Tomado de La Nación
"Fuera Dilma", dice el
cartel de los empleados públicos que marcharon frente al Palacio del Planalto.
Tensión en Brasil / La ola de huelgas
Dilma y
los trabajadores, un romance que se acaba
La presidenta se endurece en la puja por
los salarios públicos
Por Alberto Armendariz
RIO DE JANEIRO.- Corren horas clave para la disputa entre
Dilma Rousseff y los empleados públicos brasileños, en huelga desde hace varias
semanas.
Pese al riesgo de perder un apoyo clave en la base política
del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la presidenta de Brasil no ha
cedido ante los reclamos salariales e impuso como plazo este fin de semana para
llegar a un acuerdo con los sindicatos, que se sienten cada vez más defraudados
por la actitud intransigente de la mandataria.
"Las reuniones que van a ocurrir ya son de retorno. Es
normal que las entidades realicen sus asambleas, evalúen y después regresen
sólo para que concluyamos el proceso de negociación y firmemos el
acuerdo", señaló anteayer el secretario de Relaciones de Trabajo del Ministerio
de Planificación, Sergio Mendonça, a quien Rousseff colocó a lidiar con los
sindicatos de servidores públicos que exigen aumentos que van desde el 30 al
50%.
Desde que comenzó el conflicto, con el paro de los
profesores de las universidades federales, a mediados de mayo, se levantaron en
contra del gobierno, entre otros, los agentes de la Policía Federal y de la
Policía Caminera, los empleados de las áreas de Salud, Previsión Social,
Trabajo, Justicia, Relaciones Exteriores y la Receta Federal (impuestos), así
como los trabajadores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
En total, se calcula que la medida de fuerza involucra a
unos 350.000 trabajadores del Estado federal, lo que provoca serios
inconvenientes, desde la entrega de pasaportes hasta la circulación de
alimentos y medicamentos.
Sin embargo, más preocupada por los efectos de la crisis
económica mundial, que hoy traba el ritmo de crecimiento de Brasil, la
presidenta rechazó sus exigencias, ofreció a cambio un reajuste de sólo 15,8%
dividido en los próximos tres años para todas las categorías por igual,
descontó de sus salarios actuales los días que se trabajó, y autorizó que los
puestos de los huelguistas sean ocupados por empleados municipales o estatales.
Para colmo, advirtió además que aquellas categorías que no
firmen el acuerdo con el gobierno no serán incluidas en los aumentos previstos
en el proyecto de ley del presupuesto para 2013, que debe ser enviado al
Congreso el próximo viernes, 31 de agosto.
"Dilma nos puso un cuchillo al cuello. Retrasaron las
negociaciones y sólo esta última semana el gobierno vino con una propuesta que
está muy por debajo de lo que pedimos. Nos sentimos traicionados", se
quejó a LA NACION José Alves de Souza, integrante de la dirección nacional de la
Confederación de los Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef).
"YA NI PARECE DE IZQUIERDA"
Alves criticó también la serie de "concesiones"
(privatizaciones) de obras de infraestructura vial y ferroviaria anunciada por
la presidenta dos semanas atrás.
"Valora más a los empresarios, a los que les da todo
tipo de beneficios para que ganen dinero, y se olvida de los servidores
públicos. Así está perdiendo la simpatía de los trabajadores. Ya ni parece de
izquierda", indicó.
Los analistas resaltan que las cosas eran distintas durante
el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, padrino político de Rousseff. Ex
líder sindical metalúrgico y fundador del PT, el carismático Lula se sentaba a
negociar personalmente con los representantes gremiales en un ambiente
distendido y siempre ambas partes salían satisfechas del acuerdo alcanzado.
Con menos cintura política que su antecesor y un perfil
técnico enfocado en la responsabilidad fiscal, Rousseff dejó en manos de
subalternos las negociaciones y endureció el juego con una visión pragmática
que no cayó bien en las filas sindicales.
"Debería tener un mejor trato con los huelguistas que
están ejerciendo su derecho; son trabajadores que sustentaron este gobierno y
confiaron en que le daría continuidad al proceso de transformación social
iniciado por Lula. La presidenta necesita una base social fuerte y los
trabajadores son su principal elemento", subrayó Vagner Freitas,
presidente de la Central Unica de los Trabajadores, la central sindical más
grande del país.
Junto con las otras cuatro principales -Fuerza Sindical,
Unión General de los Trabajadores, Nueva Central Sindical y Central de los
Trabajadores y Trabajadoras de Brasil-, esa organización emitió, hace dos
semanas, un comunicado en repudio de la postura "autoritaria" del
gobierno y exhortó a entablar negociaciones de buena fe.
Con la confección de la ley de Presupuesto en ciernes, la
estrategia de "mano dura" de Rousseff comenzó a rendir los primeros
frutos al gobierno esta semana, cuando la Federación de Sindicatos de
Profesores de Instituciones de Enseñanza Superior y la Federación de Sindicatos
de Trabajadores de Universidades Públicas Brasileñas aceptaron la propuesta
gubernamental. Y hay otras categorías que se sumarían después de realizar sus
asambleas durante el fin de semana.
La expectativa en el gobierno es que el próximo martes o
miércoles a más tardar ya se pueda firmar un acuerdo masivo.
Luego de que el propio Lula apoyase la acción de la
presidenta con los huelguistas ("el gobierno tiene que trabajar con el
dinero disponible; el dinero es limitado", dijo el popular ex mandatario),
en el PT no se expresan públicamente sobre la pugna. Pero a puertas cerradas,
los dirigentes petistas están resentidos con Rousseff; creen que está distanciando
al partido de sus bases, lo que es más preocupante en un año de elecciones
municipales como éste.
"Aunque la presidenta esté en lo correcto en defender
la contención de gastos, no ha hecho un buen trabajo en transmitir a la
sociedad la necesidad de mantener la austeridad en estos tiempos de
incertidumbre económica. Y eso le acarreará costos en el mediano y largo
plazo", opinó Paulo Kramer, profesor de Ciencias Políticas de la
Universidad de Brasilia.
EL CONFLICTO
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Reclamos.
Los trabajadores públicos, que iniciaron la huelga en mayo, piden ajustes salariales que varían entre el 25 y el 50%, dependiendo el sector. Dilma ofreció un aumento de sólo 15,8%, en los próximos tres años para todas las categorías, y descontó de sus salarios actuales los días que no fueron a trabajar.
Los trabajadores públicos, que iniciaron la huelga en mayo, piden ajustes salariales que varían entre el 25 y el 50%, dependiendo el sector. Dilma ofreció un aumento de sólo 15,8%, en los próximos tres años para todas las categorías, y descontó de sus salarios actuales los días que no fueron a trabajar.
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Sectores.
Unos 350.000 trabajadores se levantaron contra el gobierno. Entre los que figuran: los profesores de las universidades federales, la policía, los empleados de las áreas de Salud, Previsión Social, Trabajo, Justicia, Relaciones Exteriores y la Receta Federal (impuestos).
Unos 350.000 trabajadores se levantaron contra el gobierno. Entre los que figuran: los profesores de las universidades federales, la policía, los empleados de las áreas de Salud, Previsión Social, Trabajo, Justicia, Relaciones Exteriores y la Receta Federal (impuestos).
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