Tomado de RFI
El fantasma de un nuevo “default”
sobrevuela Buenos Aires
El gobierno argentino apelará este
lunes 26 de noviembre la decisión de un juez de Nueva York que lo obliga a
pagar al contado una deuda de 1.330 millones de dólares a fondos especulativos.
El falló dejó abierta la posibilidad de una nueva cesación de pagos a mediados
de diciembre. Con consecuencias que afectarían a todo el sistema financiero
internacional. El análisis de la noticia.
Por
Juan Buchet, en Buenos Aires
El
riesgo de la cesación de pagos acecha nuevamente a la Argentina, once años
después de la crisis del 2001. En aquel entonces, el país no podía pagarle a
sus acreedores sin ayuda externa, al igual que Grecia hoy. Como el Fondo
Monetario Internacional (a diferencia de lo que viene haciendo desde hace tres
años con Atenas) había decidido poner fin a su asistencia financiera, el
gobierno argentino tuvo que reconocerse insolvente sobre una deuda de 100.000
millones de dólares en los últimos días de diciembre 2001.
Esta
vez, la Argentina quiere y puede pagar. No ha dejado de hacerlo desde que
reestructuró su deuda vencida – es decir que llegó a un acuerdo con la mayoría
de los acreedores, quienes aceptaron canjear sus bonos contra otros de menor
valor – en 2005 y 2010. De hecho, es uno de los países más solventes del mundo:
su deuda representa apenas más que el tercio de su PBI.
Sin
embargo, este 15 de diciembre la Argentina podría encontrarse en cesación de
pagos por una decisión de la justicia estadounidense.
¿Cómo
entender esta situación? Por el accionar de poderosos inversores que aún poseen
bonos de la antigua deuda argentina porque no aceptaron canjearlos en su
momento, y reclaman que se les pague lo que ellos consideran que se les debe
por vía judicial. En su mayoría son fondos especulativos, a veces llamados
fondos “buitre”, que compran títulos de países al borde de la quiebra a
inversionistas de buena fe que los quieren vender por temor a perderlo todo. Es
decir, los adquieren muy por debajo de su valor nominal. Luego, rechazan la
reestructuración e inician acciones judiciales.
En
el caso argentino, lo hicieron con éxito ante un tribunal neoyorquino,
obteniendo a fines de octubre una decisión favorable del juez Thomas Griesa,
ratificada este 22 de noviembre. ¿Qué dice el fallo de Gresia? Que el 15 de
diciembre Argentina debe pagarle a los demandantes -los fondos, Aurelius y NML
(el mismo que obtuvo de la justicia ghanesa el bloqueo de la fragata Libertad),
más 13 pequeños acreedores) - lo que reclaman (1.450 millones de dólares) y le
prohíbe, de no hacerlo, pagarle a ningún otro alguno de los bonos emitidos en
el momento del canje, que vence ese mismo 15 de diciembre. Con lo cual, el país
se encontraría técnicamente en cesación de pagos.
Uno
se preguntará qué tiene que ver la justicia estadounidense con la deuda
argentina. Es que los títulos de deuda soberana, destinados a inversores del
mundo entero, se emiten bajo legislación de los grandes centros financieros internacionales,
a modo de garantía, en caso de litigio, para los bonistas.
Vale
aclarar que 93% del valor de la deuda argentina que había quedado en cesación
de pagos en el 2001 fue reestructurada y la inmensa mayoría de los tenedores de
bonos aceptó el canje. Según las reglas de la finanza internacional, la
operación fue un éxito y, en tal caso, se considera que los acreedores que no
entraron en la reestructuración pierden sus derechos, a menos que puedan hacer
valer sus argumentos ante una instancia judicial complaciente, como ha ocurrido
ahora, en Nueva York.
Pero
la decisión del juez Griesa no se limita a los supuestos derechos de los
demandantes. Al impedir el pago a otros acreedores, no solo ejerce una presión
sobre la Argentina, sino que cuestiona las mismas bases de las
reestructuraciones de deuda, es decir el único modo que se ha encontrado en le
mundo para superar una quiebra soberana gracias a un acuerdo entre el país
emisor de los títulos y sus acreedores. Es por eso que las grandes
instituciones financieras estadounidenses apoyan el recurso de apelación que
presentará el gobierno argentino este lunes 26 de noviembre.
Si
el tribunal de apelaciones disociara, en un nuevo fallo, la situación de los
demandantes y de los acreedores que aceptaron el canje, se volvería al statu
quo anterior. La disputa con los fondos “buitres” seguiría por la vía judicial,
pero la Argentina continuaría honrando la deuda reestructurada. De lo
contrario, se la declarará oficialmente en cesación de pagos.
Ese
“default” tendría consecuencias nefastas aunque limitadas para el Estado
argentino, en la medida que éste no recurre desde hace años a los mercados
internacionales, con lo cual la obligada subida de los tipos de interés que se
le aplicarían si quisiera emitir nueva deuda no la afectaría.
Pero
sí se verían en problemas las provincias y las empresas que se financian en el
exterior, y también los acreedores que entraron en la reestructuración, ya que
el valor de sus títulos se desplomaría. Y sería un terremoto para el sistema financiero
mundial que podría dificultar más aún la salida de la crisis de la deuda
europea.
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