Agencias Noticiosas
Inicia Arizona aplicación de ley SB 1070
Arizona recibió hoy autorización para
ejercer la única previsión de la ley de inmigración SB 1070 ratificada por la
Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que faculta a la policía a indagar
el estado migratorio de cualquier persona detenida.
La jueza federal Susan Bolton levantó
oficialmente hoy martes la suspensión de la aplicación de la ley, impuesta el
28 de julio de 2010, un día antes de lo previsto para que entrara en vigor.
La propia Bolton impuso la suspensión a
la ley para analizar los méritos de las demandas interpuestas en contra del
estatuto, luego de su aprobación por la legislatura estatal y promulgación en
abril de 2010 por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.
En un dictamen de tres párrafos, la
jueza ordenó la anulación de la medida cautelar en contra de la SB 1070 para
permitir finalmente su aplicación a las autoridades de Arizona.
"Hoy es el día que hemos estado
esperando durante más de dos años: la medida cautelar contra el corazón de la
SB 1070 ha sido levantada", destacó la gobernadora Brewer en un
comunicado.
Los policías de Arizona podrán
finalmente interrogar a las personas que detienen por alguna falta sobre su
estatus migratorio cuando haya sospecha razonable de que pudiera tratarse de un
inmigrante indocumentado.
Se trata de la única previsión de la SB
1070 que sobrevivió al largo y complejo proceso judicial al que quedó sujeta la
legislación tras su promulgación y que la llevó a la Suprema Corte de Justicia
de Estados Unidos para una decisión final sobre el estatuto.
El máximo tribunal del país dictaminó el pasado 25 de junio que la Sección 2B de la SB 1070, el apartado que autoriza a los policías a interrogar sobre el estatus migratorio, no viola en automático derechos constitucionales y tampoco anticipa a la ley federal de inmigración.
El máximo tribunal del país dictaminó el pasado 25 de junio que la Sección 2B de la SB 1070, el apartado que autoriza a los policías a interrogar sobre el estatus migratorio, no viola en automático derechos constitucionales y tampoco anticipa a la ley federal de inmigración.
Pero en su dictamen, la Suprema Corte
de Justicia advirtió que el punto podría reconsiderarse si se presentaran
evidencias de violación de derechos una vez que la previsión de la SB 1070
entrara en vigor.
Las autoridades de Arizona capacitaron
a más de 15 mil agentes de la policía sobre la forma como deben aplicar la SB
1070. Cada agente de policía en la entidad recibió un video y un folleto
explicativo sobre la aplicación del estatuto.
'No es suficiente que la SB 1070 se
aplique; debe hacerse cumplir de manera eficiente, eficaz y en armonía con la
Constitución y los derechos civiles', apuntó Brewer.
Añadió que tiene 'plena fe y confianza
en que los agentes del orden público locales y estatales de Arizona están
preparados para esta tarea".
La jueza Bolton también ordenó este
martes que otras secciones complementarias de la SB 1070 quedaran
permanentemente suspendidas.
Una de estas secciones establecía la prohibición a los indocumentados de solicitar trabajo, otra exigía a los inmigrantes la portación permanente de documentos sobre estadía en el país y una más requería a los policías el determinar si una persona ha cometido un delito que pudiera conducirla a la deportación.
Una de estas secciones establecía la prohibición a los indocumentados de solicitar trabajo, otra exigía a los inmigrantes la portación permanente de documentos sobre estadía en el país y una más requería a los policías el determinar si una persona ha cometido un delito que pudiera conducirla a la deportación.
Otros dos componentes de la ley, uno
que prohibía a los jornaleros indocumentados el bloquear el tránsito mientras
se busca trabajo y otra que prohibía albergar o transportar inmigrantes
indocumentados, también fueron suspendidos en forma permanente por orden de la
juez.
La promulgación de la SB 1070 en abril
de 2010 generó un fuerte debate nacional sobre si las entidades tenían el
derecho o no de diseñar y aplicar sus propias leyes migratorias.
Arizona fue la primera entidad en
promulgar una ley estatal de inmigración, pero fue seguida por otras cinco
entidades del país, entre ellas Utah, Georgia, Alabama, Carolina del Norte e
Indiana.
El gobierno federal interpuso demandas
en contra de cada una de esas legislaciones, al sostener que la inmigración era
un asunto exclusivo del ámbito federal.
La primera demanda en llegar a la
Suprema Corte de Justicia fue la interpuesta contra la SB 1070, que desechó
múltiples previsiones del estatuto y sólo autorizó la de permitir a los
policías cuestionar a las personas sobre su estatus migratorio.
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