Por David Ramirez
Una propuesta que exigiría el requisito de residir en el estado de Nueva York como mínimo 90 días antes de que una persona pueda solicitar servicios sociales del sistema público, ha generado preocupación entre la comunidad latina del Condado de Suffolk, Long Island.
"Ahora es muy fácil para las personas trasladarse a Suffolk y empezar a recibir beneficios de inmediato, compitiendo con los residentes de larga data que realmente los necesitan", dijo la tesorera del condado de Suffolk Angie Carpenter y candidata del partido republicano a la posición de Ejecutivo del Condado.
Carpenter dijo que está a favor de imponer algún tipo de requisito de residencia sobre la elegibilidad de las personas para acceder a los servicios sociales. "Por mi parte, deberíamos estar buscando opciones, como lo hacen otros estados", añadió Carpenter, "algún tipo de requisito de residencia para regular esos servicios sociales, de manera que aquellos que realmente lo necesitan, que han estado aquí y han sido parte de nuestro país, puedan obtener la ayuda que necesitan y merecen".
El proyecto de ley fue presentado ante el Comité de Servicios Sociales del Senado Estatal y aún no sido debatido. Una propuesta similar fue presentada en enero de este año por el senador republicano Michael Ranzenhofer del distrito senatorial 61 del estado de Nueva York.
La medida contribuiría a agravar la situación de muchas familias de latinos en la línea de pobreza que reciben servicios sociales para poder subsistir, sugieren residentes latinos del condado de Suffolk consultados por Aol Latino/HuffPost Latino Voices sobre la propuesta de Angie Carpenter.
El Asambleísta Phil Ramos, demócrata, que representa al distrito 6 de la Asamblea de Nueva York expresó, "estamos conscientes de la crisis económica que atraviesa el estado y todo el país y la necesidad de recortar el gasto gubernamental pero también tenemos claro que no podemos balancear el presupuesto afectando a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad".
El distrito 6 de Asamblea de Nueva York incluye los pueblos de Brentwood, Central Islip y Bay Shore del condado de Suffolk. En el área está la mayor concentración de latinos en el estado, fuera del perímetro urbano de la ciudad de Nueva York.
"Imponiendo una moratoria de hasta 90 días a personas que pueden ser víctimas de violencia doméstica sería una tragedia. Una medida de ese tipo no sólo afectaría a la víctima sino también a sus hijos", afirma Phil Ramos.
Por su parte, Martha Maffei directora ejecutiva de la organización SEPA Mujer (Services for the Advancement of Women) dijo que está en total desacuerdo que este tipo de legislación exista en el condado de Suffolk. "Esta ley afectaría enormemente a las personas que recientemente se han mudado a este estado y que necesitan servicios".
"Algunas mujeres y sus niños se mudan de un estado a otro para escapar la violencia doméstica y de sus abusadores. Para ellos, la mudanza es la única opción que tienen para escapar de sus agresores enfatizó la inmigrante de origen peruana Martha Maffei.
En otros casos, prosigue Maffei, refiriéndose a datos del Violence Prevention Center the Southwestern, Illinois, "las mujeres víctimas de violencia domestica suelen ser muy activas por sí mismas pero sus esfuerzos de escapar, a menudo fallan debido a que el agresor continúa su abuso, y las instituciones se niegan a ofrecer protección."
"Se estima que el 50% de las mujeres y niños sin hogar en los Estados Unidos están huyendo de la violencia doméstica. Proyectos de ley, como éste, no son aceptables y ponen en peligro al grupo más vulnerable en el condado de Suffolk", subrayó Maffei.
"Esta legislación no tiene precedentes. Es también inconstitucional, porque excluye y niega los beneficios que las personas tienen derecho a recibir por ley", añadió.
"La iniciativa es poco menos que inoportuna en medio de la crisis que vivimos. Es la hora de solucionar los problemas, no de agravarlos" dijo Rafael Cisternas, un salvadoreño del pueblo de Bay Shore.
Según Cisternas, "debe estar claro para los políticos que buscamos asistencia no por tomar el camino fácil, sino por la mala economía. Somos gente decente que venimos a trabajar".
El condado de Suffolk en los últimos años ha estado en el centro de la atención de pública después que se dieran varios casos de odio racial contra latinos.
El pasado mes de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al Ejecutivo del Condado Steve Levy porque, tras una investigación de dos años la División de Derechos Civiles determinó que el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, falló en los procedimientos para combatir los casos de crímenes raciales contra latinos.
Según el asambleísta Ramos, "nuestra comunidad ha vivido asediada durante los últimos 8 años por las políticas anti-inmigrantes de Steve Levy y sólo el hecho de pensar que la señora Carpenter pueda estar considerando medidas que recorten los servicios básicos a las familias más necesitadas del condado de Suffolk es preocupante".
"Necesitamos un nuevo liderazgo que lejos de generar zozobra, entienda las necesidades de todos los residentes del condado", concluyó Phil Ramos.
De acuerdo con el Censo 2010, la población del condado de Suffolk es de 1.493.350, los latinos son 246.239, lo que representa el 16.5% de la población.
Las familias más deprimidas económicamente ya sea por que perciben ingresos mínimos o por efecto de la recesión, han perdido sus trabajos, son las que recurren generalmente a los servicios de asistencia pública como: atención de salud mediante el Medicaid, cupones de alimentos, subvenciones para el pago de las planillas de gas, electricidad y renta inclusive, bajo el programa identificado como Sección 8.
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