Revisarán temas de seguridad, narcotráfico con mandatarios de la región
Naciones Unidas. La seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado en Centroamérica concentran la agenda de la visita que inicia hoy a Guatemala el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
El titular de la organización mundial llega este martes por primera vez a Ciudad de Guatemala para sostener conversaciones con el presidente, Álvaro Colom, y varios miembros de su gobierno.
En la misma urbe, el titular de la ONU se reunirá mañana con los jefes de Estado participantes en una Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana, según se informó en la sede de la ONU en Nueva York.
Los mandatarios congregados en Guatemala serán Mauricio Funes (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua), Laura Chinchilla (Costa Rica), Ricardo Martinelli (Panamá) y Porfirio Lobo (Honduras).
También estarán el primer ministro de Belice, Dean Barrow, y el vicepresidente de la República Dominicana Rafael Alburquerque.
Se espera que el máximo responsable de la ONU sostenga reuniones separadas con algunos de los jefes de Estado de la región.
El programa de Ban Ki-moon incluye una visita a las oficinas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato acaba de ser prorrogado por otros dos años por la Asamblea General de la ONU.
Ese organismo fue creado en diciembre de 2006 por un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU, como un aparato independiente de apoyo al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado guatemalteco.
Su actual titular es el costarricense Francisco Dall'Anese Ruiz, quien asumió el cargo a mediados del año pasado tras la renuncia del español Carlos Castresana.
La comisión investiga la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad e identifica sus estructuras, actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
A partir de esa labor hace recomendaciones al gobierno sobre políticas públicas, mecanismos y procedimientos para erradicar los grupos ilegales y fortalecer la capacidad del Estado en la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos.
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