Por Karen Molina
Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha sugerido al Gobierno que recorte los gastos corrientes para reducir su déficit fiscal, el Gobierno ha hecho todo lo contrario y sigue contratando a más y más empleados en el aparato estatal sin que eso garantice una mejor atención en los servicios públicos.
Según cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) el Gobierno contrató a 10 mil personas más desde junio de 2010 a junio de 2011. Sólo entre enero y junio de este año se han contratado 8 mil plazas más en todas las oficinas gubernamentales.
Y sus salarios suben como la espuma. Una estadística de 2010 que hizo el Ministerio de Hacienda da cuenta que los empleados públicos tienen mejores salarios cada año.
Para muestra un botón: en 2008 un total de 1,749 empleados tenían un sueldo de entre $1,300 a $1,600. Para 2010, ese grupo ya había crecido a 4,005 empleados, es decir, 2,256 burócratas más que ganan ahora sueldos envidiables para cualquier trabajador de la empresa privada o comerciante informal.
Eso, sin contar a los empleados del Ministerio de Defensa, Corte de Cuentas, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Empresas Públicas.
Cualquiera diría que quienes ganan esa cantidad son ejecutivos muy bien preparados. Pero las cifras reflejan que hay 1,808 puestos ejecutivos de los cuales sólo 455 tienen posgrados universitarios. La gran mayoría de empleados públicos son bachilleres, técnicos y universitarios que trabajan en puestos docentes, administrativos y técnicos.
Pero para indignación de muchos, los trabajadores del Gobierno no consideran suficiente sus aumentos salariales. Sólo basta recordar las últimas protestas que han hecho los docentes en los últimos días y las que han protagonizado también los trabajadores del sistema judicial.
Unos exigen un aumento retroactivo para el aumento que el Gobierno les concedió a inicio de año y los otros han suspendido sus labores y creado un caos con las audiencias como reclamo porque el Órgano Judicial no elevará sus salarios en 2012.
Analistas económicos, empresa privada y tanques de pensamiento coinciden en que el país está gastando más de lo debido y llevando las finanzas públicas a un nivel preocupante. Sólo en 2010 el Estado tuvo que desembolsar $1,109 millones en remuneraciones y, al mes de julio de 2011, ya lleva $710 millones en sólo siete meses según las estadísticas del Banco Central de Reserva. Esto significa que al finalizar el año, el país podría erogar un aproximado de $1,350 millones sólo en salarios, de acuerdo con los cálculos que hace el analista económico Rigoberto Monge.
Según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el gasto público ha crecido un 13.4 % respecto al primer trimestre de 2010. Las remuneraciones han crecido 15 % y las transferencias corrientes (pago de subsidios) han incrementado un 38.7 %.
Y a juzgar por las proyecciones del Ministerio de Hacienda, no habrá recortes. Para el próximo año se prevé que el presupuesto general sea mayor de $4,400 millones, una cantidad similar a la de 2010, que por cierto, ya no incluye $653 millones de eurobonos (deuda).
Para muchos economistas, lo más preocupante es que se están pagando sueldos con préstamos que tuvieron que ser utilizados para inversión pública.
"La ejecución en la inversión pública ha llegado a niveles muy bajos", dijo Monge.
Más burocracia
Para Monge lo lógico sería que si hay más empleados públicos y con un mejor salario, los servicios del Estado deberían ser más rápidos y eficaces. "Pero hasta ahora hemos visto lo contrario", dijo.
"La política de contratación y salarios del Gobierno central en mi opinión claramente debe ser revisada para reducir el gasto corriente y reducir el déficit fiscal y buscar un incremento del Estado, pero no en tamaño, sino en términos de la productividad de los servicios que prestan", dijo Monge.
"Con un ejército mayor de empleados públicos la productividad promedio ha caído drásticamente", dijo.
Monge asegura, además, que preocupa que estos empleados públicos no estén en la educación o en tareas de seguridad pública. "Si no ya veríamos una reducción notoria de los crímenes", dijo.
"Más me parece que están en oficinas públicas aumentando la burocracia del Estado", opinó.
Al respecto, las mismas empresas privadas se quejan de que haya más burócratas.
Según un estudio que la Asociación Salvadoreña de Industriales hizo entre sus agremiados, los trámites para importar y exportar productos y materia prima se están alargando más de lo normal.
El presidente de la ASI, Javier Simán, dijo que los funcionarios cometen "arbitrariedades" que atrasan todo el proceso comercial y que están llevando a empresarios a perder sus negocios por la excesiva burocracia.
Política salarial
Ante este fenómeno, el economista Ricardo Perdomo cree que es urgente que el país trabaje de inmediato en una estandarización de los salarios y prestaciones de los burócratas.
"Hay salarios demasiado desiguales y sobre todo en las autónomas", dijo el analista.
Además, es urgente que haya una evaluación de la necesidad de plazas. "En unos ministerios hay déficit de personal, pero en otras hay plazas que no son necesarias", dijo.
Una política salarial que defina con claridad las reglas para cada plaza así como sus escalafones, el tiempo y el porcentaje, también es una de las propuestas que hace Perdomo.
Monge cree que, justo hoy que está por presentarse el presupuesto de la nación a la Asamblea Legislativa, los partidos políticos deberían retomar con seriedad un análisis profundo sobre los empleos públicos.
"La política de salarios debe ser revisada", dijo Monge, preocupado.
Ambos coinciden en que este tema es prioritario dentro de la discusión del pacto fiscal en el que tanto ha insistido la empresa privada.
Pero a pesar de las presiones que la ANEP ha hecho para que el tema sea abordado con seriedad y con urgencia, el Gobierno se ha limitado a pedir más impuestos a los empresarios.
Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, dijo recientemente que el Gobierno debe recortar los gastos corrientes antes de pedir un impuesto para financiar la seguridad.
"Esto no se limita a que si la empresa privada quiere o no quiere pagar impuestos, esto es un tema de eficiencia en los recursos del Estado", dijo.
El empresario sostiene que hay recursos suficientes. Incluso, este año ha habido una mayor recaudación de impuestos que en 2010. "Hay que hacer un uso racional de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños", dijo.
Daboub coinciden con otros economistas en que más impuestos no han logrado una mejor atención pública.
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