Tomado de esglobal
Los desafíos del modelo de desarrollo chileno.
Por Santiago Pérez
Dentro de Latinoamérica,
Chile siempre se diferenció por una estrategia diferenciada en lo que respecta
a su política de integración comercial internacional. En Santiago prevaleció la
visión global, dejando de lado compromisos excluyentes con bloques regionales.
No es casualidad que los tres principales socios comerciales del país se
encuentren fuera de la región. Chile mantiene acuerdos con naciones de lejanas
geografías, algunas de ellas importantes potencias mundiales. El país cuenta
con más de 25 tratados de libre comercio entre los que destacan los firmados
con Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea. En los últimos años ha
configurado junto a México, Colombia y Perú la “Alianza del Pacífico”, una
asociación de países líderes en el comercio exterior latinoamericano. Sus
miembros comparten no solo la similitud geográfica de descansar sobre las aguas
del pacifico, sino que también promueven un modelo de desarrollo y una
cosmovisión similar. Todo ellos observan la economía global no como una amenaza,
sino como una oportunidad.
Chile es sistemáticamente
citado como un caso de éxito dentro de los denominados países emergentes,
situación que tiene su lógica. La chilena es la economía con mayor ingreso per
cápita de América Latina, calculado tanto en términos nominales (15.410
dólares) como de paridad de poder de compra (18.419 dólares). Es también una de
las más libres y competitivas a escala global, siendo integrante de la OCDE. La
deuda pública chilena es la mejor calificada de la región y, al mismo tiempo,
es el principal receptor y emisor de inversiones de América Latina. Desde el
punto de vista político, se trata de una democracia estable, con un sistema
alejado a de los centralizados personalismos que experimentan algunos de sus
vecinos latinoamericanos. Desde la reinstauración de la democracia en 1990 han
sido cinco los presidentes que han pasado por el Palacio de la Moneda dando
continuidad a un ciclo institucional ordenado.
Si bien todos estos
indicadores son resultado de una coherencia en la continuidad de políticas de
estado, existen también cuentas pendientes. En los pasados tres años se
registró en el país una intensificación en las movilizaciones ciudadanas, las
cuales, dan cuenta de la existencia de una innegable problemática social.
Uno de los sectores más
cuestionados y protagonista por excelencia de las demandas sociales es la
educación, particularmente en lo que respecta a la enseñanza superior. El
actual sistema educativo chileno fue heredado del gobierno de facto de
Augusto Pinochet y, desde entonces, no ha experimentado modificaciones
estructurales. Los reclamos se orientan, en líneas generales, hacia la
ampliación de la puerta de entrada al sistema, solicitando más posibilidades a
los jóvenes que desean ingresar. Se demanda una mayor participación del sector
público y un incremento de la asistencia financiera estatal para garantizar la
igualdad de oportunidades educativas. Si bien la Constitución contempla estos
derechos, estos no siempre se cumplen en la realidad.
A pesar de las deficiencias
que afronta el sector, si se ubica a Chile dentro del mapa regional se
observará que el país goza de estándares cuanto menos aceptables. Según el
Índice de Desarrollo Humano Educación de Naciones Unidas Chile se encuentra en
el tercer puesto latinoamericano, solo superado por Argentina y Uruguay.
La economía también afronta
dificultades. Si bien los grandes números macro son sobresalientes, si se
realiza un análisis algo más detallado se observarán situaciones no tan
satisfactorias. La distribución del ingreso no es precisamente equitativo.
Según el coeficiente de GINI, el país se encuentra en el puesto número 141 del
ránking global, ubicación que lo posiciona como uno de los 15 más desiguales
del mundo. Un estudio de la Universidad de Chile basado en números del Servicio
de Impuestos Internos revela que en lo que respecta a ingresos personales, la
concentración es marcadamente elevada. El 1% más rico recibe el 30% del ingreso
nacional, el PIB per cápita de ese 1% es 40 veces superior al del 81% de la población
total y el 5% más rico percibe un ingreso 830 veces superior al del 5% más
pobre. En la óptica de distintos analistas, la desigualdad económica de hoy es
fruto de desigualdades de oportunidades del pasado. Realidad que terminó por
restringir las posibilidades de movilidad social ascendente. En este contexto
queda claro que las reformas del sistema educativo son una necesidad ineludible
si se desea mejorar la distribución del ingreso a largo plazo. Desde el punto
de vista económico, hay autores que adjudican esta concentración al
protagonismo de las actividades extractivas dentro de la economía. El país es
el primer productor mundial de cobre y conserva dentro de su territorio el 38%
de las reservas globales de dicho mineral. Los minerales y sus derivados
explican el 62% de las exportaciones.
De todas formas, y a pesar
de las mencionadas desigualdades, los índices de pobreza e indigencia son
reducidos. Chile es junto a Costa Rica una de las dos naciones latinoamericanas
con una porción de la población por debajo de la línea de pobreza inferior al
20%. Este porcentaje se ha reducido sistemáticamente en el país desde mediados
de los 80. En 1987 era del 45%, en 2009 de 15% y en 2013 del 11%. En la
actualidad, la indigencia es de solo 2,8%.
El denominado conflicto
mapuche requiere de un abordaje particular. El mencionado pueblo aborigen se
encuentra en el sur de Chile y reclama para sí autonomía jurisdiccional,
reconocimiento de identidad cultural y la recuperación de tierras ancestrales
de las que fueron despojados. Se trata de una cuestión histórica que se remonta
a los tiempos de la independencia y que se ha visto reanimada con el retorno de
la democracia. Hasta ahora los gobiernos no han sabido o bien no se ha
propuesto dar una resolución al conflicto. La acción estatal ha sido
sistemáticamente denunciado desde distintos sectores. Se acusa al ejecutivo de
criminalizar las protestas y no reconocer el asunto como un conflicto entre dos
entidades (El Estado chileno y los mapuches), negando la existencia de la
segunda parte. Una cuestión delicada y de complejo abordaje por la importancia
económica de los territorios reclamados por los mapuches y por los antagónicos
intereses en disputa. En los últimos dos años sectores estudiantiles se han
solidarizado con esta comunidad tomando algunos de sus reclamos y llevándolos a
nuevos ámbitos de la vida nacional.
Dentro de la multiplicidad
de realidades existentes en la complejidad que hace a cualquier nación se
observan en Chile grandes éxitos, y, al mismo tiempo, importantes desafíos. En
noviembre de 2013 el país andino atravesará un proceso electoral en donde se
elegirá un nuevo presidente. Michelle Bachelet, quien presidió el país hasta
2010, ya ha sido designada candidata y se perfila como favorita. Su plataforma
electoral incluye medidas que buscan atacar directamente los problemas aquí
expuestos. La ex primera mandataria se comprometió a impulsar una reforma
educativa y, simultáneamente, cambios profundos en la estructura tributaria. Se
buscará un incremento en los ingresos estatales para financiar justamente estas
nuevas transferencias al sistema educativo. Un segundo objetivo del renovado
diseño fiscal será mejorar la distribución del ingreso, solicitando un esfuerzo
adicional a los sectores de mayor capacidad contributiva.
Según el Fondo Monetario
Internacional, la economía chilena crecerá en 2013 un 4,9% y en 2014 un 4,6%.
Rendimientos superiores en un punto y medio a los promedios regional y mundial.
El nuevo gobierno recibirá un país en crecimiento que le permitirá, en caso de
conseguir los consensos políticos necesarios, afrontar las reformas prometidas
en campaña y demandadas por un representativo sector la ciudadanía. La historia
reciente de Chile muestra una solida estabilidad institucional, por lo que difícilmente
se verán cambios drásticos o radicales. No sería de extrañar que, de forma
paulatina, se inicie un nuevo ciclo en el país andino.
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