domingo, 26 de agosto de 2012

Brasil: Crece tensión entre gobierno y sindicatos de empleados públicos


Tomado de La Nación
 "Fuera Dilma", dice el cartel de los empleados públicos que marcharon frente al Palacio del Planalto
  
Tensión en Brasil / La ola de huelgas

Dilma y los trabajadores, un romance que se acaba

La presidenta se endurece en la puja por los salarios públicos

Por Alberto Armendariz

RIO DE JANEIRO.- Corren horas clave para la disputa entre Dilma Rousseff y los empleados públicos brasileños, en huelga desde hace varias semanas.
Pese al riesgo de perder un apoyo clave en la base política del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la presidenta de Brasil no ha cedido ante los reclamos salariales e impuso como plazo este fin de semana para llegar a un acuerdo con los sindicatos, que se sienten cada vez más defraudados por la actitud intransigente de la mandataria.
"Las reuniones que van a ocurrir ya son de retorno. Es normal que las entidades realicen sus asambleas, evalúen y después regresen sólo para que concluyamos el proceso de negociación y firmemos el acuerdo", señaló anteayer el secretario de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Planificación, Sergio Mendonça, a quien Rousseff colocó a lidiar con los sindicatos de servidores públicos que exigen aumentos que van desde el 30 al 50%.
Desde que comenzó el conflicto, con el paro de los profesores de las universidades federales, a mediados de mayo, se levantaron en contra del gobierno, entre otros, los agentes de la Policía Federal y de la Policía Caminera, los empleados de las áreas de Salud, Previsión Social, Trabajo, Justicia, Relaciones Exteriores y la Receta Federal (impuestos), así como los trabajadores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
En total, se calcula que la medida de fuerza involucra a unos 350.000 trabajadores del Estado federal, lo que provoca serios inconvenientes, desde la entrega de pasaportes hasta la circulación de alimentos y medicamentos.
Sin embargo, más preocupada por los efectos de la crisis económica mundial, que hoy traba el ritmo de crecimiento de Brasil, la presidenta rechazó sus exigencias, ofreció a cambio un reajuste de sólo 15,8% dividido en los próximos tres años para todas las categorías por igual, descontó de sus salarios actuales los días que se trabajó, y autorizó que los puestos de los huelguistas sean ocupados por empleados municipales o estatales.
Para colmo, advirtió además que aquellas categorías que no firmen el acuerdo con el gobierno no serán incluidas en los aumentos previstos en el proyecto de ley del presupuesto para 2013, que debe ser enviado al Congreso el próximo viernes, 31 de agosto.
"Dilma nos puso un cuchillo al cuello. Retrasaron las negociaciones y sólo esta última semana el gobierno vino con una propuesta que está muy por debajo de lo que pedimos. Nos sentimos traicionados", se quejó a LA NACION José Alves de Souza, integrante de la dirección nacional de la Confederación de los Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef).
"YA NI PARECE DE IZQUIERDA"

Alves criticó también la serie de "concesiones" (privatizaciones) de obras de infraestructura vial y ferroviaria anunciada por la presidenta dos semanas atrás.
"Valora más a los empresarios, a los que les da todo tipo de beneficios para que ganen dinero, y se olvida de los servidores públicos. Así está perdiendo la simpatía de los trabajadores. Ya ni parece de izquierda", indicó.
Los analistas resaltan que las cosas eran distintas durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, padrino político de Rousseff. Ex líder sindical metalúrgico y fundador del PT, el carismático Lula se sentaba a negociar personalmente con los representantes gremiales en un ambiente distendido y siempre ambas partes salían satisfechas del acuerdo alcanzado.
Con menos cintura política que su antecesor y un perfil técnico enfocado en la responsabilidad fiscal, Rousseff dejó en manos de subalternos las negociaciones y endureció el juego con una visión pragmática que no cayó bien en las filas sindicales.
"Debería tener un mejor trato con los huelguistas que están ejerciendo su derecho; son trabajadores que sustentaron este gobierno y confiaron en que le daría continuidad al proceso de transformación social iniciado por Lula. La presidenta necesita una base social fuerte y los trabajadores son su principal elemento", subrayó Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de los Trabajadores, la central sindical más grande del país.
Junto con las otras cuatro principales -Fuerza Sindical, Unión General de los Trabajadores, Nueva Central Sindical y Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil-, esa organización emitió, hace dos semanas, un comunicado en repudio de la postura "autoritaria" del gobierno y exhortó a entablar negociaciones de buena fe.
Con la confección de la ley de Presupuesto en ciernes, la estrategia de "mano dura" de Rousseff comenzó a rendir los primeros frutos al gobierno esta semana, cuando la Federación de Sindicatos de Profesores de Instituciones de Enseñanza Superior y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Universidades Públicas Brasileñas aceptaron la propuesta gubernamental. Y hay otras categorías que se sumarían después de realizar sus asambleas durante el fin de semana.
La expectativa en el gobierno es que el próximo martes o miércoles a más tardar ya se pueda firmar un acuerdo masivo.
Luego de que el propio Lula apoyase la acción de la presidenta con los huelguistas ("el gobierno tiene que trabajar con el dinero disponible; el dinero es limitado", dijo el popular ex mandatario), en el PT no se expresan públicamente sobre la pugna. Pero a puertas cerradas, los dirigentes petistas están resentidos con Rousseff; creen que está distanciando al partido de sus bases, lo que es más preocupante en un año de elecciones municipales como éste.
"Aunque la presidenta esté en lo correcto en defender la contención de gastos, no ha hecho un buen trabajo en transmitir a la sociedad la necesidad de mantener la austeridad en estos tiempos de incertidumbre económica. Y eso le acarreará costos en el mediano y largo plazo", opinó Paulo Kramer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia.
EL CONFLICTO
·         Reclamos. 
Los trabajadores públicos, que iniciaron la huelga en mayo, piden ajustes salariales que varían entre el 25 y el 50%, dependiendo el sector. Dilma ofreció un aumento de sólo 15,8%, en los próximos tres años para todas las categorías, y descontó de sus salarios actuales los días que no fueron a trabajar.
·         Sectores. 
Unos 350.000 trabajadores se levantaron contra el gobierno. Entre los que figuran: los profesores de las universidades federales, la policía, los empleados de las áreas de Salud, Previsión Social, Trabajo, Justicia, Relaciones Exteriores y la Receta Federal (impuestos).
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