Por Ricardo Martínez de Rituerto
Los líderes de la Unión Europea celebran hoy su 17ª cumbre en dos años sobre la crisis económica y financiera de la UE en una Bruselas semiparalizada por una huelga general dirigida precisamente contra las recetas de austeridad que no terminan de sacar al club del agujero. Los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios, sin embargo, no hallaran un clima callejero hostil: sólo el 21% de los belgas apoya la huelga, según un sondeo de prensa, y sus excelencias llegarán a la sede del Consejo sin mayores contratiempos dado que el aeropuerto de la capital funciona casi con normalidad.
Las autoridades belgas habían preparado planes alternativos de transporte, helicópteros incluidos, para acercar a los jefes de Estado y de Gobierno a la mesa de reuniones, pero ya por la mañana ha quedado probado que no habría necesidad de grandes esfuerzos logísticos. Un portavoz del aeropuerto ha comentado que apenas un 10% de los vuelos serán afectados.
La situación es completamente la contraria en el aeropuerto de Charleroi, a unos 60 kilómetros de la capital, especializado en vuelos baratos, donde las compañías han cancelado las operaciones por hallarse cortado el acceso por carretera. La huelga afecta a las grandes compañías, a los polígonos industriales, al puerto de Amberes y a los medios de transportes, no sólo urbanos, sino internacionales: los trenes de gran velocidad con origen y destino en Bruselas dejaron de operar a última de la tarde del domingo y no volverán a la normalidad hasta las 22.00 de hoy.
En el resto de la actividad económica es perceptible escaso seguimiento: el correo se ha repartido con aparente normalidad en algunas partes de la capital y el pequeño comercio ha abierto sus puertas como cada lunes.
La huelga general, primera en Bélgica desde 1993, ha sido convocada por los principales sindicatos para protestar contra las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno con el objetivo de alcanzar en este 2012 el 3% de déficit a que se ha comprometido con la Unión. Afectadas se ven las pensiones y la edad de jubilación, mientras pesan amenazas sobre la indexación salarial (hasta ahora las retribuciones se actualiza automáticamente con la inflación), criticada por la Unión Europea y otras organizaciones económicas internacionales, y otras medidas sociales.
Los recortes ya puestos en marcha se basan en unas hipótesis de crecimiento del Producto Interior Bruto del 0,8% en las que ningún experto cree. De ahí que en la prevista revisión presupuestaria de febrero se dejen entrever podas adicionales.
Para el socialista Elio Di Rupo, primer ministro de un país regido durante 540 días por un Ejecutivo de transición, la tarea de cuadrar las cifras será como intentar la cuadratura del círculo. En el hexapartito de su Gabinete los socialistas partidarios de incrementar impuestos (pero contrarios a suprimir la indexación salarial) comparten mesa con liberales y conservadores apuestos a aumentar la carga fiscal y favorables a los recortes presupuestarios.
Desde fuera del Gobierno, la secesionista Nueva Alianza Flamenca de Bart de Wever, políticamente conservador, clama contra unos y otros. De Wever considera intolerable los intentos “de los sindicatos rojos” de paralizar el país.
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