Ahora se culpa
de las calamidades de la situación económica actual a esa porción de su
población (EEUU) que no es siquiera el 4% de la misma y por cierto es la más
vulnerable.
La condición de inmigrantes
indocumentados pareciera despojar a las personas de sus derechos humanos más
elementales. Esto lo saben bien los delincuentes, los explotadores, las
autoridades y varios políticos calculadores.
Ante la crisis financiera actual, producto de una especulación desmedida, de una voracidad mercantilista y de una incapacidad gubernamental los ciudadanos frustrados por sus dificultades buscan culpables. Debido a esto observamos que muchos gobernantes de diferentes niveles pierden sus puestos en elecciones democráticas o son destituidos por rebeliones sociales que terminan en protestas generalizadas e incontrolables.
De los éxitos muchos reclaman su
paternidad, los fracasos son huérfanos y nadie asume responsabilidad por ellos.
Los ciudadanos exigen responsables, un culpable, alguien sobre quien descargar
la ira y frustración. Quién mejor para tan sacrificada asignación que alguien
débil, alguien que no pueda defenderse, que no tenga ni voz, ni voto (sobre
todo). Alguien que sea fácil descalificar de entrada. Es allí cuando también surge
la figura del indocumentado: el que “carga el bulto que el legal no cargaría ni
obligado” como dice Arjona.
No sólo se abusa laboral y
salarialmente de él, sino ahora políticamente. EEUU es una nación de
inmigrantes cuyo éxito está basado en la diversidad y en al aporte que estos dan
a la economía. Ahora se culpa de las
calamidades de la situación económica actual a esa porción de su población que
no es siquiera el 4% de la misma y por cierto es la más vulnerable.
Bajo esta premisa aparecen una
cantidad de leyes y regulaciones a nivel, local, estatal o federal para
castigar aún más a este sufrido personaje que es parte importante del complejo
engranaje que compone la sociedad estadounidense.
La obligatoriedad a nivel federal del
programa Comunidades Seguras victimizará aún más a los inmigrantes
indocumentados, quienes son estigmatizados
como criminales por el sólo hecho de su estatus migratorio.
El Programa de Identificación de
Indocumentados en las Cárceles conocido como
287g fue diseñado bajo la
administración Clinton en 2006 y puesto en marcha en 2008 por George W. Bush.
Su objetivo original fue deportar criminales convictos indocumentados, en la
práctica diversos estudios incluyendo reportes gubernamentales demuestran que ha
sido utilizado para expulsar mayoritariamente a inmigrantes indocumentados,
incluso por el solo hecho de manejar sin licencia o por faltas menores como no
usar cinturón al conducirse en un vehículo.
El programa 287g, agrega tareas
migratorias a las policías locales. Inició en la cárcel del condado
Mecklenburg, Charlotte, Carolina del Norte.
Comunidades Seguras es un programa más eficiente que su
antecedente el 287g. Diseñado para reforzar las leyes de inmigración que buscan
deportar extranjeros criminales. Es administrado por
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los
Estados Unidos
(ICE por sus siglas en Inglés). Fue creado en 2008,
iniciando en el condado de Harris, Texas. Actualmente más de 1300 ciudades a lo largo y
ancho del territorio estadounidense se han sumado voluntariamente. A partir de
enero de 2013 será obligatorio en los 50 estados de la nación. Desde su
implementación Estados Unidos ha deportado a más de 800 mil inmigrantes, más de
397,000 durante el 2011, se espera que la cifra crezca a más de medio millón el
próximo año. Vale la pena destacar que según informes gubernamentales
únicamente el 26% de los deportados tenían antecedentes penales.
La mayor crítica a ambos
programas es que han creado una política de aplicación basada en un perfil
racial, el mismo Departamento de Seguridad Nacional reconoce que en 2011 más de
la mitad de los deportados bajo estos programas cometieron delitos menores o
incluso carecían de un record delictivo. Por otro lado un estudio de la
prestigiosa universidad de Berkeley en California revela que un 93% de los
deportados son de origen latino.
Las implicaciones
familiares, sociales y económicas que traen consigo son incalculables y
tristemente son motivadas por un populismo infundado en el cual únicamente se
busca descargar culpas en alguien que no pueda defenderse.
La aplicación de ambos
programas deshumaniza aún más el ya terrible drama del indocumentado. Deseo fervientemente
que Dios se ampare de ellos, ya que los gobiernos del país que dejaron y los de
su nueva residencia son indiferentes al drama que viven diariamente.
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