Feligreses en la iglesia del Santo Rosario en Minneapolis, una de las ciudades afectadas por la campaña migratoria. Por Miriam Jordan
MINNEAPOLIS—En 2009, Alba y Eugenio ganaban casi el doble del salario mínimo estadounidense, más beneficios, limpiando un edificio de oficinas como empleados de una empresa de aseo con presencia en todo Estados Unidos. Con dos niños pequeños, la pareja mexicana disfrutaba de una prosperidad relativa en un dúplex de una habitación ubicado en un vecindario de clase trabajadora de esta ciudad.
A finales de ese año, agentes del gobierno estadounidense auditaron los registros de los empleados de ABM Industries Inc., lo que obligó a la empresa a despedir a todos los trabajadores indocumentados en su nómina en el área de Minneapolis y Saint Paul, en el estado de Minnesota. Entre ellos se encontraba la pareja, inmigrantes sin permiso laboral o residencia que habían trabajado en ABM por más de una década.
Poco después, Alba y Eugenio, que pidieron que su apellido no fuera publicado, empezaron a trabajar en un pequeño negocio de aseo, para el que limpiaban concesionarios de autos por la mitad del salario y sin beneficios. A principios de este año, el nuevo empleador también resultó blanco de una auditoría por asuntos inmigratorios. A finales de febrero, Alba y Eugenio fueron despedidos.
Hoy en día, la pareja lucha para pagar las cuentas, con trabajos de medio tiempo y a menudo, dependen de las donaciones de los bancos de alimentos para mantener a su familia.
El trayecto de la prosperidad a la marginalidad económica recorrido por Alba y Eugenio es cada vez más común para miles de indocumentados en EE.UU., que se quedan sin trabajo debido a las auditorías del gobierno federal a sus empleadores, según expertos en inmigración, empresarios y sindicatos.
Las auditorías, puestas en marcha por el gobierno de Barack Obama en 2009, delegan en las empresas la responsabilidad de supervisar el estatus migratorio de sus empleados. Las firmas tienen luego que entregar los registros al gobierno y, si los documentos no están en regla, dejan ir tranquilamente a los trabajadores, sin sanción, mientras que ellas pagan una multa.
Las auditorías, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional, fueron al principio aclamadas por los defensores de los inmigrantes, como un tratamiento más humanitario, ya que eliminaban las redadas y subsecuentes deportaciones en masa, la norma durante el gobierno de George W. Bush.
Sin embargo, es cada vez más claro que la política empuja a los trabajadores indocumentados a un mundo más clandestino, donde caen en manos de empleadores inescrupulosos, reciben sueldos mucho más bajos y no se les permite pagar impuestos, deprimiendo las arcas de los gobiernos federal, estatal y local, de acuerdo con sindicatos, empresas y defensores de los inmigrantes.
Muchos empleadores dicen que el gobierno los priva de trabajadores extranjeros que realizan labores que los estadounidenses rechazan, incluso durante una recesión económica, sin proponer una reforma migratoria que proporcione una fuerza estable de mano de obra legal.
Entre las miles de empresas afectadas por las auditorías están la cadena de comida rápida Chipotle Mexican Grill y el fabricante de prendas American Apparel. Este año, el ICE informó que ha auditado a más de 2.300 compañías que emplean a miles de trabajadores en todo el país, en la construcción, agricultura, procesamiento de alimentos, restaurantes y sectores de infraestructura clave.
Las auditorías son una respuesta a las peticiones de muchos miembros del Congreso estadounidense de hacer cumplir estrictamente las leyes de inmigración actuales, antes de considerar una reforma integral de todo el sistema migratorio. Al igual que su predecesor, el presidente Obama es partidario de una reforma que ponga a los inmigrantes indocumentados en el camino hacia la legalización.
El gobierno comenzó por apuntar a los empresarios, dado que son el "imán" de la inmigración ilegal al ofrecer una oportunidad de empleo, según John Morton, director del ICE.
Es imposible determinar dónde van a parar los trabajadores afectados por las auditorías. Pero expertos en inmigración dicen que Minnesota ofrece un microcosmos para ver la reacción de los inmigrantes a la situación.
Antes de la crisis financiera, millones de latinoamericanos se colaron a través de la frontera con México para tomar empleos como obreros, aseadores o cocineros. Alba y Eugenio formaron parte de esa ola. Llegaron a Minneapolis a fines de los años 90, luego de escuchar que los trabajos eran abundantes y el costo de la vida relativamente bajo.
Se establecieron en un prometedor enclave latino y con el tiempo tuvieron dos hijos, a quienes enviaron a la escuela pública local. Tanto Alba como Eugenio ingresaron a ABM, un contratista de servicios de limpieza que cotiza en bolsa.
En esa época, Alba ganaba US$7,75 por hora, por encima del salario mínimo. Trabajaba turnos de ocho horas, cinco días a la semana y tenía derecho a vacaciones pagadas y días de enfermedad. Recibió licencia de maternidad remunerada cuando tuvo a cada uno de sus hijos. "Cada enero, mis sueldo se incrementaba unos cuantos centavos", recuerda.
El sueldo de Eugenio, qu
e ahora tiene 37 y trabajaba en el mismo edificio, también aumentaba cada año. Además, en octubre de 2008 fue ascendido a supervisor, con un sueldo de US$14,42 la hora, de acuerdo con su último recibo de pago, donde también se ven las deducciones impositivas y de programas sociales. Un mes más tarde, la pareja consiguió un préstamo bancario y compró una Ford Explorer por US$17.000.
En enero de 2009, cuando Obama asumió la presidencia, Alba había sido ascendida y su salario había saltado a US$12,97 la hora.
En aquel momento, los gastos mensuales de la familia incluían US$565 de alquiler, US$200 de combustible y US$50 por servicio celular. Los fines de semana, la familia cenaba en restaurantes y Alba empezó a tomar clases de inglés. Sus hijos, Alexander, de 6 años, y Narely, de 8, vestían ropa nueva. Además, la pareja enviaba entre US$100 y US$200 al mes a sus familiares en México.
"Teníamos seguridad laboral y nunca nos imaginamos lo que se nos venía encima", dice Alba, de 28 años.
En febrero de 2009, el ICE tomó por sorpresa a los nuevos ocupantes de la Casa Blanca, cuando allanó la fábrica de motores Yamato Engine Specialists Ltd., en Bellingham, Washington, donde arrestó a más de dos decenas de trabajadores indocumentados. Yamato pagó una multa de US$100.000. La operación indignó a los defensores de los inmigrantes, quienes esperaban una actitud más considerada.
La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ordenó una revisión interna del allanamiento y el 30 de abril anunció que el ICE seguiría un nuevo enfoque "para atacar la raíz de la inmigración ilegal", iniciando auditorías a 654 empresas.
La nueva estrategia se estrenó poco después en Los Ángeles, donde American Apparel fue auditada. El fabricante de ropa perdió 1.500 empleados, más de 25% de su fuerza laboral, y pagó US$35.000 en multas, dijo el representante legal de la empresa.
Por ley, las empresas están obligadas a asegurarse de que sus empleados reúnan los requisitos para trabajar en EE.UU. Sin embargo, muchas de ellas se quejan de que les presentan documentos falsos y de que no tienen la capacidad de comprobar su autenticidad. También temen demandas por discriminación si piden información adicional cuando sospechan que alguien es indocumentado.
Tras la auditoría, ABM terminó el contrato laboral de 1.250 trabajadores cuyos documentos no pudo comprobar, incluidos los de Alba y Eugenio, según afirma el sindicato de dicha compañía.
ABM, que emplea a cerca de 100.000 personas en todo EE.UU., pagó US$108.000 en multas, según el ICE, que prefirió no dar más detalles sobre este caso. La empresa indicó que pudo reemplazar a todos los trabajadores indocumentados.
Los vecinos de Alba y Eugenio, Marta y su esposo, perdieron también su trabajo en ABM y con ello su casa de tres habitaciones donde habían vivido los últimos 12 años.
En el mismo vecindario, Brenda, la hija de otra empleada de ABM que también fue despedida, dejó sus estudios para trabajar y ayudar a pagar las cuentas, incluida la de la hipoteca de la casa que sus padres habían comprado en 2006.
En noviembre, Alba y Eugenio consiguieron un empleo en ROC Inc. con un sueldo semanal de US$155 cada uno. Tenían que limpiar un concesionario de Chevrolet seis noches a la semana.
Para complementar sus ingresos, Eugenio empezó a estacionar autos para una empresa de alquiler en el aeropuerto, donde ganaba el mínimo de US$7,25 por hora.
A comienzos de año, el ICE auditó a ROC. En febrero, la compañía le dijo a la pareja que se tomara algún tiempo de descanso hasta que inmigración les diera los resultados de la auditoría.
En abril, una empresa de subcontratación llamó a Alba y Eugenio para que volvieran a trabajar en el concesionario de Chevrolet, donde los gerentes se alegraron cuando la pareja volvió. Un mes después, sin embargo, el subcontratista les comunicó no los podía emplear por la investigación del ICE a ROC.
Alba encontró otro trabajo de medio tiempo limpiando habitaciones de hotel por US$10,33 la hora, mientras que Eugenio consiguió uno de jardinero por US$11 la hora.
Con el futuro de sus hijos en mente, la pareja dice que planea seguir viviendo en el área de East Lake Street. De todas formas, durante las vacaciones de mitad de año, Eugenio y Alba enviaron a sus hijos a vivir con unos familiares en México. "De esa forma, podemos trabajar", asegura Alba.
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