El tema migratorio está incluido en la visita de Obama, pero las posibilidades de que se concrete algún beneficio permanente a los salvadoreños, son escasas.
Por Álvaro Cruz Rojas
Si hay una cosa clara en Washington es que las posibilidades de una reforma migratoria integral que legalice a millones de indocumentados, incluyendo miles de salvadoreños, son muy escasas.
Analistas como Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, advierten que “en el tema migratorio se reconoce que este se ubica en un punto muerto en lo referente a la legalización”.
“La posición actual del círculo político de Washington está de no comprometerse durante esta administración en reformas migratorias que incluyan la legalización de inmigrantes indocumentados, y más bien, mantener la política de contención migratoria indocumentada y de deportación a los que están adentro”, explica Orozco.
Cada analista, cada asistente congresional o cada funcionario de la administración Obama con el que uno habla en Washington en estos días coincide con la visión de Orozco, algunos incluso con mucho mayor pesimismo.
Ray Walser, analista político de la conservadora Fundación Heritage, cree que la reforma migratoria ni siquiera será discutida en los próximos dos años.
Quizás la expresión más grande de este sentimiento antiinmigrante en los Estados Unidos fue cuando se aprobó una legislación en el estado de Arizona, anulando todos los derechos de los indocumentados.
El presidente Mauricio Funes ha anunciado públicamente que planea pedirle a su homólogo estadounidense, Barack Obama, la legalización permanente de más de 200 mil salvadoreños amparados por el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Algo que en Washington ven con escasas posibilidades debido a que una regularización permamente implicaría pasar por el Congreso, donde seguramente sería bloqueado porque la oposición republicana domina ambas cámaras.
“El TPS cubre a una minoría de salvadoreños que actualmente viven en Estados Unidos y, desafortunadamente, las posibilidaddes de una reforma migratoria más amplia que abra el camino a la ciudadanía para los salvadoreños está cada vez más alejada”, explica Cinthya Arnson, directora del programa latinoamericano del Woodrow Wilson Center.
El problema es que si Obama presentara una iniciativa ante el Congreso para legalizar a los 200 mil salvadoreños del TPS, habría voces alegando que también habría que legalizar a hondureños, nicaragüenses y haitianos, lo que podría interpretarse como una amnistía más generalizada, algo inaceptable en la capital estadounidense.
“Es una preocupación lógica y entendible (el TPS). Hay quizás alguna posibilidad si fuera un asunto solo del Ejecutivo, pero en el contexto político actual, si llega al Congreso, es difícil”, asegura Michael Shifter, de Diálogo Interamericano.
Eric Farnsworth, del Consejo de las Américas coincide con Shifter: “si eso (la regularización de los beneficiarios del TPS) requiere aprobación congresional, no está claro a este punto si lo aceptará”.
“Extenderlo (el TPS) sería fácil, pero lo de la regularización es difícil porque tendrían que incluir al resto de países”, dijo Farnsworth.
En 2010, las deportaciones no se detuvieron, sino que crecieron en un 7% en relación con el 2009 a 400,000 deportados, cerca de un cuarto de estos que incluye a Centroamericanos.
“Ante esta realidad, las opciones políticas mas allá de la postura diplomática, se reducen a buscar puntos en común para trabajar en el campo de protección a los que intentan emigrar por tierra, monitoreo y persecución de las redes de tráfico de personas, entre otros”, explica Orozco.
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