Por las barras del Gobierno, que incluso golpearon a periodistas y amenazaron a quienes protestaban contra el juicio, los abogados de este Diario debieron ingresar a la Corte por una especie de sótano, por una calle transversal. A la salida los mismos policías les dijeron que no salgan por la puerta principal, como lo hicieron los del Gobierno. ¿La razón? Que no los linchen. Esperaron en el vestíbulo y salieron, con custodia, por una puerta lateral solo cuando llegó una van a recoger al grupo.
El demandante, en cambio, ingresó y salió por la puerta grande. La Policía había bloqueado desde temprano la calle Unión Nacional de Periodistas, por donde se entra a la Corte. A sus seguidores se les permitió ubicarse ¬con la venia y custodia de los uniformados¬ al pie del edificio, frente a ese ingreso.
A Correa también se le acondicionó ¬en el noveno piso¬ un salón para retirarse a descansar y comer (un encebollado, como él mismo dijo en Twitter) mientras se desarrollaba la audiencia. Cuando quería subir, la seguridad desalojaba el camino. Incluso se le armó un espacio para ofrecer ruedas de prensa.
Para la otra parte, la de los acusados, las condiciones fueron distintas. Los abogados no disponían de un espacio acondicionado para hablar con la prensa y menos para descansar o comer. En las calles, a quienes se manifestaban en contra de Correa y el juicio, no se les permitió ponerse frente a la Corte. Debieron protestar en otra calle, donde no se toparan con los funcionarios y allegados del régimen.
Cuando la defensa intervenía, los partidarios de Correa se “desinflaban”, en palabras de Joffre Campaña, uno de los abogados de este Diario. Cuando lo hacía la parte acusadora, sonaban los aplausos en el auditorio. Incluso uno de los abogados del Diario cuenta que, mientras exponía la defensa, el juez Paúl Íñiguez Ríos se dormía. Como prueba muestra una foto del magistrado con los ojos cerrados y con la cabeza hacia abajo. Un “falso estornudo” lo hizo reaccionar.
Como cierre de la maratónica jornada, cuando los jueces ya habían ratificado la sentencia contra EL UNIVERSO y sus directivos, los abogados de este Diario aguardaban el carro que los llevaría al hotel. En esa espera, relatan dos de ellos, Correa bajó y, al ver a Campaña, cuentan que ¬palabras más, palabras menos¬ le dijo a sus guardaespaldas que uno de ellos le pegara “un puñete a este majadero”. Ellos se miraron unos segundos, pero ninguno cumplió la orden y siguieron al presidente.
Textuales: Lo dijo Rafael Correa
14/ene/2012
“Consejo de la Judicatura, a sancionar a esos abogados... que con mañoserías dilatan los procesos”.
10/feb/2012
“Esa es la realidad (tribunal debe revisar 19 hojas). Así que realmente la audiencia puede ser mañana”.
15/feb/2012
“¡Todos a la Corte Nacional a hacer vigilia (a través de Twitter) para que el caso concluya hoy, como dice la ley!”.
26/ene/2012
“Inauguremos el estado de derecho, en lugar del estado de opinión que nos quieren imponer (los medios)”.
11/feb/2012
“Que allá (EE.UU.) los delitos de opinión no tienen cárcel a mí qué me importa. Aquí creo que es necesario”.
16/feb/2012
“Gracias a los señores jueces que han sabido administrar justicia en nombre de la República”.
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