Tomado de Foreign Policy
Lecciones de Río a México
En medio de una brutal e
impopular campaña militar contra organizaciones criminales, México podría
aprender del programa de policía pacificadora de la ciudad carioca.
Por
Jorge Kawas
El
país se encuentra en medio de una brutal e impopular campaña militar contra
organizaciones criminales que ha costado más de 60 mil muertos, otros muchos
desaparecidos y una creciente sensación de inseguridad en los ciudadanos
mexicanos. Sin embargo, dos de las grandes consecuencias son la pérdida de
control territorial por parte del Estado y el creciente número de abusos de las
fuerzas de seguridad. La actual Administración mexicana, ante estos problemas, ha
mostrado escasos resultados.
Mientras
tanto en Brasil, el Gobierno de Río de Janeiro ha implementado un innovador
modelo de seguridad pública denominado Unidad de Policía de Pacificación (UPP),
que busca promover vínculos más estrechos entre la población y la policía. El
programa pacificador tiene el objetivo de recuperar el control de las favelas, al igual que la confianza de los
residentes después de años de negligencia estatales y abusos de la policía.
En esencia es un intento de traer de vuelta a estas barriadas el Estado de
Derecho.
En
general el UPP ha tenido un alto nivel de aprobación de la población carioca.
Un sondeo de la encuestadora brasileña IBPS revela la extensión del apoyo
ciudadano a estas Unidades.
En comunidades donde éstas fueron desplegadas, su sostén alcanza el 92%,
mientras que en aquellas favelas sin UPP el apoyo es del 77%. Algunos proyectos
en curso incluyen la construcción de infraestructura para alojar a las UPP,
especialmente para convencer a los residentes que han llegado para quedarse.
Las
UPP no están libres de problemas. Ignacio Cano, un especialista en seguridad
pública y derechos humanos en Brasil, menciona que les ha faltado atender las
inquietudes específicas de las favelas. Asevera que fueron traídas desde fuera
para tratar la necesidad general de pacificación, pero no ha habido un intento
sistemático para incorporar las demandas de la comunidad. Según Rodrigo
Pimentel, asesor en seguridad y ex miembro de la policía militar BOPE (Batallón
de Operaciones Policiales Especiales), el programa pacificador también carece
de un marco legal que comprometa a los próximos gobiernos a mantener las UPP.
Ante
la presencia de un poder criminal, el Estado busca intervenir para reemplazar a
esta autoridad ilegítima. En el caso de Río, se desplegaron unidades del BOPE
para despejar las favelas de delincuentes. En comparación con otras ciudades
con mayores tasas de homicidio, la tasa de mortalidad por acción policial es
desproporcionada. Aunque controvertidas debido a su brutal reputación, la popularidad del BOPE se
ha elevado después de su despliegue junto a las UPP. Según el informe de IBPS,
el apoyo al BOPE es el doble en comunidades con UPP (60% contra 28%). Además,
ofrecen mayor confianza y seguridad a los residentes de las favelas que han
sufrido directamente la violencia tanto de los criminales como de la policía.
De
forma similar, México ha sido testigo de un desvanecimiento del poder del
Estado en partes del país. Un cable diplomático de Wikileaks de diciembre 2010
expresa preocupación sobre este asunto, alegando que la Administración mexicana
admitió haber sido rebasado por el poderío de las organizaciones criminales en
varias zonas del país. El ex portavoz en materia de seguridad del Gobierno
federal, Alejandro Poiré, rechazó de forma tajante este dato en su
momento, aunque luego la Secretaría de Gobernación admitió que el crimen
organizado ejercía un control de
facto sobre muchas
zonas.
Como
en las barriadas de Río, la ausencia del Estado dejó un vacío de poder que
llegaría a ser ocupado por la ilegalidad. Joaquín Villalobos, un antiguo líder
guerrillero de El Salvador convertido en consultor en seguridad, menciona la
importancia de que el Estado recupere de forma permanente las zonas controladas
por las bandas criminales en el contexto de seguridad mexicana. Subraya el caso
de las UPP en la ciudad carioca como ejemplo de una creciente presencia estatal
en un territorio perdido con el propósito de reducir la criminalidad. Asimismo
señala la experiencia de Colombia, donde las autoridades comprendieron que "a
menos que el Estado ocupara el territorio permanentemente, el problema de los
grupos armados y la ilegalidad no se resolvería".
La
experiencia de Río también ilustra las virtudes de una estrategia que no
justifica los abusos. Como explica Villalobos, "los derechos humanos en la
actualidad, por encima de requerimientos éticos, se han vuelto parte
fundamental de la eficacia operacional tanto para policías como para
militares". Hace referencia a Colombia al decir que los abusos
disminuyeron después de convencer a los mandos militares de que se obtienen
mejores resultados si no convierten a los civiles en sus enemigos. Las UPP de
Río han producido un efecto semejante, en comparación con la época en que el
BOPE actuaba solo y con fuerza excesiva.
Como
en Río, México ha experimentado un ascendente registro de abusos por parte de
las fuerzas del Estado. Un informe reciente
de Human Rights Watch documenta como las fuerzas castrenses mexicanas han
cometido de manera creciente abusos a derechos humanos durante la actual
Administración. Aunque el presidente mexicano, Felipe Calderón, ha admitido
recientemente los abusos militares, insiste en que éstos son la excepción. Aún así, la mayoría de los
ciudadanos todavía apoyan el uso militar para combatir la delincuencia. Esto,
sin embargo, puede cambiar si los abusos continúan.
Está
el caso de Cherán, un pueblo en el estado de Michoacán donde los habitantes se
mostraron reacios a ser extorsionados por grupos criminales. Aunque, México no ha visto
un auge significativo en paramilitarismo y otras actividades de vigilantismo en
reacción a la mayor inseguridad, un deterioro en el contexto de
seguridad a la par de un Estado débil podría dejar a los ciudadanos vulnerables
sin otra opción.
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