Por Jason Zweig
Décadas antes de que cualquiera oyera sobre un derivado hipotecario, el economista Melchior Palyi predijo las causas fundamentales de la crisis financiera de 2008-2009 con una precisión que le pondría los pelos de punta a un lector moderno.
Sus advertencias ayudan a explicar por qué los inversionistas insisten en confiar en personas y entidades que son falibles, como las autoridades, los reguladores y las firmas de calificación de crédito.
Las semillas del problema de hoy se plantaron hace mucho, y su historia olvidada ofrece lecciones importantes. En 1936, como parte de las reformas de la Ley de Bancos, Estados Unidos ordenó que los bancos regulados por el gobierno no podían poseer valores que no tuvieran una calificación de grado de inversión de al menos dos agencias.
Para determinar cómo implementar la nueva política, el gobierno lanzó un gigantesco proyecto —con expertos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Oficina Nacional de Investigación Económica y la Administración de Progreso de Obras— para estudiar cómo deberían usarse las calificaciones crediticias.
Palyi, que entonces enseñaba en la Universidad de Chicago, fue un firme escéptico desde el principio. Al estudiar datos de los años 20, descubrió que los bonos con grado de inversión entraban en cesación de pagos con una frecuencia alarmante, muchas veces en el mismo año en que eran calificados. En promedio, demostró, un banco que acatara las nuevas reglas terminaría con un tercio de su portafolio de bonos en cesación de pagos.
El historial era tan poco fiable que sería "incluso más responsable", señaló el economista, "cesar por completo la publicación de calificaciones de crédito". Le preocupaba especialmente que las nuevas normas traspasaran la responsabilidad de la seguridad crediticia desde los bancos, e incluso los reguladores, hacia las calificadoras.
"De ahí", advirtió, "tendrá que ser transferida de nuevo a otros", presumiblemente los contribuyentes. La liquidez, sostuvo Palyi, estaba siendo reemplazada por lo que llamó con desdén como "transferibilidad", un nuevo tipo de riesgo que algún día podría adquirir "dimensiones catastróficas".
En respuesta a sus críticas, investigadores del gobierno que estudiaban cómo aplicar las calificaciones de bonos cambiaron su método para calcular el desempeño de los valores con grado de inversión. Para 1943, concibieron un extraño promedio que, por arte de magia, mejoraba el historial de las calificadoras de crédito.
La modificación, documentada hace poco por primera vez por los economistas David Levy, de la Universidad George Mason, y Sandra Peart, de la Universidad de Richmond, legitimó el modelo regulatorio y las críticas de Palyi quedaron en el olvido.
Las calificaciones crediticias, en las palabras del economista Lawrence White de la Universidad de Nueva York, adquirieron "la fuerza de la ley". Desde los años 30, surgieron más de 150 leyes y regulaciones que exigieron que los bancos, las firmas de corretaje, las aseguradoras, los planes de pensiones y los fondos de mercado de dinero tuvieran valores considerados de grado de inversión por las agencias de calificación.
Tras la crisis, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, las principales calificadoras, han indicado que han tomado medidas para mejorar la transparencia y la confiabilidad de sus análisis y que nadie debería usar las calificaciones como el principal fundamento para una decisión de inversión. La ley de reforma financiera de este año reduce, pero no elimina, el rol de las calificaciones de crédito en la regulación.
Décadas antes de que cualquiera oyera sobre un derivado hipotecario, el economista Melchior Palyi predijo las causas fundamentales de la crisis financiera de 2008-2009 con una precisión que le pondría los pelos de punta a un lector moderno.
Sus advertencias ayudan a explicar por qué los inversionistas insisten en confiar en personas y entidades que son falibles, como las autoridades, los reguladores y las firmas de calificación de crédito.
Las semillas del problema de hoy se plantaron hace mucho, y su historia olvidada ofrece lecciones importantes. En 1936, como parte de las reformas de la Ley de Bancos, Estados Unidos ordenó que los bancos regulados por el gobierno no podían poseer valores que no tuvieran una calificación de grado de inversión de al menos dos agencias.
Para determinar cómo implementar la nueva política, el gobierno lanzó un gigantesco proyecto —con expertos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Oficina Nacional de Investigación Económica y la Administración de Progreso de Obras— para estudiar cómo deberían usarse las calificaciones crediticias.
Palyi, que entonces enseñaba en la Universidad de Chicago, fue un firme escéptico desde el principio. Al estudiar datos de los años 20, descubrió que los bonos con grado de inversión entraban en cesación de pagos con una frecuencia alarmante, muchas veces en el mismo año en que eran calificados. En promedio, demostró, un banco que acatara las nuevas reglas terminaría con un tercio de su portafolio de bonos en cesación de pagos.
El historial era tan poco fiable que sería "incluso más responsable", señaló el economista, "cesar por completo la publicación de calificaciones de crédito". Le preocupaba especialmente que las nuevas normas traspasaran la responsabilidad de la seguridad crediticia desde los bancos, e incluso los reguladores, hacia las calificadoras.
"De ahí", advirtió, "tendrá que ser transferida de nuevo a otros", presumiblemente los contribuyentes. La liquidez, sostuvo Palyi, estaba siendo reemplazada por lo que llamó con desdén como "transferibilidad", un nuevo tipo de riesgo que algún día podría adquirir "dimensiones catastróficas".
En respuesta a sus críticas, investigadores del gobierno que estudiaban cómo aplicar las calificaciones de bonos cambiaron su método para calcular el desempeño de los valores con grado de inversión. Para 1943, concibieron un extraño promedio que, por arte de magia, mejoraba el historial de las calificadoras de crédito.
La modificación, documentada hace poco por primera vez por los economistas David Levy, de la Universidad George Mason, y Sandra Peart, de la Universidad de Richmond, legitimó el modelo regulatorio y las críticas de Palyi quedaron en el olvido.
Las calificaciones crediticias, en las palabras del economista Lawrence White de la Universidad de Nueva York, adquirieron "la fuerza de la ley". Desde los años 30, surgieron más de 150 leyes y regulaciones que exigieron que los bancos, las firmas de corretaje, las aseguradoras, los planes de pensiones y los fondos de mercado de dinero tuvieran valores considerados de grado de inversión por las agencias de calificación.
Tras la crisis, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, las principales calificadoras, han indicado que han tomado medidas para mejorar la transparencia y la confiabilidad de sus análisis y que nadie debería usar las calificaciones como el principal fundamento para una decisión de inversión. La ley de reforma financiera de este año reduce, pero no elimina, el rol de las calificaciones de crédito en la regulación.
Si hay pero no comentario, un recemedacion - por favor leer los tres vols. de Das Kapital [numero tres esta importante por la sintatis].
ResponderEliminarSu Serviente
Juan