PDVSA dijo este lunes que sólo pagara a Exxon Mobil 255 de los 908 millones de dólares la Cámara de Comercio Internacional impuso a la estatal venezolana como multa por la incautación de los activos de la compañía estadounidense en el país suramericano, cuyas políticas de expropiación le está costando al gobierno de Hugo Chávez una veintena millonarios arbitrajes internacionales.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) dijo hoy a través de un comunicado que solo debe pagar a Exxon Mobile Corp la cantidad de 255 millones de dólares de los 908 millones de dólares que la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) determinó.
"Tras el laudo emitido por el Tribunal de la CCI, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aclara que solo le corresponderá pagar unos 255 millones de dólares en un plazo de 60 días a la transnacional estadounidense Exxon Mobil", según el comunicado.
En el documento de PDVSA se explica que a la cantidad de 908 millones de dólares hay que sustraer una serie de créditos reconocidos a la empresa estatal por el tribunal de la CCI, fallo que fue difundido ayer por el diario Wall Street Journal.
Entre estos créditos se encuentran 191 millones de dólares que Exxon Mobil debe a PDVSA por la cancelación que esta hizo del saldo pendiente de bonos por prestamos para el financiamiento del proyecto Cerro Negro, apuntó el comunicado.
Asimismo, se descuentan 300 millones de dólares que Exxon Mobil solicitó congelar en cuentas de PDVSA en Nueva York durante las acciones legales que emprendió en 2007, así como 160 millones de dólares de reconvenciones que el tribunal del CCI acredita a la petrolera venezolana al realizar el pago en los próximos 60 días.
En 1997, Mobil (adquirida después por Exxon) y PDVSA acordaron una asociación estratégica para operar un área de la rica Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, la mayor reserva mundial de crudo con cerca de 300.000 millones de barriles recuperables.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez decidió en 2007 recuperar la soberanía sobre los recursos petroleros mediante la creación de empresas mixtas en las que PDVSA tiene siempre al menos el 60 % de las acciones, pero ni Conoco ni Exxon aceptaron la fórmula.
Con este fallo, señaló el comunicado difundido hoy, "se ratifica que los montos reclamados al inicio del caso, de 12.000 millones de dólares, más intereses desde 2007, eran completamente exagerados y fuera de toda lógica".
Además, el documento apunta que tras cuatro años de arbitraje, el monto real determinado por el Tribunal de la CCI representa "menos de la exorbitante suma inicialmente reclamada".
Señaló, asimismo, que "si Exxon Mobil hubiese estado dispuesta a aceptar una compensación razonable, que el tribunal arbitral ha confirmado, no hubiese sido necesario un arbitraje".
Pese al fallo, ambas partes esperan aún un dictamen en otra corte de arbitraje, el Centro Internacional de Arreglo de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, donde el Gobierno venezolano tiene una veintena de casos pendientes.
"Si Exxon Mobil continúa con este segundo arbitraje y sus esfuerzos por conseguir una compensación exorbitante por la nacionalización -apuntó el escrito- Venezuela dará todos los pasos necesarios para defenderse, tal como lo ha hecho PDVSA en este caso del arbitraje contra PDVSA ante la CCI".
En el escrito se aclaró, además, que el Gobierno de Venezuela se mantiene dispuesto a compensar las inversiones realizadas por intereses privados tras las nacionalización de los "activos estratégicos para el interés del país, siempre y cuando estas compensaciones sean justas y razonables".
Letrados "traidores"
Por su parte Hildegard Rondón de Sansó, exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y asesora y suegra del presidente de PDVSA y actual ministro de Energía y Petróleo de ese país, Rafael Ramírez; no dudó en pronunciarse sobre el caso y arremeter contra el grupo de abogados venezolanos que defendió la acción de Exxon Mobil.
En su columna del diario "Quinto Día", Rondón tachó "traidores a la patria", al grupo de letrados que dio su declaración jurada sobre la demanda de la estadounidense contra la estatal petrolera, debido a que tal actuación es "contraria a un régimen político, sino que es adversa al Estado Venezolano, al país, a la patria".
"Hay que plantearse hasta dónde llega la legitimidad de la conducta de los abogados que apoyan los infundados ataques jurídicos que se hacen al país como entidad, independientemente de la postura política que se asuma, cuando en los juicios contra Venezuela, actúan como abogados de la contraparte", sentenció la exfuncionaria.
Una larga lista de arbitrajes internacionales
Pero la de Exxon Mobil no es la única querella internacional a la que amenaza con poner contra las cuerdas al Ejecutivo a cargo de Hugo Chávez. A la de la petrolera estadounidense se suma una veintena más de trasnacionales que piden indemnizaciones millonarias por la incautación de sus activos en Venezuela.
Según Reuters el estado venezolano se enfrenta a multimillonarios arbitrajes cuyos veredictos podrían darse a conocer en el transcurso de este año.
Entre las compañías demandantes se encuentran ConocoPhilips que exige una indemnización de 31.000 millones de dólares por la nacionalización de dos proyectos en el Orinoco y dos convenios de exploración. La primera en un largo expediente de querellas que incluye a tres petroleras más: Tidewater, Universal Compression Internacional Holdings y OPIC Karimum.
Asimismo, la industria minera, que en los últimos años ha experimentado un acelerado proceso de nacionalización por parte del gobierno venezolano tampoco se libra de una extensa lista de multas. En este sentido las canadienses Cristallex, Gold Reserve, así como Vanessa Ventures demandan indemnizaciones por valor de 3.800 2.100 y 1.000 millones de dólares. Mientras se encuentra en proceso otro arbitraje relacionado con minería a cargo de las firmas Highbury International y Rammstein Trading.
Las siderúrgicas tampoco se han librado de las expropiaciones de Chávez. Las compañías Tenaris y Talsa, controladas por el argentino Techint, solicitaron arbitraje contra Venezuela por la nacionalización en 2009 de una de sus filiales.
A todo esto se le suma los 2.000 millones de dólares exigidos por la mexicana Cemex y la suiza Holcim por la expropiación de la industria cementera en 2008 y 2009 respectivamente. A la par que las estadounidense Owen Illinois y Koch Industries llevan a cabo sendas demandas por las expropiación de sus activos.
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