La jueza consideró que no hay peligro para obstaculización de la verdad ni peligro de fuga, por lo que mandó al líder eferregista a su casa. Por Jerson Ramos/Julia Corado
Después de 8 horas con 40 minutos de haber comenzado la audiencia donde Efraín Ríos Montt comparece como sindicado de haber cometido masacres durante su período de facto, la jueza Carol Patricia Flores decide ligarlo a proceso, pero le concede libertad bajo fianza de Q500 mil.
En los tribunales, los primeros movimientos se observan a partir de las 7:00 horas, cuando ya se vislumbra un día soleado, el cielo está despejado, uno de aquellos que marcan la historia de Guatemala, pues Ríos Montt, uno de los militares señalados de la comisión de crímenes atroces durante el conflicto armado interno, tiene programada una cita con la justicia. El exjefe de Estado entre 1982 y 1983, acusado de las masacres ocurridas en Quiché, comparece como sindicado después de 12 años desde que se presentó la primera denuncia en su contra.
Miembros de diversos grupos pro derechos humanos se reúnen frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lanzan consignas relacionadas a no olvidar lo sucedido durante la guerra, y exigiendo justicia por las más de 40 mil muertes a manos del Ejército, acciones cometidas bajo los planes militares que supuestamente autorizó Ríos Montt.
La Plaza de los Derechos Humanos se convierte en escenario de altares elaborados con pino, fotos de los fallecidos y desaparecidos, y veladoras.
A las 8:00 horas permanecen cerradas las puertas de la Torre de Tribunales; afuera del recinto varias personas esperan que se les permita entrar para terminar con lo que han esperado por 20 años: ver a Ríos Montt sentado en el banquillo de los acusados. La seguridad que ha coordinado el Organismo Judicial (OJ) es reforzada por solicitud de la jueza Carol Patricia Flores, contralora del proceso. A las 8:33 se permite el ingreso. Los 4 ascensores del edificio de tribunales son insuficientes para trasladar al nivel 15 a los asistentes a la audiencia. Otros optan por subir en forma presurosa las gradas.
“Haría cualquier cosa por ver a ese señor sentado en el juzgado”, dice Pedro, un campesino originario de Quiché, de 50 años. Su padre fue asesinado durante uno de los operativos militares en San Juan Cotzal, relata.
Con su característica puntualidad y una vestimenta impecable, el líder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) hace su aparición en el tribunal a las 8:00 horas.
La audiencia está programada para las 9:00 horas, pero se retrasa 22 minutos. Flores sale de su despacho para tomar su asiento al frente de la sala. Las partes están situadas en sus lugares respectivos: Ríos Montt y su defensa, los fiscales y la parte acusadora, la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).
Entre el público se encuentra Zury Ríos, hija de Ríos Montt, y amigos del general, como el diputado Luis Fernando Pérez, miembro de la bancada del FRG.
Regreso a la década de 1980
El 23 de marzo de 1982, tras un golpe de Estado que promovió un grupo de jóvenes oficiales del Ejército, Ríos Montt derroca al general Romeo Lucas García, recién electo presidente de la República. Consigue el poder junto con los generales Horacio Maldonado Schaad y Francisco Luis Gordillo Martínez. Poco tiempo después, Maldonado Schaad y Gordillo Martínez son separados de la junta general, y el ahora acusado queda como líder estatal.
Manuel Vásquez, fiscal del caso, comienza a leer la acusación contra el general a las 9:25 horas. En su intervención explica que Ríos Montt es responsable de la ejecución de 11 masacres ocurridas en San Gaspar Chajul, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, donde han sido identificadas 267 víctimas de los operativos militares Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83.
Sin embargo, las autoridades calculan que el total de los muertos asciende a 1,771 personas, “todos pobladores no combatientes”, recalca el fiscal.
Mientras el MP formula la impu-tación, el militar se mantiene parado; Flores le indica que puede sentarse, pero él responde: “Por comodidad prefiero estar de pie”, y así permanece durante cinco minutos; luego opta por sentarse.
Vásquez explica que la investigación, que comienza en 2000, es la base de las acusaciones contra otros miembros del alto mando militar. El interlocutor explica que Ríos Montt no había sido sujeto de pesquisa alguna porque tenía inmunidad como diputado al Congreso de la República.
Después de 2 horas y 17 minutos, cuando el fiscal concluye de leer la acusación, corresponde el turno a Ríos Montt. Sin embargo, se limita a decir: “Prefiero guardar silencio”; de esta manera, les relega a sus defensores esta tarea.
La jueza tarda varias horas en reaparecer y argumenta que existen los suficientes indicios para ligar a proceso al militar por los delitos de genocidio y contra deberes de la humanidad.
“Existen 84 testigos que relatan los hechos atroces cometidos por el Ejército, y consta que era usted quien, por su posición dentro de la institución, sabía de antemano cuáles eran los planes a desarrollar”, refiere la jueza.
Añade que las pruebas que ha recabado el MP son suficientes para que Ríos Montt enfrente a la justicia. Sin embargo, no todas son malas noticias para el militar: Flores lo beneficia con arresto domiciliario; lo ayudó el hecho de haberse presentado de manera voluntaria ante los órganos de justicia, argumenta la funcionaria judicial.
Ríos Montt tiene prohibido salir de su casa sin la autorización del juzgado, y se le otorga una fianza de Q500 mil. Pasadas las 9 de la noche, Ríos Montt sale del juzgado con aire victorioso, con una sonrisa en el rostro. A las 23:00 horas paga la fianza impuesta y retorna a su casa.
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