Tomado de BBC Mundo
La estrategia antidrogas mexicana
depende de los militares.
Por Alberto Nájar
La captura de tres generales y un
teniente coronel, a quienes la Procuraduría (fiscalía) General de la República
(PGR) vincula con un cartel del narcotráfico, sumió a las fuerzas armadas de
México en una de las crisis más profundas de su historia reciente, según
reconocen analistas.
La portada
del semanario Proceso ilustra el escándalo más reciente en el país: "El
Ejército enlodado", reza la publicación.
Uno de los
detenidos, el general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, ocupó
durante un par de años el segundo cargo de más importancia en el ejército
mexicano, y algunos analistas lo mencionaban como posible candidato a ser
secretario de la Defensa Nacional en el próximo gobierno.
El arresto de
los militares es un duro golpe a la imagen del ejército, que ha sido el pilar
fundamental en la lucha del gobierno contra los carteles de narcotráfico, le
dice a BBC Mundo el analista José Reveles.
"Al
presidente Felipe Calderón le tomó cinco años justificar y defender la
presencia en las calles del ejército en tareas de seguridad pública, y en unas
pocas horas se cae todo", explica.
Además de
Ángeles Dauahare, los generales detenidos son Roberto Dawe González, quien
permanecía en activo, y Ricardo Escorcia Vargas, retirado. El otro oficial
detenido es el teniente coronel retirado Isidro Hernández Soto.
La PGR les
señala por, presuntamente, colaborar con el cartel de los hermanos Beltrán
Leyva, a partir de las declaraciones de un testigo protegido. Los cuatro
permanecen en custodia de la policía en una casa de seguridad, una figura legal
que en México se llama arraigo, a la espera de que se inicie o no un juicio en
su contra.
Positivo
Desde 2006, cuando el gobierno
intensificó la lucha contra el narcotráfico, muchos advirtieron del riesgo de
que los delincuentes se infiltraran en las fuerzas armadas.
Y en aquel
momento, algunos analistas señalaron ciertos peligros relacionados:
diagnósticos de las autoridades revelaban que la mayoría de las corporaciones
policíacas del país no tenían capacidad de combatir a la delincuencia
organizada, y algunas incluso estaban vinculadas con bandas criminales.
"Lo
escribí hace unos años", le dice a BBC Mundo Javier Oliva, profesor de la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
"En la
medida que se extendiera en el tiempo la participación de las fuerzas armadas
en esas tareas, los riesgos de tener problemas de violaciones de derechos
humanos o de carácter judicial por colusión o corrupción eran posibles",
añade.
A pesar del
escándalo, Oliva ve positivo que se investigue a los generales y el teniente
coronel.
"Las
fuerzas armadas ponen el ejemplo de que todo aquel funcionario público
encargado de combatir el narcotráfico y no lo haga, debe comparecer ante la
ley", explica.
"La
imagen del ejército se vulnera pero al mismo tiempo se corrige. Da una
evidencia de que no se van a permitir incumplimientos".
Política
Reveles y Oliva coinciden en que la
investigación de los militares pone en evidencia que la estrategia de las
autoridades mexicanas es parcial, pues se ha hecho énfasis en el combate armado
sin aplicar otras medidas, como una reforma al sistema judicial del país.
Pero también
existe un elemento adicional: el cariz político que el asunto podría tener.
Días antes de
su captura, el general Ángeles Dauahare participó en un foro público con el
candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique
Peña Nieto, quien según varias encuestas tiene el mayor respaldo en las
preferencias electorales.
Reveles dice
que la investigación contra el militar retirado "es una zancadilla
política, un ajuste de cuentas al más alto nivel".
Las
autoridades niegan esta posibilidad. En un comunicado, la PGR insistió en que
el proceso contra los generales y el teniente coronel "carece de
connotación política o de relación alguna con las campañas en curso o los
candidatos en contienda".
Más allá del
juicio que podría señalar a los militares, los analistas coinciden en que la
lucha contra los carteles de la droga se mantendrá sin cambios. De hecho, los
generales y el teniente coronel no son los primeros que enfrentan ese problema.
Datos de la
Secretaría de la Defensa señalan que, desde 2006, al menos 143 militares de
distintos rangos han enfrentado juicios por cometer varios delitos.
Cuando estos problemas se presentan muchos de nosotros vemos como pierde legitimidad el Estado; pero en ocasiones no vemos que nosotros mismos caemos en actos de corrupción v.gr cuando le damos un billete al agente para que no nos multe por violar alguna norma de transito, se que la incidencia de unos y otros no es igual, y no pretendo justificaría el actuar de los investigados; pero considero que si realmente queremos que nuestros países lleguen a solucionar este tipo de problemas, debemos comenzar por atacar cualquier acto ilegal por pequeño que este sea.
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