Huele a revancha: Gobierno EEUU investiga a S&P por calificaciones de riesgo

Tomado de El País

El Gobierno de Estados Unidos está investigando si la agencia Standard & Poor's calificó de forma errónea y al alza bonos hipotecarios en los años previos a la crisis inmobiliaria de 2007. Este anuncio llega después de la degradación de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos por parte de la misma agencia, el 5 de agosto. La investigación gubernamental, sin embargo, comenzó hace meses.

Según reveló ayer el diario The New York Times, el Departamento de Justicia está investigando si los gerentes de S&P'S impidieron a sus analistas conceder calificaciones bajas a bonos hipotecarios en Norteamérica. Eso pondría en duda la independencia de los analistas de la agencia. Tanto Justicia como S&P'S declinaron ayer hacer comentarios al respecto de esta investigación. El Times asegura que la agencia está cooperando en las pesquisas del gobierno.

Después de la degradación de la deuda soberana, diversos legisladores cuestionaron la credibilidad del proceso de evaluación de deudas de S&P. El propio Departamento del Tesoro (ministerio de Economía) dijo que, en sus predicciones para la próxima década, la agencia había errado en la estimación de la deuda soberana de EE UU en dos billones de dólares.

Aquella degradación habría intensificado la investigación oficial sobre las evaluaciones al alza de los créditos hipotecarios, según los analistas. De encontrar evidencias de que hubo presión para inflar esas calificaciones, la imagen de independencia de S&P podría quedar gravemente dañada. Justicia no aclaró ayer si Moody's y Fitch, las otras dos grandes agencias de calificación, también están siendo investigadas.

Previamente a la crisis hipotecaria, agencias como S&P concedieron su más alta calificación posible a activos financieros garantizados por créditos hipotecarios que en realidad eran de alto riesgo. Erraron en sus previsiones y acrecentaron la crisis hipotecaria subsiguiente, que en EE UU produjo elevadas cifras de ejecuciones hipotecarias y la devaluación generalizada del valor de la vivienda