Tomado de Hoy Bolivia.com
LA PAZ.- La Cámara de Senadores aprobó esta madrugada la Ley de Pensiones en sus estaciones en grande y en detalle y la enviará al Ejecutivo para su promulgación. Las AFP son eliminadas de la nueva normativa.La reforma de las pensiones amplía los beneficios y nacionaliza la administración del sistema, que estaba en manos de dos fondos privados pertenecientes al banco español BBVA y a la empresa suiza Zúrich.
El presidente de la Cámara Alta, René Martínez, destacó la aprobación de la Ley "que marcará una nueva etapa de inclusión social a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos".
Dijo que la nueva Ley de Pensiones plantea una serie de medidas revolucionarias de amplio alcance social para todos los ciudadanos sean beneficiarios.
Los senadores debatieron artículo por artículo la Ley en un esforzado trabajo en el que todos los representantes políticos del oficialismo y de la oposición dieron a conocer sus posicionamientos.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, adelantó que es probable que el presidente Evo Morales Ayma promulgue la Ley este domingo.
La norma consta de nueve títulos, 26 capítulos y 199 artículos, que proponen que la seguridad social de largo plazo esté conformada por un Sistema Integral de Pensiones.
La Ley reduce la edad de jubilación de los trabajadores de 60 a 58 años y a 56 para los mineros y prevé la creación de un Fondo Solidario para incrementar la renta de los trabajadores de bajos ingresos.
El Fondo Solidario será financiado con el aporte patronal del tres por ciento y del 0,5 por ciento de los trabajadores.
Otro de los destaques de la Ley es que la renta de jubilación será calculada en base a los salarios de los últimos dos años.
SE ELIMINAN LAS AFP
Igualmente el Fondo de Pensiones dejará de ser administrado por empresas privadas, como Futuro de Bolivia y BBVA Previsión dispuesta por la antigua Ley, ya que pasará bajo la administración de una Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo que invertirá el cinco por ciento de esos recursos en programas de desarrollo productivo.
Con el fin de garantizar una transparencia en la administración de esos recursos, la Ley establece condenas de 5 a 10 años de privación de libertad a aquellos funcionarios que incurran en acciones dolosas en el manejo de los aportes.
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